Pocas situaciones reflejan mejor los límites de la intervención pública en los mercados que la de una empresa cuya deuda está respaldada en un 70 % por el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y contra la que se ha iniciado un procedimiento para la retirada de la licencia de explotación. Sigue leyendo.
La garantía estatal distorsionó la cotización de la empresa y acabó perjudicando a los accionistas minoritarios
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Pocas situaciones reflejan mejor los límites de la intervención pública en los mercados que la de una empresa cuya deuda está respaldada en un 70 % por el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y contra la que se ha iniciado un procedimiento de retirada de la licencia de explotación. En 2024, Holaluz se encontraba al borde de la quiebra. Las pérdidas se habían multiplicado por cinco, hasta alcanzar los 26, 6 millones de euros. Dos socios se negaron a aprobar las cuentas. Iberdrola llevó el asunto ante la CNMC para obtener las tarifas. BME Growth suspendió temporalmente la cotización de sus acciones porque la empresa no pudo publicar a tiempo su información financiera auditada de 2023. Todo apuntaba a un desenlace inminente. Fue entonces cuando, en 2025, la empresa informó de que el ICO, en calidad de garante, respaldaba aproximadamente el 70 % de la deuda corporativa del grupo en el marco de un plan de reestructuración. Cuando el riesgo soberano respalda una parte significativa de la deuda de una empresa que cotiza en bolsa, el mercado puede ver mermada su capacidad para transmitir señales de precios que reflejen de forma independiente el riesgo empresarial. Además, la situación financiera era difícil de ignorar. La deuda neta de Holaluz superaba los 41 millones de euros, mientras que su capitalización bursátil apenas alcanzaba los 27 millones. Que una empresa valga menos en bolsa de lo que debería es uno de los indicadores más graves de dificultades financieras. En estas circunstancias, el apoyo público ya no es un componente necesario del riesgo. A partir de ese momento, el inversor ya no se limita a analizar un balance, sino que también debe anticipar hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para respaldar un proyecto que ha hecho de la transición energética su principal bandera. Además, el procedimiento de rescate ofrece una estructura que justifica una investigación. El fondo Icosium se convirtió en el primer accionista, con aproximadamente el 33 % del capital, al entrar en el capital de Holaluz mediante préstamos convertibles con un precio de conversión de 2, 10 euros por acción. Para quienes participaron en la oferta pública de venta (OPV) de noviembre de 2019 a 7, 78 euros por acción (con un precio de cierre el primer día de 8, 90 euros), eso significaba que el inversor de rescate accedería al capital por menos de una cuarta parte del precio inicial. La dilución es jurídicamente impecable. Sin embargo, al accionista minoritario le resultaba difícil evaluar hasta qué punto el apoyo público estaba modificando la percepción del riesgo empresarial, al tiempo que facilitaba indirectamente la entrada de un nuevo accionista en condiciones extremadamente favorables. Quienes participaron en la OPI de 2019 y mantuvieron su inversión acumulan hoy grandes pérdidas. Además, el bloque libre, que representa una cuarta parte del capital, está compuesto por inversores sin capacidad para influir en las negociaciones de la
