La Comisión Europea ha acusado a varios cementerios, fabricantes de aditivos para la construcción y organizaciones patronales de España, Francia y Alemania de acordar aumentos de precios en el suministro de productos químicos para cemento, hormigón y mortero. El Ejecutivo de la UE considera que un grupo de más de diez empresas y tres organizaciones patronales del sector químico para la construcción «se pusieron de acuerdo» o acordaron ilegalmente —según la definición de colusión— entre 2021 y 2022 para aumentar los precios de sus productos. Seguir leyendo
Informe de la Comisión sobre aditivos químicos clave en la construcción
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La Comisión Europea ha acusado este lunes a varios cementeros, fabricantes de aditivos para la construcción y organizaciones patronales del sector en España, Francia y Alemania de «colusión para aumentar los precios en el suministro de productos químicos para cemento, hormigón y mortero». El Ejecutivo de la UE considera que un grupo de más de diez empresas y tres organizaciones patronales del sector químico para la construcción acordaron ilegalmente —lo que se define como colusión— entre 2021 y 2022 aumentar los precios de sus productos. Estas empresas se habrían coordinado, según las conclusiones preliminares de Bruselas, para responder al «aumento del precio de las materias primas en esos años». Tanto la pandemia como la invasión de Ucrania por parte de Rusia provocaron un aumento de los precios en el sector y la colusión se habría producido «en el contexto de la redacción de comunicados de prensa en el seno de las asociaciones sectoriales nacionales, con el objetivo de justificar los aumentos de precios», explica la Comisión en el texto en el que informa de su decisión. «El caso concreto se centra en el suministro de aditivos [. . . ]. Estos se utilizan para mejorar la eficiencia en la fabricación y el rendimiento del cemento. Según los técnicos del departamento dirigido por la vicepresidenta de la Comisión y Teresa Ribera, máxima responsable de competencia, «sus precios tienen un impacto directo en los costes de construcción». Para desarrollar la investigación, la Comisión llevó a cabo en octubre de 2023 registros en las sedes de empresas del sector en varios Estados miembros. Tras estas investigaciones y casi tres años después, Bruselas ha presentado tres acusaciones independientes en Francia, Alemania y España, una por país, relativas a Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bouchemie, Syka, TAM, Liesen y Remei, además de las organizaciones patronales SYNAD (francesa), Deutsche Solutions (alemana) y ANFAH (española). La Comisión señala, con la cautela habitual en este tipo de anuncios, que esta acusación preliminar no tiene por qué concluir con una declaración de culpabilidad. No obstante, aún es pronto para determinar cuándo se dará a conocer, ya que, tal y como señala Bruselas, no existen plazos para las investigaciones en materia de competencia que sigan los canales tradicionales. «La duración depende de varios factores, entre ellos la complejidad del caso o el grado de cooperación de las empresas implicadas», explica. Las sanciones en estos casos son incluso más elevadas que en otros, ya que pueden alcanzar el 10 % de los ingresos totales de una empresa y conllevan, además, la obligación de cumplir las medidas impuestas por la Comisión para subsanar el problema. No es la primera vez que las autoridades de competencia de la UE inician una investigación sobre empresas cementeras. Ya se impuso una sanción en la última década del siglo pasado y hubo otra en 2002; en este último caso, se sancionó a ocho empresas italianas, a las que se impuso una multa.
