Telefónica de España dejará de ser el operador designado por el Estado para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 2027. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) emitió este jueves un informe favorable sobre la propuesta elaborada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con lo que concluye formalmente un procedimiento regulatorio que el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública inició el 5 de octubre. Seguir leyendo
La CNMC respalda la propuesta del Gobierno tras constatar que las redes comerciales cubren la demanda y el bajo coste de financiación
Feed de noticias MRSS-S
Telefónica de España dejará de ser el operador designado por el Estado para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 2027. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales) presentó el jueves un informe favorable a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), con lo que concluye formalmente un proceso regulatorio que el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública inició el 5 de octubre. La decisión del organismo regulador pone fin a la obligación impuesta en exclusiva a este operador desde 1998. El expediente normativo concluye que los servicios de telefonía fija y de acceso a Internet de banda ancha están ampliamente disponibles a través de las ofertas comerciales de los operadores del mercado. En este contexto, la Administración determina que no es necesario mantener una asignación obligatoria a una única empresa para garantizar el acceso básico a las comunicaciones. La medida se basa en los supuestos previstos en la Ley General de Telecomunicaciones, que permite la supresión de la condición de operador designado cuando la propia dinámica del mercado garantiza que el servicio se preste con unos parámetros adecuados de calidad y precio. Los análisis técnicos elaborados por la Secretaría de Estado indican que el despliegue de la infraestructura de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) y el alcance de las redes móviles de última generación sitúan a España a la cabeza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a la cobertura de redes de alta capacidad. El informe de la CNMC señala que la expansión de las redes privadas, junto con la disponibilidad de servicios por satélite y el efecto acumulativo de los programas públicos de subvenciones para la digitalización rural, garantiza la conectividad en todas las zonas habitadas del territorio nacional. Por lo tanto, el regulador considera que la supresión de la obligación respeta el principio de proporcionalidad y adapta el régimen jurídico a la realidad técnica de las infraestructuras del país. La nueva normativa modificará los estándares mínimos exigidos para las conexiones en España. La orden ministerial aumenta la velocidad mínima garantizada del acceso a Internet de banda ancha de los actuales 10 megabits por segundo (Mbps) a un umbral de 100 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida. Con este ajuste, el Ejecutivo armoniza la normativa nacional con los objetivos de capacidad contenidos en la Agenda Digital Europea. La reforma supone también la eliminación definitiva de la figura del operador único, cuya función era dar respuesta a las carencias específicas de cobertura. A partir de 2027, la responsabilidad de atender las solicitudes de acceso en zonas de difícil cobertura se repartirá entre las diferentes empresas con red desplegada en cada demarcación geográfica. En el ámbito económico y financiero, la supresión de la tasa a Telefónica reestructurará el mecanismo de compensación por la prestación de servicios no rentables. Hasta la fecha, el déficit derivado de la prestación de cobertura en zonas remotas se cubría con el Fondo Nacional de Servicio Universal, gestionado por la CNMC y alimentado por las aportaciones anuales de los operadores de telecomunicaciones con una facturación superior a 100 millones de euros. Según las resoluciones de la CNMC, el coste neto del servicio universal se ha reducido de forma continuada en los últimos años, pasando de más de 30 millones de euros al año en décadas anteriores a unos 5, 38 millones de euros en sus últimas liquidaciones. Esta reducción se debió a la eliminación previa de obligaciones del catálogo del servicio universal, como la provisión de cabinas telefónicas públicas y la edición de guías impresas para abonados. A pesar del dictamen favorable, la CNMC incluyó en su informe observaciones sobre la necesidad de realizar un seguimiento de la disponibilidad real de las redes en todo el ámbito geográfico. El organismo regulador recordó además la obligación de tramitar y aprobar el nuevo Reglamento de Servicio Universal antes del 31 de diciembre de 2026, que constituye un instrumento normativo necesario para articular la transición al modelo regulatorio que entrará en vigor en 2027. La supresión del servicio universal como figura jurídica o la pérdida de derechos de los usuarios son los objetivos de la designación de Telefónica. La Ley General de Telecomunicaciones mantiene la vigencia jurídica de este mecanismo de protección y faculta al Gobierno para volver a licitar la prestación o imponer obligaciones de servicio a un operador si se detectan fallos de mercado que impidan el acceso a las comunicaciones. La asequibilidad económica del servicio seguirá estando garantizada por el marco regulador sectorial. Según la ley vigente, todas las empresas operadoras que comercializan telefonía fija e Internet deben disponer de ofertas con condiciones adaptadas a los colectivos en situación de vulnerabilidad social. La orden ministerial propuesta exige a Telefónica que mantenga la contribución social de forma continuada para su actual cartera de beneficiarios, que incluye a los pensionistas y a los pensionistas con bajos ingresos que ya disfrutan de esta tarifa.
