Recibir tres millones de turistas al año puede ser una bendición para las cuentas de un ayuntamiento, pero también una condena por el aumento de los gastos en los que tiene que incurrir para garantizar, mediante un consenso, los servicios básicos a tan solo 33 000 personas empadronadas en Salou (Tarragona). Su alcalde, Pere Granados (PSC), se muestra más optimista, pero no oculta que hay dificultades. «Los contribuyentes locales deben asumir una parte significativa del coste de unos servicios dimensionados para una población mucho mayor que la residente», afirma en conversación con este periódico. También en la costa mediterránea, Benidorm (Alicante) se queja de tener que pagar una multa de 360 millones, lo que complica la senda de reducción de la deuda que había iniciado el Ayuntamiento. Ambas localidades reclaman una reforma del sistema de financiación local para acceder a más recursos. Seguir leyendo
Ambas localidades reclaman una reforma de la ley de financiación local para recaudar una parte del IVA generado en el término municipal
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Recibir tres millones de turistas al año puede ser una bendición para las cuentas de un ayuntamiento, pero también una condena al aumento de los gastos en los que tiene que incurrir para garantizar, mediante un consenso, los servicios básicos a tan solo 33 000 personas empadronadas en Salou (Tarragona). Su alcalde, Pere Granados (PSC), se muestra más optimista, pero no oculta que existen dificultades. «Los contribuyentes locales deben asumir una parte significativa del coste de unos servicios dimensionados para una población mucho mayor que la residente», afirma en conversación con este periódico. También en la costa mediterránea, Benidorm (Alicante) se queja de tener que pagar una multa de 360 millones, lo que complica la senda de reducción de la deuda que había iniciado el Ayuntamiento. Ambas localidades reclaman una reforma del sistema de financiación local para acceder a más recursos. El presupuesto del Ayuntamiento de Salou ha crecido un 66 %, pasando de 46, 7 millones en 2021 a 76, 2 millones en 2026. El gasto corriente en bienes y servicios, partida vinculada al gasto turístico y no turístico, ha pasado de 19, 9 a 33, 1 millones, pasando del 37, 8 % del presupuesto total al 42, 8 %. Solo en 2026, el 13, 6 % de la población ha aumentado, siendo esta la partida que más ha crecido en las cuentas municipales. Además, «se atribuye a la memoria económica que los acompaña un aumento significativo en la renovación de todos los contratos de servicios municipales (jardinería, mantenimiento de playas, saneamiento, mantenimiento de edificios, alumbrado y fuentes), lo que amplía la envergadura y la prestación de los mismos, así como la puesta en marcha de la segunda fase del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria». Granados señala que una parte significativa de estos costes se financia mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas municipales, que pagan los propietarios de inmuebles, tanto residentes como propietarios de segundas residencias, así como las actividades económicas. En su opinión, el actual sistema de financiación local no refleja suficientemente la presión que el turismo ejerce sobre los servicios prestados por el ayuntamiento. Por este motivo, aboga por un modelo de financiación más equitativo, equilibrado y realista en los destinos turísticos. Una de las propuestas que defiende es que los municipios turísticos puedan participar directamente en la recaudación del IVA generado por la actividad económica en su territorio, mediante la transferencia de un porcentaje de este impuesto. La localidad tarraconense forma parte de la Alianza de Municipios de Sol y Playa, que agrupa a ocho municipios (Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos), que acogen al 9 % de los turistas extranjeros de España, concentran el 19 % de las pernoctaciones y sufren en primera persona los efectos negativos de recibir una población flotante que multiplica a la residente. Pero lo más importante es el desequilibrio en sus cuentas, provocado por el aumento del gasto para hacer frente a la avalancha de turistas extranjeros que antes venían unos pocos meses al año y que ahora, como consecuencia de la menor estacionalidad, colapsan sus calles durante más meses. En el caso de Benidorm, que recibe tres millones de turistas al año con una población censada de 77 000 habitantes, una reciente sentencia judicial obliga al ayuntamiento a pagar 350 millones a particulares que poseían terrenos en Sierra Gelada. Estos terrenos perdieron su derecho a ser urbanizados tras su integración en el parque natural del mismo nombre. El acuerdo extrajudicial alcanzado entre el Ayuntamiento y los propietarios prevé un primer pago de 60 millones, que deberá efectuarse antes del 31 de diciembre, y un plazo adicional de cinco años para saldar el resto. A partir de 2031, se destinará el 8 % del presupuesto municipal al pago de la deuda, con el fin de saldarla en un plazo de 30 años. Este incumplimiento ha empañado el esfuerzo por reducir el pasivo del ayuntamiento, que en el último año ha reducido casi a la mitad su deuda neta, pasando de 58, 2 millones de euros a 32, 8 millones de euros. «El pago de los 60 millones que deben abonarse antes de que termine el año no ha supuesto ni recortes en los servicios ni una subida de impuestos. Y esa es la línea que queremos seguir», afirma Toni Pérez (PP), alcalde de Benidorm. Sin embargo, Pérez, al igual que Granados, reconoce las dificultades a la hora de determinar los costes. Además, se ha comprometido a modificar la Ley de Hacienda Local para que los municipios cuenten con la misma estructura de financiación, independientemente de si se dedican al turismo o no: pagan un porcentaje del IVA sobre el consumo realizado en su territorio. El regator, en línea con su partido político, rechaza otras opciones como el impuesto turístico: «Prevé gravar actividades que ya están sujetas a un tipo impositivo, como el IVA, y cuyo alcance e impacto son parciales y discriminatorios». Aparte de Benidorm y Salou, todos los municipios de la Alianza de Municipios de Sol y Playa reclaman una reforma urgente del sistema de financiación local para que se les reconozca económicamente la carga que tienen que financiar. El sistema, que lleva 22 años en vigor, establece tres requisitos para ser un municipio turístico: no ser la capital de la provincia ni de la comunidad autónoma, tener entre 20 000 y 75 000 residentes empadronados, y que el número de viviendas de segunda residencia supere al de viviendas principales. De los ocho municipios, solo Salou cumple estos criterios y recibe 286 854 euros al año, el 11, 6 % del total.
