El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha rajado una investigación contra los grandes portales inmobiliarios por ofrecer pisos de locación en zonas tensionadas por encima de los precios establecidos por ley, en el caso de los grandes tenedores, o que no incluyan en el anuncio cuál era el precio del postrero resolución, para los particulares. Según ha podido entender EL PAÍS, el sección encabezado por Pablo Bustinduy ha iniciado la indagación a posteriori de que detectara algunas actuaciones que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la ofrecimiento de vivienda en zonas declaradas oficialmente como tensionadas. Según el empleo, estas prácticas podrían ser infracciones de la norma de consumo al ser “desleales por engañosas”.. Seguir leyendo
El empleo indagación que los anuncios de viviendas se ajusten a los importes regulados en la norma estatal
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha rajado una investigación contra los grandes portales inmobiliarios por ofrecer pisos de locación en zonas tensionadas por encima de los precios establecidos por ley, en el caso de los grandes tenedores, o que no incluyan en el anuncio cuál era el precio del postrero resolución, para los particulares. Según ha podido entender EL PAÍS, el sección encabezado por Pablo Bustinduy ha iniciado la indagación a posteriori de que detectara algunas actuaciones que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la ofrecimiento de vivienda en zonas declaradas oficialmente como tensionadas. Según el empleo, estas prácticas podrían ser infracciones de la norma de consumo al ser “desleales por engañosas”.. Hasta ahora la ley de vivienda obligaba a proporcionar dicha información antiguamente de la firma del resolución, pero la nueva norma además obliga a que esta aparezca en los anuncios. Una información que se estaría ocultando en ciertos casos. Por su parte, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en el Congreso el pasado 11 de diciembre, y publicada en el BOE el 27 de ese mes, obliga a los portales inmobiliarios a propagar en los anuncios online de viviendas en zonas tensionadas de forma “clara y accesible” la información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para argumentar la renta ofertada.. Consumo reconoce que los diferentes portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias fueron informados por carta por el secretario normal de Consumo, Andrés Barragán, el pasado 29 de diciembre, sobre los cambios legislativos que afectan a los anuncios online y de sus responsabilidades como intermediarios entre propietario y ocupante. En esa misiva además les advertía de que su incumplimiento podría ser considerado “una práctica desleal por engañosa”.. Además de las imposiciones anteriores en los anuncios, la Ley por el derecho a la vivienda, aprobada en mayo de 2023, establece ciertos cortafuegos para tratar de refrigerar el incremento de los precios en las zonas tensionadas que se declaren como tales. El primero de ellos acota los porcentajes de subida que pueden aplicar los caseros en el momento de la renovación de acuerdo con el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este índice sustituye al IPC, que tradicionalmente había sido la narración, pero que desde hace dos abriles ha dejado de servir como termómetro.. Más intervenciones. Otra de las intervenciones que permite la ley en aquellas zonas declaradas como tensionadas es la de fijar un rango de precios a los que puede ponerse en locación una vivienda. Esta horquilla la ofrece el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, conocido, por sus siglas, como SERPAVI. A diferencia del preliminar, no se prostitución de un único índice, sino de un sistema de cálculo estadístico que genera un rango de títulos de locación para cada vivienda en función de múltiples variables.. El Ministerio de Consumo mantiene una monitorización activa del mercado de la vivienda, y no es la primera vez que sanciona a empresas del sector que, a su madurez, vulneran la ley. A esta última investigación, focalizada ahora en los portales inmobiliarios, se suman otras actuaciones recientes, como la multa de 64 millones de euros que le interpuso en diciembre del año pasado a la empresa Airbnb por anunciar pisos turísticos sin atrevimiento; o la castigo de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro, además anunciada en el mismo mes, por vulnerar los derechos de los consumidores. En este caso, la compañía presentó y está irresoluto que se dé una resolución definitiva, previsiblemente a lo dispendioso del primer trimestre de este año.. El anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un auténtico decreto que incluirá una descuento del 100% del IRPF en las rentas obtenidas con sus alquileres de aquellos caseros que decidan no subir los precios además ha provocado una airada respuesta del sección de Bustinduy, que la ha calificado de “ineficaz” y ha alertado de que contribuye a agrandar la brecha salarial entre propietarios e inquilinos.
