Las comunidades energéticas crecen con menos fuerza en España y no terminan de despegar. En 2025, uno de cada diez municipios ya contaba con uno de estos proyectos de autoconsumo colectivo de energía. Así, el año pasado se crearon 182 iniciativas -que permiten a los ciudadanos producir, consumir, almacenar, compartir y vender energía renovable de forma colectiva- hasta alcanzar las 837, según el informe del Observatorio de Comunidades Energéticas 2025, que ha sido lanzado por Ecodes, Redeia y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y presentado este miércoles. El dato supone un crecimiento del 27% respecto al año anterior, el más moderado desde 2022. Solo se ha puesto en marcha el 27% del total de las constituidas. El resto se encuentra en fase de desarrollo, tramitación o despliegue. Seguir leyendo
Un estudio liderado por Ecodes, Redeia y el Ministerio para la Transición Ecológica refleja que hasta 2025 se han puesto en marcha 837 proyectos colectivos
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Las comunidades energéticas crecen con menos fuerza en España y no terminan de despegar. En 2025, uno de cada diez municipios ya contaba con uno de estos proyectos de autoconsumo colectivo de energía. Así, el año pasado se crearon 182 iniciativas -que permiten a los ciudadanos producir, consumir, almacenar, compartir y vender energía renovable de forma colectiva- hasta alcanzar las 837, según el informe del Observatorio de Comunidades Energéticas 2025, que ha sido lanzado por Ecodes, Redeia y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y presentado este miércoles. El dato supone un crecimiento del 27% respecto al año anterior, el más moderado desde 2022. Sólo el 27% del número total de las formadas ha estado operativo. El resto están en fase de desarrollo, tramitación o implantación. Los autores del estudio afirman que el hecho de que la mayoría de las comunidades energéticas no estén operativas indica que este fenómeno «sigue estando en una fase inicial de consolidación». En este mismo punto ha coincidido Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que durante la presentación «los números son muy positivos, pero sólo 26″. 6% de ellas tienen instalaciones en marcha, un dato que debe mejorarse». Para avanzar en este sentido, ha reclamado una mayor cooperación de las administraciones públicas, especialmente de los ayuntamientos, y «mejorar la colaboración con las empresas distribuidoras de electricidad». Otro elemento clave del informe son las diferencias territoriales en la implantación de estas comunidades energéticas. Canarias es la autonomía más importante, desde el año 45. 5% de sus entidades locales cuentan con una de estas iniciativas, seguida del País Vasco (39. 7%) y Navarra (27. 2%). Por otro lado, además de las ciudades autónomas, que no cuentan con esta iniciativa, Cantabria y La Rioja tienen los porcentajes más bajos, 2% y 2. 3%, respectivamente. Un buen indicador del impacto de este fenómeno en España es el número de proyectos por cada 100. 000 habitantes. En 2025 era de 1. 77, que ha aumentado desde 2024 (1. 43). Además, el informe señala que 70. 8% de estas iniciativas tienen menos de 50 participantes. Para tratar de mejorar estos datos, Carlos Pesqué, director de Energía y Personas de Ecodes, ha señalado que se debe «aspirar a proyectos con más participantes, siguiendo el modelo de otros países de Europa», lo que además, ha asegurado, podría animar a más ciudadanos a participar en el autoconsumo colectivo. Sara de la Serna, miembro del departamento de gestión de la demanda e integración de renovables del IDAE, ha asegurado durante la presentación del estudio que las comunidades energéticas «son clave porque también aportan valor social». Siete de cada diez proyectos de autoconsumo colectivo «abordan o tienen previsto abordar algún aspecto social», según el estudio. De ellos, la mitad están dirigidos a combatir la pobreza energética, mientras que el 27% a promover el desarrollo de las zonas rurales de España. El estudio señala que aún existen muchas barreras legales y financieras para impulsar estas instalaciones de autoconsumo, por lo que «aún no debe interpretarse como una implantación plenamente generalizada» de este fenómeno en España. Desde el punto de vista jurídico, el informe señala que la principal limitación para que el incremento de estos proyectos sea aún mayor es el marco legal «incompleto y con instrumentos de impulso que no siempre han incorporado claramente la dimensión social», lo que ha derivado en una falta de seguridad jurídica. El estudio también critica la falta de «definición de mecanismos adecuados para identificar e incorporar a los hogares vulnerables» en las comunidades energéticas. Boj ha subrayado que «no ha habido novedades sobre un marco estatal que regule estos proyectos», en referencia a la no convalidación en el Congreso de los Diputados de la normativa que permitía ampliar el radio de autoconsumo a través de red para determinadas instalaciones fotovoltaicas de hasta 5 MW ubicadas en tejados. Santos, representante de UNEF, ha reclamado la «creación de un registro de estas iniciativas» para facilitar la puesta en marcha de ayudas públicas con el fin de incentivar la creación de estas iniciativas. En el ámbito económico, el informe denuncia que existen barreras de entrada que no permiten a las familias más vulnerables beneficiarse de las comunidades energéticas. Según el estudio, «sin mecanismos correctores» no puede haber una rebaja de limitaciones como las cuotas de entrada o la anticipación de inversiones, lo que puede dar lugar a que estas iniciativas «beneficien principalmente a quienes ya tienen mejores condiciones para participar. » Además, el apoyo del gobierno a su creación sólo ha cambiado desde 2024, ya que el 40% de estos proyectos no han recibido ayuda financiera. A pesar de estas restricciones, los autores señalan que si se superan estas barreras se pueden obtener beneficios, como «reducir los costes energéticos» o que las personas «tradicionalmente situadas en la periferia del sistema energético dejen de ser receptores pasivos de ayuda y pasen a formar parte de un modelo más participativo y democrático». En la presentación se ha puesto como ejemplo a proyectos de autoconsumo colectivo de energía como La Tonenca (Barcelona), Oliver Comunidad Energética (Zaragoza) o Balenya Sostenible (Barcelona).
