El seguimiento de criptoactivos en la cadena de bloques se ha convertido en una tarea tan habitual para la Policía y la Guardia Civil como encontrar maletines llenos de billetes o seguir el rastro de las transferencias bancarias. Sin embargo, la naturaleza general de las criptomonedas y muchos de los fraudes asociados a ellas complican la labor de los investigadores, los supervisores y las autoridades nacionales, que se ven obligados a lidiar con un complejo conjunto de procedimientos legales para congelar y, en el mejor de los casos, incautar fondos sospechosos. Por ello, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) propone otorgar a los supervisores nacionales poderes explícitos para cerrar sitios web fraudulentos o no autorizados y exige más competencias para ordenar la congelación inmediata de activos sospechosos. Porque en un mercado que se mueve a la velocidad de un clic, cada minuto cuenta. . Sigue leyendo. El perpetuo dilema de la descentralización. La MICA es una normativa ambiciosa, pero aún le queda un largo camino por recorrer en lo que respecta a la regulación de un mercado en rápida expansión y en constante evolución. Por lo tanto, cuando se redactó, no se incluyeron algunos servicios o productos que ahora ofrecen a sus clientes las principales entidades sin el paraguas regulador. En este sentido, la AEVM solicita a la Comisión Europea que incluya en el texto una definición exhaustiva del ecosistema DeFi, ya que muchas empresas utilizan este concepto para eludir las obligaciones establecidas por la MICA. Además, el regulador europeo ha señalado que muchas empresas reguladas actúan como puente entre los usuarios y el mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi), ofreciendo servicios como préstamos en criptomonedas o staking, pero en un ecosistema descentralizado que queda fuera de las garantías de la MICA. La ESMA afirma que no es necesariamente imprescindible regular el ecosistema DeFi, pero sí establece más requisitos y obligaciones para las plataformas reguladas que actúan como puente entre estos dos mundos.
El supervisor europeo insta a que las autoridades nacionales puedan bloquear directamente las páginas ilícitas, una acción que a menudo requiere autorización judicial
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El seguimiento de criptoactivos en la cadena de bloques se ha convertido en una tarea tan habitual para la Policía y la Guardia Civil como encontrar maletines llenos de billetes o seguir el rastro de las transferencias bancarias. Sin embargo, la naturaleza general de las criptomonedas y muchos de los fraudes asociados a ellas complican la labor de los investigadores, los supervisores y las autoridades nacionales, que se ven obligados a lidiar con un complejo conjunto de procedimientos legales para congelar y, en el mejor de los casos, incautar fondos sospechosos. Por ello, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) propone otorgar a los supervisores nacionales poderes explícitos para cerrar sitios web fraudulentos o no autorizados y exige más competencias para ordenar la congelación inmediata de activos sospechosos. Porque en un mercado que se mueve a la velocidad de un clic, cada minuto cuenta. . Sigue leyendo. El perpetuo dilema de la descentralización. La MICA es una normativa ambiciosa, pero aún le queda un largo camino por recorrer en lo que respecta a la regulación de un mercado en rápida expansión y en constante evolución. Por lo tanto, cuando se redactó, no se incluyeron algunos servicios o productos que ahora ofrecen a sus clientes las principales entidades sin el paraguas regulador. En este sentido, la AEVM solicita a la Comisión Europea que incluya en el texto una definición exhaustiva del ecosistema DeFi, ya que muchas empresas utilizan este concepto para eludir las obligaciones establecidas por la MICA. Además, el regulador europeo ha señalado que muchas empresas reguladas actúan como puente entre los usuarios y el mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi), ofreciendo servicios como préstamos en criptomonedas o staking, pero en un ecosistema descentralizado que queda fuera de las garantías de la MICA. La ESMA afirma que no es necesariamente imprescindible regular el ecosistema DeFi, pero sí establece más requisitos y obligaciones para las plataformas reguladas que actúan como puente entre estos dos mundos.
