La Audiencia Nacional (AN) ha admitido a trámite una denuncia presentada por dos antiguas empleadas domésticas contra el cantante Julio Iglesias, lo que ha dado lugar a la apertura de un expediente penal para investigar posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Una notificación judicial enviada el lunes indicaba que el presidente de la Sala de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, el juez Antonio Piña, acordó que las dos denunciantes comparecieran en persona el 3 de febrero. Además, el juez de instrucción desestimó la denuncia relativa a los presuntos delitos de trata de personas y violación de los derechos de los trabajadores, que también se mencionaban en el escrito inicial.
El Tribunal de Primera Instancia (AN) aprobó la solicitud.
El Tribunal Superior Nacional (AN) ha admitido a trámite una denuncia presentada por dos antiguas trabajadoras domésticas contra el cantante Julio Iglesias, abriendo una causa penal para investigar los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. El presidente de la Sala Central de Instrucción, Antonio Piña, ha ordenado a las dos demandantes que comparezcan en persona el 3 de febrero. Se desestimó la admisión de la denuncia por los presuntos delitos de trata de personas y vulneración de los derechos de los trabajadores. El tribunal analizó el testimonio de las antiguas trabajadoras y admitió pruebas fotográficas, algunas de las cuales mostraban hematomas y marcas de mordiscos. El juez examina el historial de mensajes instantáneos entre las denunciantes, el cantante y otras empleadas domésticas, y encuentra mensajes que reflejan una relación amistosa. El tribunal no encontró pruebas de engaño, manipulaciones ni vulnerabilidad social en las condiciones laborales de los demandantes, y la legislación de la República Dominicana y las Bahamas carece de sanciones comparables a las de la legislación española, por lo que no se investigaron los presuntos delitos de trata de personas y violaciones de los derechos de los trabajadores. La Audiencia Nacional también se ha negado a conceder la condición de testigo protegido y a imponer órdenes de alejamiento, ya que no existe una amenaza evidente para la integridad de las demandantes. Tras el cambio de criterios por parte del Ministerio de Hacienda, se dicta esta resolución de la Audiencia Nacional. Debido a una «falta de competencia» inicial, la Fiscalía dio su consentimiento al expediente en enero, pero en octubre emitió un informe favorable sobre la intervención de la jurisdicción española. La FEPIA confirma en su resolución la competencia de los tribunales centrales basándose en la nacionalidad de Julio Iglesias y en la aplicación del principio de personalidad activa, tal y como se define en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este principio otorga competencia a los tribunales españoles para los delitos cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos españoles. Sin embargo, el instructor explica por qué el caso no incluye a otros dos extranjeros implicados inicialmente. El juez señala que las limitaciones de la jurisdicción española impiden que su competencia se extienda a los extranjeros por actos cometidos fuera del territorio nacional. Aunque la nacionalidad española de Churches permite invocar el principio de personalidad activa, el juez subraya que el enjuiciamiento ante los tribunales del país caribeño ofrece un marco jurisdiccional más adecuado para una investigación exhaustiva, coherente y uniforme. Este enfoque ampliaría el procedimiento a todas las partes presuntamente implicadas y evitaría la fragmentación artificial de una realidad delictiva que, de darse, debería ser objeto de una valoración conjunta. La elección del foro español parece basarse en criterios procesales de oportunidad.
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