Los tres diputados de Sumar que demandaron al Banco de España por no entregarles la información solicitada sobre los beneficios extra que obtuvieron las entidades financieras en 2022 y 2023 por las facilidades de depósito del Banco Central Europeo (BCE) elevan su batalla legal ante el Tribunal Supremo. El escrito presentado por Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago insiste en que la negativa del supervisor bancario español a entregar la documentación requerida, amparándose en la confidencialidad de los datos, vulnera el derecho fundamental de los parlamentarios de acceso a la información. Por ello, solicitan al alto tribunal a analizar el caso y formar jurisprudencia sobre el secreto de la información que obra en poder de la institución y su colisión con derechos fundamentales.. Seguir leyendo
El recurso de tres diputados de la formación política se une al de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que también ha recurrido el fallo de la Audiencia Nacional que avaló que el supervisor no entregara la información
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Los tres diputados de Sumar que demandaron al Banco de España por no entregarles la información solicitada sobre los beneficios extra que obtuvieron las entidades financieras en 2022 y 2023 por las facilidades de depósito del Banco Central Europeo (BCE) elevan su batalla legal ante el Tribunal Supremo. El escrito presentado por Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago insiste en que la negativa del supervisor bancario español a entregar la documentación requerida, amparándose en la confidencialidad de los datos, vulnera el derecho fundamental de los parlamentarios de acceso a la información. Por ello, solicitan al alto tribunal a analizar el caso y formar jurisprudencia sobre el secreto de la información que obra en poder de la institución y su colisión con derechos fundamentales.. “Con la denegación del acceso a la información solicitada se está dando una obstrucción a la participación de los diputados en el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias en relación a la potestad legislativa de las Cortes, que de forma constante elabora normas o convalida real decreto-ley de carácter fiscal o financiero”, explica el recurso presentado el pasado 27 de febrero, al que ha tenido acceso CincoDías, contra la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 15 de enero, que dio la razón al Banco de España.. Los diputados instan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que estudien la interpretación de confidencialidad de la información que realizó el Banco de España para negarse a entregar la información de cuánto percibió cada banco a través de esta herramienta de política monetaria durante los meses de subidas en los tipos de interés. En su opinión, esta tesis choca directamente con derechos fundamentales de los ciudadanos, representados a través de la función parlamentaria. “Resulta notorio que nos hallamos ante un supuesto de relevancia general para la ciudadanía y sus representantes públicos, siendo además la cuestión suscitada de gran alcance económico, no existiendo precedentes de asunto similar, siendo de palmario interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, reza el texto.. Sumar solicitó conocer la “cantidad pagada por el Banco de España a las entidades de crédito en los años 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de depósito, con un desglose del pago individualizado para cada entidad”. El 10 de junio de 2024, el entonces gobernador, Pablo Fernández de Cos, dirigió un acuerdo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunicando la denegación al acceso la información requerida, alegando que ello podría afectar a la política monetaria y al secreto profesional. Tras ello, los tres diputados presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional, que ahora llega al Tribunal Supremo.. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha alineado durante todo el procedimiento con la postura de Sumar, al entender que el Banco de España no justificó suficientemente su decisión y que la información requerida no está protegida por el secreto profesional. Por este motivo, también presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para denunciar la vulneración del derecho de los ciudadanos, a través de sus representantes parlamentarios de acceder y participar en condiciones de igualdad a los asuntos, funciones y cargos públicos, en su vertiente de acceso a la información de los poderes públicos.
