En un nuevo intento por impulsar el marco necesario para la elaboración y presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de aquí a 2027, el Gobierno aprobó la misma vía de estabilidad que el Congreso rechazó la semana pasada, en una nueva reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes. Este jueves, en la última sesión plenaria antes del habitual parón de agosto, el Ejecutivo volverá a presentar la propuesta a las Cortes. Y todo apunta a que volverá a la puerta de la mayoría parlamentaria. Así pues, si el Ministerio de Hacienda sigue adelante con su intento de aprobar las cuentas públicas, abrirá las puertas a una etapa sin precedentes en España.
Los grupos parlamentarios volverán a votar el jueves sobre los objetivos de déficit rechazados hace una semana, que otorgan a las comunidades una décima de margen.
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El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros la misma vía de estabilidad que el Congreso rechazó la semana pasada, en un nuevo intento de impulsar el marco necesario para la elaboración y presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de aquí a 2027. Este jueves, en la última sesión plenaria antes del habitual parón de agosto, el Ejecutivo volverá a presentar la propuesta ante las Cortes. Y todo ello apunta a que el Ministerio de Hacienda volverá a llamar a la puerta de la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, si el Gobierno continúa con su intento de aprobar las cuentas públicas, abrirá la puerta a un escenario sin precedentes en España. Las acciones del Ejecutivo estaban bien pensadas. La ley obliga al Gobierno a volver a presentar una propuesta de trayectoria fiscal en el plazo de un mes desde su primer rechazo por parte de los tribunales, pero no le obliga a modificarla. El Gobierno ya había dejado claro que no tenía intención de alterar el reparto del déficit aprobado inicialmente. Por ello, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una hoja de ruta que establece un déficit del 1, 8 % del PIB para el conjunto de las administraciones públicas de aquí a 2027 y que se distribuye de la siguiente manera: 1, 5 % para la Administración central, 0, 2 % para la Seguridad Social, 0, 1 % para las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario o déficit cero para las administraciones locales. La trayectoria prevé, por tanto, un margen de una décima para las comunidades autónomas, lo que supondría 5 849 millones de euros adicionales en tres años frente al escenario de equilibrio presupuestario, según las estimaciones de Hacienda. Este es uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno para defender su propuesta, ya que, según aseguran desde el departamento que dirige Arcadi España, votar en contra de los objetivos fiscales no solo supone rechazar el marco propuesto por el Gobierno, sino también obligar a las comunidades autónomas a realizar un ajuste equivalente a esa cantidad. El Congreso tomó la iniciativa la semana pasada, en una votación que confirmó el bloqueo que el Ejecutivo ya había previsto. Tanto los partidos del bloque de la oposición como Junts habían expresado su rechazo, mientras que las comunidades gobernadas por el PP también se habían opuesto previamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El rechazo parlamentario impidió, por tanto, superar el primer trámite necesario para poner en marcha la elaboración de los presupuestos, tras tres años consecutivos con las cuentas prorrogadas. La votación prevista para este jueves se presenta como una repetición de la anterior. El Gobierno no había introducido ningún cambio en la propuesta, y los grupos que se habían opuesto a ella la semana pasada no habían dado señales de que fueran a suavizar sus posiciones. A menos que se produzca un giro inesperado, la propuesta volverá a ser rechazada y el Ejecutivo se verá abocado a una situación claramente sin precedentes. Se explica el terreno desconocido porque la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece normas.
