La nota del aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, anunciada por el Gobierno, remotamente de considerarse una buena nota para el sector empresarial –como en una primera ojeada han interpretado algunas organizaciones–, es en verdad un indicio preocupante que debería llevarnos a reflexionar sobre la desidia de preparación, planificación y pedagogía en torno a un cambio normativo esencial para la modernización de nuestro tejido productivo. El hecho es, encima, especialmente circunspecto, cuando faltaban menos de 30 días para su entrada en vigor. Recuérdese que su implementación para empresas iba a producirse el primero de enero y, para los autónomos, con el inicio del mes de julio.. Seguir leyendo
El anuncio no es una buena nota para el tejido productivo, pero ofrece la oportunidad de hacer mejor las cosas
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La nota del aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, anunciada por el Gobierno, remotamente de considerarse una buena nota para el sector empresarial –como en una primera ojeada han interpretado algunas organizaciones–, es en verdad un indicio preocupante que debería llevarnos a reflexionar sobre la desidia de preparación, planificación y pedagogía en torno a un cambio normativo esencial para la modernización de nuestro tejido productivo. El hecho es, encima, especialmente circunspecto, cuando faltaban menos de 30 días para su entrada en vigor. Recuérdese que su implementación para empresas iba a producirse el primero de enero y, para los autónomos, con el inicio del mes de julio.. Ahora el calendario, según el anuncio del Gobierno, se relaja de nuevo –es la segunda vez que ocurre tras el aplazamiento comunicado en julio de 2024, que ya retrasó la vencimiento prevista inicialmente– y vuelve a dejar a los autónomos sin un ámbito judicial claro que les permita retener cómo comportarse. Los dos aplazamientos consecutivos han fomentado la idea de que baste con esperar y no hacer cero, lo que solo aumentará el aventura de sanciones y errores cuando la obligación entre finalmente en vigor. Esta incertidumbre, especialmente difícil de encargar para quienes desarrollan su actividad prácticamente en solitario, dificulta la planificación y paraliza la toma de decisiones, frenando encima el proceso de digitalización de empresas y autónomos.. Conviene recapacitar que el sistema Verifactu, regulado por el Real Decreto 1007/2023, no es una ocurrencia, sino que, en la andana de lo que otros países de nuestro entorno han legislado –como Portugal, Francia o Italia, con modelos consolidados de facturación certificada–, forma parte de una organización más amplia de modernización y digitalización de la capital. Obliga a empresas y autónomos a emitir facturas mediante un software que garantice su integridad, inalterabilidad y trazabilidad, permitiendo su remisión inmediato a la Agencia Tributaria. Su propósito es claro: mejorar la transparencia y aportar seguridad a todos los actores implicados.. Desde la humanidades económica son numerosas las voces que alertan de las consecuencias derivadas de este tipo de aplazamientos administrativos. Entre ellas, no es beocio el coste de oportunidad y la pérdida de eficiencia. Si la nueva norma buscaba corregir deficiencias del maniquí coetáneo, su retraso implica prolongar en el tiempo una situación que genera ineficiencias y que penaliza la necesaria modernización del sistema.. Pero igualmente, desde la perspectiva de la psicología conductual aplicada a la toma de decisiones económicas, el aplazamiento tiene mercancía relevantes. El retraso –y en este caso ya van dos– valida la inercia de no adaptarse y refuerza la resistor al cambio. Además, si los agentes perciben que baste con presionar para obtener prórrogas, se reduce el incentivo para prepararse con prelación. A ello se suma el mensaje desmoralizador que puede suponer el aplazamiento para aquellas empresas y autónomos que sí realizaron sus inversiones con tiempo y estaban ya perfectamente preparados para la nueva regulación. Es inductivo que se sientan perjudicados frente a quienes no hicieron los deberes. Incluso podrían pensar, y con razón, que se ha generado un entorno de competencia desleal.. Asimismo, no puede obviarse el quebranto crematístico que el aplazamiento supone para las empresas del sector tecnológico que llevaban muchos meses adaptando sus sistemas a las especificaciones oficiales. El nuevo retraso les obligará a rehacer sus planificaciones e inversiones y a modificar sus estrategias de promoción y comercialización alrededor de sus clientes. Es otro perjuicio derivado de hacer acatar decisiones técnicas de un calendario político sujeto a constantes cambios.. Si finalmente se confirma el aplazamiento, el nuevo periodo que se abriría para la ajuste de pymes y autónomos debería aprovecharse para que la Administración hiciera mejor las cosas. Nos referimos, por ejemplo, a utilizar este tiempo adicional para desarrollar una bordadura vivo de figurantes técnico y pedagógico.. Es sostener, si consideramos que el calendario ya anunciado será –esta vez sí, esperemos– inamovible, las Administraciones deberían engrosar sus campañas de información con el fin de desterrar cualquier suspicacia por parte de los agentes económicos afectados. Del mismo modo, parecería aconsejable prolongar la vigencia de los programas de financiación a la digitalización, como ha ocurrido con el Kit Digital, incidiendo especialmente en la inversión en software de facturación.. Aparte del argumento de las sanciones como principal hacedor de motivación para contraer el cambio (la norma contempla multas de hasta 50.000 euros por utilizar o producir software que permita la sobresalto de datos contables o de facturación, y la Administración tributaria ha preparado de que estará especialmente vigilante respecto de aquellas empresas que, durante el periodo de carencia, no avancen en su ajuste), otro factor que podría dinamizar la asimilación del cambio es el argumento de la profesionalidad como factor diferenciador.. Tanto autónomos como pymes deberían entender que, cuanto antaño se adapten, antaño comenzarán a proyectar un mensaje de orden, fiabilidad y buen hacer alrededor de otras empresas con las que se relacionan. Nos referimos a clientes, proveedores o colaboradores. Incluso, en muchos casos, esta fila con estándares y procesos equiparables a los de las grandes corporaciones puede ser un hacedor básico a la hora de resultar elegidos como partners.. En definitiva, el anuncio de aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, al beneficio de lo que antes pueda pensarse, no es una buena nota para nuestro tejido productivo, inmerso en la transformación de sus procesos alrededor de un entorno digitalizado. No obstante, si adoptamos una ojeada constructiva, nos ofrece a todos, y en primer punto a las Administraciones públicas, la oportunidad de hacer las cosas mejor mediante una bordadura vivo de figurantes, con mayores cotas de divulgación, pedagogía y apoyo financiero. Aprendamos de los errores y utilicemos este tiempo extra para hacer por fin las cosas acertadamente.. Marta Zaragozá es CEO de Declarando
