El Gran Decreto de Vivienda con el que el Gobierno pretendía cerrar el ciclo tendrá que esperar. Quedan por resolver algunas cuestiones, que responden en gran medida a la distancia que separa a los dos extremos del bloque de investidura, Junts y Pores, y que han llevado al Ejecutivo a posponer la aprobación del texto a finales del verano. Los socios de la coalición, sin embargo, asumen el retraso como un escollo sin mayor relevancia, a pesar del revés que supone para la hoja de ruta que La Moncloa había diseñado como colofón de la legislatura. Tanto el PSOE como Sumar se muestran optimistas y aseguran que hay margen para la negociación y el consenso en un asunto de máxima urgencia para la ciudadanía. Seguir leyendo
El PSOE, que se encargará de limar las diferencias entre ambas formaciones y de la negociación de Belarra con el PNV, confía en que el paquete de medidas salga adelante a finales de verano.
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El importante decreto de vivienda, que el Gobierno pretendía llevar a buen puerto, tendrá que esperar. Quedan por resolver las diferencias, que responden en gran medida a la distancia que separa a los dos extremos del bloque de investidura, Junts y Pores, y que han llevado al Ejecutivo a posponer la aprobación del texto para la sesión de verano. Los socios de la coalición, sin embargo, asumen el retraso como un escollo sin mayor relevancia, a pesar del contratiempo que supone para la hoja de ruta que La Moncloa había diseñado como colofón del curso político. Tanto el PSOE como Sumar se muestran optimistas y aseguran que hay margen para la negociación y el consenso en un asunto de máxima urgencia para los ciudadanos. El Gobierno llevaba semanas negociando el decreto, un paquete de medidas «a la carta» que pudiera dar respuesta a las preocupaciones (o, al menos, evitar que votaran en contra) de todas las formaciones del bloque de investidura, que tienen intereses diferentes y, en ocasiones, contrapuestos. El objetivo era —y sigue siendo— actuar en diferentes frentes para evitar otra derrota en las Cortes, como ocurrió en abril con la prórroga de los alquileres, y dar respuesta a una crisis cada vez más acuciante. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, instó al PSOE a volver a presentar medidas al respecto después de que la derecha (PP, Vox, Junts y UPN) hubiera derribado ese texto. El NPV se abstuvo. Con estos rumores, Sumar adelantó la semana pasada que el contenido del decreto se había acordado con el PSOE. Los socialistas, a diferencia de su socio minoritario, siempre se mostraron reacios a dar por hecho que se aprobaría el martes, en el último Consejo de Ministros ordinario antes del parón de agosto. El anuncio, lejos de disipar las dudas sobre la solidez del acuerdo, generó nerviosismo y acabó poniendo de manifiesto precisamente lo contrario: que aún quedan cuestiones por zanjar. Especialmente para Junts y Podemos. La mayor resistencia se concentra entre estos dos partidos. Parten de lugares muy lejanos. Mientras que los primeros reclaman medidas más contundentes para limitar los precios de los alquileres, frenar la especulación y proteger a los inquilinos de los desahucios, los segundos, reacios a la intervención estatal en el mercado (aunque en el pasado apoyaron la ley de control de precios en Cataluña, que posteriormente fue derogada por el Tribunal Constitucional), exigen una mayor defensa de los pequeños arrendatarios y que se preste especial atención al aumento de la oferta. Ante estas reivindicaciones, el Ejecutivo ha estado estudiando cómo lograr la cuadratura del círculo. Las desgravaciones fiscales para los propietarios en el IRPF fueron exigidas por Carles Puigdemont, lo que constituye una reivindicación importante del bloque de izquierda. El NPV, por su parte, exige que el decreto incluya, entre otras cosas, la modificación de la ley del suelo y la regulación de los alquileres de temporada. Una farsa, esta última
