El debate sobre las pensiones acapara gran parte del debate económico en Alemania. El canciller, Friedrich Merz, espera que el Gobierno apruebe la reforma del sistema de pensiones antes de que termine el año. Una reforma que cuenta con un rechazo cada vez mayor tanto dentro de la propia coalición de gobierno —formada por conservadores y socialdemócratas— como entre la población. Son especialmente preocupantes los planes para eliminar la posibilidad de jubilarse sin penalización durante cualquier periodo de dos años antes de la edad de jubilación legal si se han cotizado 45 años. Seguir leyendo
Una encuesta reciente revela que casi tres cuartas partes de la población se opone a la eliminación de la jubilación anticipada sin penalización
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El debate sobre las pensiones acapara gran parte del debate económico en Alemania. El canciller, Friedrich Merz, espera que el Gobierno apruebe la reforma del sistema de pensiones antes de que termine el año. Una reforma que cuenta con un rechazo cada vez mayor tanto dentro de la propia coalición de gobierno —formada por conservadores y socialdemócratas— como entre la población. En concreto, preocupan los planes de eliminar la posibilidad de jubilarse sin penalización dos años antes de la edad de jubilación legal, siempre que se hayan cotizado 45 años. La supresión de esta jubilación anticipada, conocida popularmente como «jubilación a los 63», ya que cuando se introdujo esta modalidad la edad ordinaria de jubilación era de 65 años, es una de las 33 recomendaciones presentadas por un comité de expertos al Gobierno alemán el pasado mes de junio. Merz y sus socios en el Gobierno —la Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD)— afirmaron entonces su deseo de plasmar todas estas recomendaciones en un paquete legislativo para reformar el sistema de pensiones y hacerlo económicamente sostenible. Sin embargo, desde que se hicieron públicos estos planes, el descontento no ha hecho más que crecer, especialmente en las filas socialdemócratas. Y el revés sufrido en varias elecciones regionales de septiembre —que llevó a los conservadores incluso a quedarse fuera de un parlamento regional por primera vez en su historia, al quedar por debajo del 5 % de los votos en las elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental— se interpretó como un rechazo a los planes del Gobierno. Además, una encuesta reciente publicada por la cadena pública alemana ZDF reveló que casi tres cuartas partes de los encuestados (74 %) se oponen a la eliminación de la jubilación a los 63 años. Aunque el 83 % considera «importante» o «muy importante» llevar a cabo una reforma fundamental para estabilizar las pensiones. El Gobierno lleva trabajando en ello desde junio. Unos planes que siguen retrasándose. La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Bärbel Bas, anunció a mediados de octubre, de forma inesperada, su dimisión. La reforma de las pensiones fue el principal motivo de las críticas a la denominada copresidenta del SPD, a quien se acusó de no asistir a reuniones importantes y, por lo tanto, de frenar todo el proceso. Sin embargo, en aquel momento, la hijastra de Bas se encontraba en su lecho de muerte, y al menos los máximos dirigentes de los partidos del Gobierno estaban al corriente. Finalmente, Bas dimitió debido a la muerte de un familiar. En su carta de dimisión, criticó los ataques personales que los políticos conservadores le habían infligido. Esto volvió a enfrentar a los socios del Gobierno. A pesar de todos los contratiempos, Merz espera que el nuevo ministro de Trabajo, Alexander Schweitzer, acelere la aplicación de las reformas y mantenga el objetivo de que el proyecto de ley se apruebe en el Consejo de Ministros antes de que termine este año y en el Bundestag durante el primer trimestre de 2027, tal y como afirmó durante la Jornada Empresarial organizada por la asociación sectorial BDA. En su discurso, Merz defendió el fin de la jubilación anticipada sin recortes como una cuestión de justicia. «Jubilarse antes de tiempo, sin recortes, estando sano y en forma, no es justo. Ni el sistema de pensiones ni nuestra economía pueden permitírselo, si cada vez menos trabajadores tienen que financiar a un número cada vez mayor de jubilados». Antes de su introducción en 2014, el SPD había justificado la jubilación a los 63 años alegando que se trataba de profesiones con una gran exigencia física y había puesto como ejemplo el trabajo de un techador. Sin embargo, desde el Gobierno se señala que, desde entonces, muchas más personas se han mostrado a favor de esta normativa y que la mayoría son personas con buenos ingresos que pueden permitirse jubilarse antes de tiempo sin problemas económicos. Pero la Comisión de Pensiones de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) lo ve de otra manera y presentó la semana pasada un informe final con propuestas alternativas a las establecidas por el comité de expertos del Gobierno. La presidenta de la DGB, Yasmin Fahimi, reconoció en una rueda de prensa en Berlín que Alemania se enfrenta a un gran reto demográfico —baja natalidad, envejezamiento de la sociedad y jubilación de la generación del baby boom— y que cada vez hay menos trabajadores que financien a cada pensionista. No obstante, dejó claro que «responder a ello con recortes en las pensiones es un error». En su opinión, «lo que realmente importa es que el mayor número posible de personas permanezca en el mercado laboral de la forma más continuada posible, tenga buenos ingresos y, por lo tanto, también contribuya más al seguro de pensiones obligatorio». «Es necesario que haya más personas que, aunque no lo hagan, cumplan los requisitos para el seguro de pensiones obligatorio. Por eso también queremos que la pensión se convierta en un seguro más vinculado al trabajo, mediante la incorporación gradual de los autónomos», explicó. «Y, por supuesto, además de estas cuestiones relacionadas con el aumento de las cotizaciones, también necesitamos más recursos fiscales». Con este fin, abogó por impuestos adicionales sobre los grandes patrimonios con el fin de garantizar «un nivel de vida de al menos el 70 % del nivel neto, es decir, de la renta neta media». También señaló que se están barajando cifras «totalmente exageradas» sobre los costes de la jubilación a los 63 años e indicó que esto envía una «señal equivocada» a los jóvenes, porque «sí que importa que un joven sepa que, si se incorpora al mercado laboral 10 años antes, obtendrá realmente un beneficio a largo plazo». Por eso exigió que se pidiera al Gobierno que reexaminara «en su totalidad» las medidas que se están aplicando. Por su parte, Frank Nullmeier, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Bremen y uno de los expertos encargados de elaborar el informe, señaló que, si bien la demografía es fundamental, «solo determina la política de pensiones en la medida en que modifica el mercado laboral», y recordó que son la economía y la situación del mercado laboral las que marcan la diferencia. En pocas palabras: «Necesitamos muchos trabajadores para garantizar que se pueda mantener el seguro de pensiones». «Tenemos que reducir los obstáculos que impiden una mayor participación en el mercado laboral». Partiendo de esta base, la comisión de la DGB propone también incluir a los autónomos e incorporar a los diputados al sistema público de pensiones. Los diputados cuentan con un régimen específico financiado con fondos públicos. Lo mismo ocurre con los funcionarios, pero para incluirlos habría que modificar la Constitución, por lo que todos los expertos lo consideran demasiado complicado.
