Desde que decidió mudarse hace más de 25 años de Ecuador a Olot (Girona), Manuel Carrier, de 51 años, ha querido ser padre. Recuerda sentirse ilusionado y afirma: «Quería reírme con ella, jugar y disfrutar de la paternidad». Pero la vida se lo puso difícil. Él y su mujer gastaron casi 8 000 euros en una clínica privada para un tratamiento de fecundación in vitro, pero la clínica cerró y perdieron ese dinero. Lo intentaron de nuevo, pagaron otros 8 000 euros y finalmente consiguieron ser padres. Sin embargo, cuenta Carrier, ambos se quedaron sin ahorros y sin uno de sus principales sustentos económicos: el negocio de pastelería que tenían en su país de origen quebró. Como el trabajo en España no le daba lo suficiente para llegar a fin de mes, recurrieron a los microcréditos, a préstamos de apenas unos cientos de euros. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, ya que no podían hacer frente a su devolución debido a los elevados intereses que conllevaban. «Llegó un momento en el que no podía permitirme ni un café», afirma. Seguir leyendo
El año pasado se firmaron 3, 8 millones de estos préstamos, un 46 % más que en 2024, una solución que, según los expertos, no resulta útil para resolver los problemas de endeudamiento.
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Desde que decidió mudarse hace más de 25 años de Ecuador a Olot (Girona), Manuel Carrier, de 51 años, ha querido ser padre. «Quería reírme con ellos, jugar, disfrutar de la paternidad», recuerda emocionado. Pero la vida se lo puso difícil. Él y su mujer se quedaron sin dinero tras haber gastado casi 8 000 euros en una clínica privada para un procedimiento de fecundación in vitro. Lo intentaron de nuevo, pagaron otros 8 000 euros y finalmente consiguieron ser padres. Carrier afirma que ambos se quedaron sin dinero y sin una de sus principales fuentes de ingresos: la pastelería en quiebra que poseían en su país de origen. Como el trabajo en España no le daba lo suficiente para llegar a fin de mes, recurrieron a los microcréditos, a préstamos de apenas unos cientos de euros. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, ya que no podían hacer frente a su devolución debido a los elevados intereses que conllevaban. «Llegó un momento en el que no podía permitirme ni un café», afirma. Los expertos recuerdan que este tipo de microcréditos a menudo solo empeoran la situación económica de las familias endeudadas, ya que conllevan costes que pueden multiplicar por mucho el importe solicitado. Y les preocupa la extraordinaria proliferación de estos productos en España. En 2025 se firmaron 3, 8 millones de estos préstamos, un 46 % más que en 2025, con un importe medio de 322 euros, según los datos de la Asociación Española de Microcréditos (AEM). Con el fin de evitar que se repitan casos como el de Carrier, el Gobierno aprobó en enero el proyecto de ley de transposición de las directivas europeas sobre crédito al consumo, que por primera vez establecen límites a los intereses que se pueden cobrar al solicitar un préstamo. En el caso de los microcréditos, se exige que se reembolsen en un plazo mínimo de tres meses y que tengan un tipo de interés mensual máximo del 4 % y una comisión máxima del 5 %, con un límite máximo absoluto de 30 euros. Antonio Luis Gallardo, experto en consumo y finanzas personales y con casi 20 años de experiencia en el ámbito de la protección del consumidor y la educación financiera, señaló que otro aspecto que habría que abordar para poner fin a estos créditos sería regular su publicidad. «Ofrecen argumentos que resultan muy atractivos para el consumidor, pero que son muy perjudiciales», añade. Gallardo es también autor del VIII Barómetro de créditos al consumo de Asufin, que revela que uno de cada tres españoles solicitará un crédito en lo que queda de año. Las principales razones para recurrir a este recurso están relacionadas con dificultades económicas, ya que el 20, 1 % lo hará porque necesita liquidez inmediata y el 16, 3 % para refinanciar deudas. El experto señala que estos datos se justifican porque «los salarios son limitados», lo que significa que «la deuda aprieta y las familias recurren a estos instrumentos financieros». Según los últimos datos de la AEM, el coste asociado a un préstamo de 300 euros a devolver en un plazo de 30 días —los parámetros más habituales— ha aumentado un 12, 6 % entre 2018 y 2024. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de la asociación de consumidores Facua, señala que uno de los principales problemas de este sector es el comportamiento de las empresas. Señala que las empresas que comercializan este producto financiero buscan una «actitud impulsiva por parte del consumidor», ya que los contratos se formalizan «muy rápidamente para intentar que solo se vean las ventajas de firmar este tipo de préstamos». También asegura que, si las familias endeudadas «se pararan a pensar detenidamente en esta decisión, quizá no contratarían estos microcréditos». La misma idea la comparte Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae), quien destaca que estos préstamos «son muy pequeños, pero muy fáciles de conseguir» y que la rapidez con la que opera el sector puede llevar a «engañar a las familias que necesitan pagar sus deudas». En esta situación de endeudamiento se encontraba Daniel de Santos (Madrid, 28 años) hace casi ocho años. Al independizarse de su pareja, su salario de casi 900 euros no le bastaba para cubrir sus gastos diarios, por lo que decidió recurrir a estos préstamos para sobrevivir. Sin embargo, todo fue a peor: «Solicitaba créditos para poder pagar otros que ya había pedido». De Santos, que llegó a utilizar estos productos financieros «para poder hacer la compra», denuncia que las empresas del sector «se aprovechan» de la vulnerabilidad de las familias endeudadas. Tanto Carrier como Santos tuvieron que acabar recurriendo a ayuda profesional. Emilio Pintado, miembro de Asoban Abogados, lleva defendiendo el caso de Carrier desde que este llamó al despacho tras recibir una orden de embargo de bienes. La solución fue acogerse a la ley de la segunda oportunidad, un procedimiento legal que permite a particulares y autónomos cancelar sus deudas, total o parcialmente, cuando no pueden devolverlas. Pintado señala que, para que un juez decida sobre esta condonación, uno de los requisitos clave es que la persona se encuentre en «insolvencia patrimonial», es decir, que el valor total de su patrimonio sea inferior al importe de la deuda contraída. Albert García en Olot (Girona), Manuel Carriel, el 6 de agosto de 2016. César Paunero, del bufete Paunero & Jerónimo y abogado de De Santos, señala que otro elemento fundamental para lograr esta condonación es ser un deudor de buena fe. Esto significa que «no se hayan incurrido en gastos extraordinarios en relación con la capacidad económica de que se dispone, salvo que estén justificados». Para evitar llegar a los tribunales, los expertos recomiendan precaución y mejoras normativas. Gallardo, como especialista en finanzas personales, recomienda leer «con calma las condiciones para saber cuántos intereses se pagarán al final». Serrano, de Facua, también insta a las familias a evaluar su capacidad económica antes de solicitar este crédito para saber «qué implica y si habrá capacidad suficiente para hacer frente a gastos imprevistos». Pero también exige que «los expedientes sancionadores [financieros] incluyan multas severas para quienes incumplan la legislación vigente, para que se lo piensen varias veces». Tanto Carrier como Santos coinciden en calificar lo ocurrido de «angustiante». Pero también destacan que han podido resolver sus problemas económicos. El primero se declara «muy contento», aunque «la recuperación ha sido muy difícil». De Santos afirma que «por fin» podrá hacer un viaje con su pareja, tras siete años en los que tuvo que dedicar casi toda su nómina a pagar estos microcréditos. Y anima a todos aquellos que se encuentren en una situación similar a «no sentirse fracasados». «Pedir ayuda, porque se puede salir adelante», concluye.
