España lleva casi seis años creciendo de forma constante y vigorosa, ante el asombro de los medios de comunicación y los expertos de todo el mundo que analizan el milagro de ese auge español. Pero, en muchos aspectos, la economía ha permanecido anclada a la de un país en caída libre, tal y como ocurrió tras los años de la crisis financiera de 2008, y algunos sectores se rigen por normas concebidas para gestionar la penuria y no la abundancia. El mantenimiento de las infraestructuras es uno de los aspectos más resistentes, junto con la falta de adaptación de los precios de la contratación pública, lo que ha dado lugar a cientos de licitaciones en los últimos años. Pero, más allá de las obras públicas, las distintas administraciones contratan principalmente la prestación de servicios, en ámbitos que suelen considerarse esenciales y cuyas empresas denuncian que se ven asfixiadas económicamente. Seguir leyendo
El sector se queja de que la ley de desindexación impide la revisión de los contratos públicos y provoca la asfixia económica de actividades intensivas en mano de obra, como los cuidados o la asistencia a domicilio
Fuente: MRSS-S News
España lleva casi seis años creciendo de forma constante y vigorosa, ante el asombro de los medios de comunicación y los expertos de todo el mundo que analizan el milagro de ese auge español. Pero, en muchos aspectos, la economía ha permanecido anclada a la de un país en caída libre, tal y como ocurrió tras los años de la crisis financiera de 2008, y algunos sectores se rigen por normas concebidas para gestionar la penuria y no la abundancia. El mantenimiento de las infraestructuras es uno de los aspectos más resistentes, junto con la falta de adaptación de los precios de la contratación pública, lo que ha dado lugar a cientos de licitaciones en los últimos años. Pero, más allá de las obras públicas, las distintas administraciones contratan principalmente la prestación de servicios, en ámbitos que suelen considerarse esenciales y cuyas empresas afirman verse asfixiadas económicamente. Desde el teléfono de emergencias 112 hasta las residencias de ancianos, pasando por la asistencia a domicilio para cumplir con la Ley de la Unidad, o la limpieza de carreteras e instalaciones, todo ello se suele prestar mediante contratos. El 40 % de los contratos adjudicados en 2025 por los tres niveles de gobierno (estatal, autonómico y local) tenían por objeto cubrir una necesidad de servicios. Es habitual que constituyan también la partida de gasto más importante (50 716 millones de euros en 2025), aunque el aumento de los precios de las materias primas provocó que los contratos de suministro aumentaran en cuantía y rompieran la tendencia, según el último informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIRESCON). Sin embargo, la patronal del sector advierte de que algunas licitaciones de servicios quedan desiertas ante la imposibilidad de revisar los precios, tal y como se estableció en la Ley de Desindexación aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Esta fue una de las principales medidas para mantener a raya el gasto público en la salida de la crisis. Y ya entonces el Consejo Económico y Social (CES) advirtió de que la medida frenaría las inversiones, como se comprobó años más tarde con la primera gran ola inflacionista tras la pandemia de 2022 en las obras públicas. La inflación tras el estallido de la guerra de Ucrania y la consiguiente crisis energética superó el 10 por ciento. Y ahora, tras un periodo de relajación y impulsada por un nuevo conflicto (la guerra de Irán), los precios vuelven a subir y se acercan al 4 %. Esta situación ha suscitado preocupación en muchas empresas por la pérdida de atractivo de las licitaciones públicas. En 2025, alrededor del 8 % de las licitaciones quedaron desiertas, según las estadísticas oficiales. La patronal de las empresas constructoras estima que hasta 180 licitaciones quedan sin adjudicar cada mes de 2026. En el sector de los servicios, el fenómeno no es tan brusco, pero la dificultad para mantener los márgenes va en aumento. Según el presidente de la Confederación de Asociaciones de Servicios Esenciales (Partnerships), Javier Sigüenza, entre el 70 % y el 75 % de los costes de los servicios públicos corresponden a costes laborales. Al tratarse de sectores tan intensivos en mano de obra, son los aumentos salariales legales los que les dificultan mantener la rentabilidad en los contratos adjudicados mediante licitación. No solo el aumento del SMI, sino también los acuerdos de mejora de los convenios o las modificaciones legislativas, como la reciente incorporación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supone un recargo sobre la nómina para pagar las pensiones. Trabajadores de segunda clase. «En el sector público, los funcionarios ven cómo se revalúan sus salarios, a menudo por encima del IPC. Nosotros no podemos aplicar esas mejoras porque el precio del contrato no se puede modificar. Al final, nuestros trabajadores ven cómo a otros empleados del sector público les mejoran las condiciones y a ellos no», afirma Sigüenza. «Solo pedimos que se nos trate como a los demás», añaden. . Pero los problemas van más allá de los salarios, con cuestiones como el aumento del precio del combustible, fundamental, por ejemplo, para los desplazamientos de domicilio a domicilio en la asistencia social. «En otros sectores pueden amenazar con dejar de trabajar, pero nosotros somos servicios esenciales. No podemos dejar de cuidar a las personas», afirma el presidente de la patronal. Ignacio Fernández-Cid es el director de Residencias Casablanca, que cuenta con cuatro centros en la Comunidad de Madrid, con 509 plazas y 378 profesionales. Durante los cuatro años que dura, de media, la licitación de una de sus residencias, el precio permanece congelado. «Además de los salarios, tenemos que hacer frente al aumento de los precios de los alimentos para los menús de los residentes, así como al aumento del precio de la energía para climatizar los enormes edificios que tenemos. Necesitamos poder revisar los precios», afirma. Según sus cálculos, la factura de la alimentación se le ha incrementado en torno a un 38 % desde 2021. Es comparable a lo reflejado por el INE para el conjunto del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas desde 2021 (35 %). Sigüenza afirma que las empresas del sector no piden volver a la época del automatismo, pero sí abre la puerta a revisiones justificadas por elementos imprevisibles, como una guerra en curso. Pone como ejemplo el caso de Portugal, que en 2022 recuperó esta posibilidad de ajustes dentro de unos parámetros determinados, como que uno de los costes fijos registrara un aumento superior al 20 %. Fernández-Cid valora positivamente que, al menos, la Administración haya accedido a reducir el período de licitación a tres años (en lugar de cuatro), de modo que la incertidumbre se reduzca en un 25 %. A modo de orientación para comprender la diferencia de precio que puede existir entre el inicio y el final de un período de licitación, actualmente se cobran 72 euros por plaza concertada al día, pero en la próxima licitación en la que se fijará la remuneración, esta partirá de 86, 26 euros. En los años que transcurren entre la media de un contrato y otro, el concesionario asume todos los aumentos de costes. Los principales sindicatos, CCOO y UGT, respaldan la reivindicación y han elaborado un manifiesto conjunto con la patronal en el que afirman que la actual Ley de Contratos del Sector Público «no ofrece un ajuste adecuado a los aumentos de costes que se han producido al margen de la voluntad de las partes, derivados tanto de decisiones legales como normativas». La vicepresidenta Yolanda Díaz también ha respaldado la revisión, dada la dificultad que tienen las empresas para aumentar el salario mínimo de acuerdo con la ley y, al mismo tiempo, seguir siendo sostenibles. Sin embargo, Hacienda ha sido cerrada como respuesta a la revisión de una de las herramientas más importantes para controlar el gasto público. A principios de año, el Ministerio propuso una bonificación fiscal para las empresas con el fin de respaldar el aumento del 3, 5 % del SMI propuesto por el Gobierno. La opción no salió adelante porque iba acompañada de condiciones (como el compromiso de no realizar despidos) que los empresarios consideraban inaceptables. El sector espera que el nuevo titular de la cartera de Hacienda, Arcadi España, se muestre más flexible tras anunciar que los próximos presupuestos serán los más expansivos de la historia. Desde Hacienda, afirman que, por el momento, no hay noticias.
