Las últimas aclaraciones antes del inicio de la campaña de la renta para el ejercicio 2025, que comienza el 8 de abril, están en marcha. Se trata de los cambios fiscales incluidos en el llamado decreto ómnibus, aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de diciembre, pero rechazado después en el Congreso. Una nota publicada esta semana por la Agencia Tributaria enumera las medidas válidas a efectos de la declaración de la renta pese al revés parlamentario, como la exención en el impuesto para las ayudas recibidas por la dana o las bonificaciones previstas por obras de rehabilitación energética de la vivienda. Seguir leyendo
La Agencia Tributaria aclara que las deducciones previstas en el texto son válidas porque «no estaban vigentes y utilizando todos sus efectos» en 2025.
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Se están realizando las últimas aclaraciones antes del inicio de la campaña de la renta del ejercicio 2025, que comienza el 8 de abril. Se trata de los cambios fiscales incluidos en el llamado decreto ómnibus, aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de diciembre, pero rechazado posteriormente en el Congreso. Una nota publicada esta semana por la Agencia Tributaria enumera las medidas válidas a efectos de la declaración de la renta pese al revés parlamentario, como la exención en el impuesto para las ayudas recibidas por la dana o las bonificaciones previstas por obras de rehabilitación energética de la vivienda. En España, los decretos ley entran en vigor casi inmediatamente después de su publicación en el BOE y mantienen su vigencia durante 30 días. Pasado este tiempo, necesitan ser convalidados por el Congreso para seguir desplegando efectos jurídicos. Ese es el razonamiento en el que se basa la Agencia Tributaria: es válido lo realizado en esa ventana de tiempo, que además coincide con el cierre del ejercicio fiscal en lo que respecta al IRPF -para el impuesto, lo que cuenta es la fecha de devolución del impuesto, y no la de pago-, aunque el texto legislativo no prosperara entonces en las Cortes. Así, la Agencia Tributaria aclara que «estaban en vigor y desplegando todos sus efectos jurídicos, por lo que se aplican en 2025 tanto la reducción del porcentaje de cargas inmobiliarias -que se paga por ser propietario de una vivienda que no sea la habitual y no esté alquilada- como la ampliación de las reducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios″. Según el tipo de rehabilitación que se realice, en esta última se pueden aplicar deducciones de entre el 20% y el 60%, siempre que esté debidamente certificada y que el consumo de energía se sitúe en un determinado porcentaje. Ambas medidas aparecían en el decreto ómnibus que estaba en vigor a 31 de diciembre, por lo que se aplicarán de cara a la declaración de la renta 2025-2026. Además, la nota facilitada por la Agencia Tributaria asegura que en esta campaña se utilizarán las exenciones del IRPF por daños personales en incendios forestales. Tampoco tributarán en el IRPF las ayudas aprobadas por la Comunidad Valenciana para el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas y autónomos afectados por la Dana 2024. También aclara que la renuncia y revocación de los autónomos en módulos realizada durante la vigencia tanto del decreto ómnibus como del texto sobre el escudo social, que el Gobierno aprobó en febrero y que el Congreso también tumbó. También se mantienen en 2026 los antiguos límites de tributación de este régimen en el IRPF, así como los que se aplican en el IVA al régimen simplificado y al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. El Gobierno está en minoría en el Congreso y lleva tres años sin presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado -donde se suelen incluir cambios normativos- por falta de apoyos suficientes en el Congreso. Esta aritmética parlamentaria adversa está detrás del uso intensivo por parte del Ejecutivo del decreto ley, a pesar de que el presidente Pedro Sánchez ha criticado en el pasado el uso excesivo de este instrumento legislativo, que debilita el papel de las Cortes y, por tanto, de la representación ciudadana, por parte de otros dirigentes. En el Consejo de Ministros del año pasado, el decreto sobre autobuses se aprobó el 23 de diciembre. Incluía un conjunto heterogéneo de medidas, desde la revalorización de las pensiones y diversas rebajas fiscales en el IRPF hasta la prohibición de desahucios para inquilinos vulnerables. Esta última iniciativa centró el rechazo de la derecha parlamentaria, que la erigió en argumento para tumbar el texto en el Congreso en una votación celebrada a finales de enero. Tras el tropiezo, el Gobierno optó por trocear el decreto, desvinculando medidas vitales como la subida de las pensiones, que sí salió adelante, de otras iniciativas más críticas, en particular el blindaje antidesahucios, que volvió a encontrarse con el rechazo de la mayoría del Congreso. Entre las medidas que se han recuperado en decretos posteriores, convalidados por la Cámara Baja, figuran las ayudas a los damnificados por la dana y los incendios forestales o las deducciones por rehabilitación, entre otras propuestas fiscales.
