Resolver el problema de la vivienda requiere deshacer una enorme maraña, sin que la liberación de ninguno de los hilos por sí sola resuelva el estancamiento. Dado que las dificultades relacionadas con la construcción de viviendas constituyen uno de los principales nudos, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha llevado a cabo un estudio para intentar agilizar los trámites, en el que recomienda coordinar y reducir la normativa, flexibilizar el uso del suelo y acelerar los planes urbanísticos. Asimismo, aboga por la simplificación de los trámites administrativos y las licencias, evitando la duplicación entre administraciones y mejorando la transparencia. Todas estas propuestas tienen como objetivo acortar los plazos, reducir los costes y potenciar la oferta de viviendas. Seguir leyendo
El organismo regulador recomienda en un estudio simplificar los trámites administrativos, evitar la duplicación entre administraciones y mejorar la transparencia para combatir la falta de oferta
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Resolver el problema de la vivienda exige una enorme maraña, sin la liberación de ninguno de los nudos por sí misma. Dado que las dificultades relacionadas con la construcción de viviendas constituyen uno de los principales escollos, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha elaborado un estudio para intentar agilizar los trámites, en el que recomienda coordinar y reducir la normativa, flexibilizar el uso del suelo y acelerar la tramitación de los planes urbanísticos. Además, exige la simplificación de la gestión y las licencias, reduciendo la duplicación administrativa y mejorando la transparencia. En general, todas estas propuestas pretenden acortar los plazos, reducir los costes y aumentar la oferta de viviendas. Reducir drásticamente los plazos entre la compra del suelo y la entrega de las viviendas es uno de los ejes principales del documento de estudio sobre la transformación urbanística de los terrenos destinados a la vivienda, elaborado por la CNMC, que se ha publicado este lunes. Según el sector, este proceso puede prolongarse hasta 16 años, en gran parte debido a una cadena de trámites administrativos que retrasa tanto el inicio de las obras como su posterior desarrollo. Antes de que se pongan en marcha las grúas, el primer obstáculo es disponer de un terreno apto para la construcción. En este punto, la Comisión Nacional de la Competencia propone dar un giro al modelo actual: que todo suelo no protegido pueda considerarse urbanizable. En su opinión, esta medida permitiría ampliar la oferta disponible y reducir uno de los principales cuellos de botella del sistema. En este contexto, el supervisor del mercado propone «replantear y racionalizar» los procedimientos de concesión de licencias para evitar retrasos indefinidos y plazos límite. Para ello, propuso sustituir, «siempre que sea posible», las licencias obligatorias por declaraciones de responsabilidad o notificaciones previas. En la práctica, este cambio supone pasar de un sistema en el que es necesario esperar a la autorización administrativa antes de iniciar las obras a otro en el que el promotor puede comenzar de inmediato, bajo su responsabilidad, dejando los controles para una fase posterior. Una vez solicitados los permisos iniciales, es necesario remitir los informes sectoriales requeridos a las administraciones públicas, ya que estos deben respaldar el inicio de las obras. Es en este punto donde los retrasos suelen aumentar considerablemente, ya que la respuesta (afirmativa o negativa) en estas fases suele tardar mucho, hasta el punto de que, al no recibirse una respuesta formal, la propuesta se considera rechazada. Es lo que se denomina «silencio administrativo negativo». Para combatirlo, el concurso exige cambiar el carácter de esta falta de respuesta. Es decir, que pase a ser «positiva», de modo que los procesos urbanísticos no se paralicen. En otro gran b
