El Pleno del Parlamento Europeo ha rechazado hoy la denominada «Estrategia de Inversión Minoritaria» (RIS), una reforma con la que Bruselas pretendía aumentar la protección de los pequeños ahorradores y reducir los costes de los productos de inversión mediante un mayor control de las comisiones que cobran los bancos, las aseguradoras y los gestores. La directiva ha sido rechazada por 300 votos contra 286, con 23 abstenciones. Seguir leyendo
El sector financiero se encuentra bajo presión debido a la rebelión de una parte del Partido Popular. La normativa exige a las entidades que demuestren que aportan valor al cliente
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El Pleno del Parlamento Europeo ha rechazado hoy la denominada Estrategia de Inversión Minoritaria (RIS), una reforma con la que Bruselas pretendía aumentar la protección de los pequeños ahorradores y reducir los costes de los productos de inversión mediante un mayor control de las comisiones cobradas por bancos, aseguradoras y gestores. La directiva ha sido rechazada por 300 votos contra 286, con 23 abstenciones. La legislación, que se ha sometido ahora a votación en el Parlamento Europeo tras haber superado varias fases legislativas, introduce el principio de la relación calidad-precio (value for money), un mecanismo que exigirá a las entidades financieras demostrar que los costes y gastos asociados a sus productos guardan una relación razonable con el servicio prestado y los resultados ofrecidos al cliente. El Parlamento ha rechazado la directiva sobre los productos financieros estructurados o fragmentados, que incluía una serie de enmiendas legislativas, por 300 votos a favor frente a 286 en contra. Aunque ha aprobado una pequeña parte, se trata de un cambio en la normativa sobre productos financieros estructurados o fragmentados. Ahora, tras el rechazo del Parlamento Europeo, se abre un periodo de gran incertidumbre sobre el futuro de esta propuesta. El rechazo no significa que la reforma se retire, sino que se renegociará, tal y como explica Sara Gutiérrez, socia cofundadora de finReg360, un despacho especializado en regulación financiera. En su opinión, el resultado de la votación implicaría un retraso de todo el calendario y un texto definitivo con menos obligaciones para las entidades. Markus Ferber, coordinador del Partido Popular Europeo (PPE) en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, es uno de los ponentes del encuentro. Sara Gutiérrez, experta de finReg360, sostiene que la normativa debería flexibilizarse. Ferber lleva años criticando la carga burocrática de la reforma; en 2025 llegó a afirmar que abandonarla evitaría «nuevas cargas burocráticas». El freno a esta iniciativa legislativa —puesta en marcha en 2023— supone una victoria para el sector europeo de la gestión de activos. La asociación patronal Efama pidió la semana pasada a los eurodiputados, a través de una carta abierta, que rechazaran el acuerdo al considerar que introduce nuevas cargas normativas, aumenta la complejidad operativa y puede perjudicar la competitividad del sector. Para obtener este resultado, se han sumado dos fuerzas, una de las cuales es, en teoría, opuesta. El voto a favor del Partido Popular Europeo estaba acordado, según fuentes parlamentarias, pero 34 de sus eurodiputados se desmarcaron. A estos votos se sumaron los de los socialistas, los Verdes y La Izquierda, que votaron en contra por considerar que el plazo de tramitación de la norma había sido demasiado breve, así como los de la extrema derecha alemana. Los eurodiputados del PP español y de Vox votaron a favor, mientras que los del PSOE lo hicieron en contra. La asociación europea de fondos de inversión se toma así su tiempo ante un reglamento que lleva más de tres años en debate. Efama ha advertido de las dificultades para establecer comparaciones homogéneas entre productos con estrategias de inversión, niveles de riesgo y objetivos diferentes. Los gestores españoles llevan años quejándose de la nueva normativa. Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, la asociación sectorial española, explica que «muchos de los conceptos introducidos por Bruselas son excesivos y pretenden intervenir en un sector que ya es extraordinariamente transparente y eficiente». A pesar de estas críticas, el texto que se sometía hoy a votación ya había suavizado algunas de las propuestas iniciales de la Comisión Europea. La más relevante se refiere a las denominadas «retiradas», comisiones que reciben los bancos y los distribuidores por comercializar fondos y otros productos financieros. Bruselas había planteado inicialmente restricciones mucho más severas sobre estos incentivos, pero finalmente ha optado por mantenerlos, aunque sujetos a mayores requisitos de transparencia y a la obligación de demostrar que aportan un beneficio tangible al cliente. La reforma forma parte de la estrategia europea para movilizar una mayor parte del ahorro familiar hacia los mercados financieros. Las instituciones comunitarias consideran que millones de europeos mantienen una elevada proporción de su patrimonio en cuentas corrientes y depósitos con baja rentabilidad, mientras que los mercados de capitales europeos siguen dependiendo en gran medida de la financiación bancaria. Uno de los elementos centrales de la nueva normativa es la comparación sistemática de los productos de inversión con instrumentos similares, como los fondos o los seguros de vida. En el caso de los fondos, los gestores deben justificar los costes de cada producto frente a los de fondos comparables. Se utilizarán referencias de seguimiento específicas para determinados productos de seguros de inversión. El objetivo es evitar productos con niveles de costes que no puedan justificarse por el valor que aportan al inversor. El dictamen parlamentario evita uno de los cambios más preocupantes para las redes bancarias europeas, especialmente en países como España, donde gran parte de la distribución de fondos se articula a través de las sucursales de los grandes bancos. No obstante, el sector da por hecho que el enfoque regulatorio se centrará ahora en el nivel de las comisiones y los costes asociados a los productos financieros. El peligro potencial para los gestores es que los futuros sistemas de comparación propuestos en el paquete RIS, que han sido rechazados hoy, puedan fomentar y acelerar una convergencia gradual de las comisiones hacia niveles más bajos. El sector lleva más de una década adaptándose a la creciente competencia de los fondos indexados y los ETF, productos que replican índices bursátiles y que a menudo se comercializan a costes significativamente inferiores a los de la gestión activa tradicional. La nueva normativa ejerce una mayor presión sobre aquellas estrategias que cobran más comisiones sin poder aportar un valor diferencial al cliente. La preocupación del sector no se limitaba al impacto comercial. Las asociaciones empresariales también advierten de que los nuevos requisitos podrían aumentar los costes de cumplimiento normativo y generar diferencias entre los supervisores nacionales. Bruselas sostiene, por el contrario, que una mayor transparencia y la reducción de costes contribuirán a reforzar la confianza de los ahorradores y facilitarán la canalización de recursos hacia los mercados de capitales europeos. Gran parte del impacto final de la reforma dependerá ahora de las normas técnicas que elaboren la Comisión Europea y las autoridades de supervisión. Entre otras cuestiones, deberán definir cómo se constituyen los grupos de productos comparables, qué criterios justificarán las diferencias de costes y qué indicadores se utilizarán para evaluar si un fondo o un seguro de inversión ofrece una relación adecuada entre precio y valor añadido. Los bancos, los gestores y las aseguradoras estarán muy atentos a la evolución de esta política. Aunque la RIS ya establece los principios generales, muchas de las cuestiones que determinarán su efecto real en el sector —desde la aplicación de las pruebas de relación calidad-precio hasta los criterios para evaluar las garantías— quedarán en manos de futuras normas técnicas. Ahí es donde se librará una parte sustancial de la batalla regulatoria que aún le queda por delante al sector financiero europeo. La RIS también introdujo cambios en la documentación que reciben los inversores antes de contratar un producto financiero, flexibilizó parcialmente las normas de asesoramiento para determinados productos sencillos y reforzó la supervisión de las recomendaciones financieras difundidas a través de las redes sociales por los denominados «finfluencers».