Los fondos acreedores que presionan a España para cobrar millonarias indemnizaciones por el recorte en 2013 de las primas a las renovables continúan con el proceso de subasta de la sede del Instituto Cervantes de Utrecht, en Holanda. El edificio, en el casco antiguo de Utrecht (Holanda), luce desde hace unas horas en su fachada dos carteles que indican, en holandés e inglés, que el inmueble se encuentra en «subasta (o venta) por ejecución hipotecaria», como consecuencia del embargo autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya el pasado mes de marzo. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalan que los servicios jurídicos españoles ya han iniciado un procedimiento judicial para lograr el levantamiento de esta medida, que fue tomada inaudita parte (i. e. sin escuchar las alegaciones españolas). También afirman que las señales ya han sido retiradas una vez que el gobierno holandés ha declarado «nulo» el bloqueo. Seguir leyendo.
El Abogado del Estado inicia un procedimiento judicial para levantar el embargo del edificio, mientras que los fondos continúan con el procedimiento
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Las cajas acreedoras que presionan a España para cobrar millonarias indemnizaciones por el corte en 2013 de las primas renovables continúan con el proceso de subasta de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Holanda). El edificio, en el casco antiguo de Utrecht (Holanda), luce desde hace unas horas en su fachada dos carteles que indican, en holandés e inglés, que el inmueble se encuentra en «subasta (o venta) por ejecución hipotecaria», como consecuencia del embargo autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya el pasado mes de marzo. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalan que los servicios jurídicos españoles ya han iniciado un procedimiento judicial para lograr el levantamiento de esta medida, que fue tomada inaudita parte (i. e. sin escuchar las alegaciones españolas). También afirman que las señales ya han sido retiradas una vez que el gobierno holandés ha declarado «nulo» el bloqueo. La negativa de España a pagar indemnizaciones que han sido reconocidas por varios tribunales de arbitraje, la mayoría de los cuales son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que es miembro del Banco Mundial, ha impulsado a los inversores y, en particular, a los fondos oportunistas a viajar a jurisdicciones extranjeras para tratar de cobrar indemnizaciones. De las 51 demandas de arbitraje que se han presentado en este caso, 27 de ellas se han resuelto a favor de los inversores por un importe total superior a 1 euro. 7. 000 millones de euros, que si se añaden los intereses legales y de demora ascienden a 2. 000 millones de euros. 3. 000 millones. Mientras los distintos tribunales deciden si ejecutan o no los laudos (decisiones finales del procedimiento arbitral, similares a las resoluciones judiciales), los fondos acreedores, encabezados por Blasket Renewable Investments (el más beligerante con el Reino de España), han solicitado el embargo provisional de bienes comerciales y activos de titularidad pública española en países como Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos. Detalles adicionales. El interminable conflicto de las renovables: por qué España tiene activos embargados en el extranjero. Bajo la propiedad de los demandantes. En los Países Bajos, el fondo de litigio ha utilizado la adjudicación que proporciona una indemnización de 106 euros. 2 millones a Eurus Energy, filial del gigante del motor Toyota, para confiscar en Utrecht el edificio histórico donde se encuentra la institución pública para la promoción de la lengua y la cultura españolas. Dado que la tramitación de los bienes en ese país es mucho más rápida que en otras jurisdicciones, una vez que la justicia holandesa dio luz verde a esta petición, un funcionario judicial o procurador (agente judicial) inició los trámites para inscribir el inmueble como propiedad de los demandantes en el registro público y poder así llevar a cabo su subasta. Fuentes de los acreedores informaron el pasado domingo de que sus representantes legales habían estado recientemente en el edificio, valorado en unos 10 millones de euros, para «formalizar los trámites asociados a la ejecución» del embargo, y para distribuir vídeos y fotos de la colocación de los carteles de la subasta. El Ministerio que dirige Sara Aagesen asegura que esta actuación promovida por la firma estadounidense Blasket Renewable Investments «no es un paso más en el posible procedimiento de venta», sino que tiene un fin «sensacionalista». El gobierno holandés ha informado al fondo de su obligación de levantar el embargo y detener inmediatamente cualquier acción dirigida a la venta de propiedades, según fuentes gubernamentales, porque ha ejercido poderes especiales que le son legalmente otorgados para detener embargos de propiedades de estados extranjeros. Además, la Transición Ecológica subraya que la medida cautelar sobre el Instituto Cervantes se autorizó en el marco de un proceso en el que España no era parte y, por tanto, no podía presentar alegaciones. Por este motivo, la Abogacía del Estado ha iniciado un procedimiento judicial paralelo para el levantamiento del embargo, mientras que el Gobierno ha informado a la Comisión Europea de la adjudicación relativa a Eurus Energía para que evalúe si se trata de una ayuda de Estado ilegal. Bruselas apoya la tesis de España. En uno de estos procedimientos en el extranjero, el Ejecutivo comunitario ha enviado cartas para reforzar los argumentos de la defensa española, que alega que la justicia europea ha vetado laudos entre inversores comunitarios y Estados miembros de la UE. Pero también ha fallado en contra de la concesión de indemnizaciones, como ya hizo en marzo del año pasado, cuando dictó por primera vez un laudo por el recorte de las primas a las renovables. En aquel caso, rechazó conceder una indemnización de 101 millones de euros a la empresa francesa Antin, cuyos derechos están en manos del fondo estadounidense Centerbridge. El Ejecutivo comunitario también ha abierto un expediente a Bélgica por permitir que sus órganos judiciales atiendan las peticiones de los fondos acreedores, y ha propiciado la salida del bloque europeo del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), el acuerdo internacional en el que se amparan los inversores para demandar a España.
