En el Parlamento Europeo, 314 diputados apoyaron el rechazo a la postura del Consejo, frente a los 276 que votaron en contra y las 17 abstenciones. En una votación por mayoría simple, el resultado habría sido claro. Sin embargo, el texto se tramitó en segunda lectura y se necesitaban 360 votos, la mayoría absoluta de la Cámara, para rechazarlo. La mayoría dijo que no, pero no fue suficiente. Seguir leyendo
«Chat Control» muestra cómo Europa normaliza los mecanismos de vigilancia al tiempo que reduce los espacios de privacidad
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En el Parlamento Europeo, 314 diputados apoyaron el rechazo a la posición del Consejo, frente a los 276 que votaron en contra y las 17 abstenciones. En una votación por mayoría simple, el resultado habría sido inequívoco. Pero el texto se tramitó en segunda lectura y se necesitaban 360 votos, la mayoría absoluta de la Cámara, para bloquearlo. La mayoría dijo que no, pero no fue suficiente. La excepción temporal que permitía a las plataformas analizar voluntariamente las comunicaciones privadas había expirado el 3 de abril, después de que el Parlamento rechazara su prórroga. La normativa permanente también quedó bloqueada. Sin embargo, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, pidió al Consejo que retomara la iniciativa. El Consejo recuperó el texto caducado, lo presentó como un nuevo reglamento y lo adoptó con carácter de urgencia el 2 de julio. Cinco días después, el Parlamento acordó tratarlo con carácter urgente y lo llevó directamente al pleno, sin el examen habitual en comisión y justo antes del receso de verano. Todo sucedió de acuerdo con las normas formales. Sin embargo, una norma puede ser legal y, al mismo tiempo, constituir un abuso democrático cuando caduca, el Parlamento la rechaza y vuelve a presentarse de una forma que hace mucho más difícil impedirla. El «Chat Control» nació en 2021 como una excepción temporal a la confidencialidad de las comunicaciones. Se prorrogó, expiró y fue rechazada, y aún puede volver a presentarse hasta 2028. La medida provisional empieza a parecerse demasiado a una política permanente aprobada por votaciones. Los riesgos a los que se enfrentan los menores en Internet son reales. La Comisión Europea acaba de concluir, de forma preliminar, que el diseño de Instagram y Facebook podría infringir la Ley de Servicios Digitales. Critica que las medidas de Meta son insuficientes frente a sus efectos sobre el bienestar, entre los que se incluyen el desplazamiento infinito, la reproducción automática y los sistemas de recomendación. Pero hay dos formas de protegerlos. Una consiste en actuar sobre quienes diseñan el problema: limitar las funciones adictivas, exigir responsabilidades a las plataformas y sancionar el incumplimiento. La otra traslada el control a toda la población: verificación de la edad, vinculación del acceso a las credenciales y ampliación de la supervisión de las comunicaciones. Francia y la Organización Mundial de la Salud han pedido restricciones de edad y sistemas de verificación este mes de julio. Estas herramientas pueden demostrar que alguien supera una determinada edad sin revelar su nombre a la plataforma. Pero la verificación no surge por arte de magia. Alguien debe emitirla, un dispositivo debe almacenarla y una red de entidades debe considerarla fiable. La cuestión no es solo si tendremos que enseñar el IID a Instagram. Es qué infraestructura de identificación estamos construyendo, quién la controlará y para qué otros fines podrá servir. A este riesgo político se suma otro más inmediato: la ciberseguridad. Cuantos más servicios dependan de una credencial digital, mayor será el daño potencial de un fallo. La ENISA sitúa a la administración pública como el sector más atacado de la Unión Europea, con un 38 % de los incidentes analizados. La digitalización de la identidad no elimina el fraude ni el robo de datos. Puede concentrar sus consecuencias. . La propia solución europea de verificación de la edad ofrece una advertencia. La Comisión presentó en abril un sistema para demostrar que alguien es mayor de 18 años sin revelar otros datos personales. Poco después, un investigador demostró que podía sortear las protecciones de una versión de demostración en menos de dos minutos si tenía acceso físico al teléfono. La Comisión explicó que se trataba de una versión de prueba y corrigió su valoración. No se trató de una filtración generalizada, y no demuestra que la identidad digital no sea rentable. Esto pone de manifiesto algo más sencillo: ningún sistema es infalible. Y cuando una credencial abre cada vez más puertas, un error ya no es algo insignificante. . En marzo, 438 investigadores en materia de seguridad y privacidad de 32 países pidieron una moratoria sobre la implantación obligatoria de la verificación de edad hasta que se conocieran mejor su eficacia y su impacto. Advierten de que estas medidas pueden ser fáciles de eludir y, al mismo tiempo, obligan a millones de adultos a identificarse para leer noticias, buscar información o comunicarse. Europa no es China. Contamos con elecciones competitivas, tribunales independientes, protección de datos, libertad de prensa y mecanismos para recurrir ante los abusos de poder. Pero las diferencias políticas no deberían impedirnos reconocer ciertas similitudes tecnológicas. China lleva años exigiendo el registro con identidad real para muchos servicios de Internet. Europa está lejos de ese modelo, pero está empezando a normalizar algunos de sus aspectos: la identificación, la trazabilidad y la vigilancia preventiva. La alternativa no es abandonar a los menores ni vigilar a la sociedad en su conjunto. Podemos regular el diseño de las plataformas, investigar delitos específicos con autorización judicial, preservar el cifrado, invertir en prevención y exigir que cualquier verificación de edad recopile el mínimo de datos posible. El peligro no es que Europa se despierte un día convertida en China. Es que el avance, excepción tras excepción, hacia una sociedad en la que la identificación es el requisito para participar y ser observado se considere el precio normal de estar protegido. Una democracia no demuestra su fuerza cuando protege a los vulnerables a cualquier precio. Lo demuestra cuando es capaz de protegerlos sin convertir al resto en sospechosos. Cristina Montañola Sales es doctora en Estadística e Investigación Operativa.
