En la recta final del plan de recuperación, el Gobierno está empezando a evaluar su impacto en el tejido productivo: estima que los fondos recibidos hasta la fecha, nada menos que 78 000 millones de euros, han llegado a casi 1, 5 millones de beneficiarios, el 68 % de ellos pymes y autónomos, a través de medidas como el «Kit Digital» o la ley de start-ups. Todo ello, según se afirma en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS y en el que se examinan los efectos del sistema europeo sobre la economía y las empresas, ha contribuido a que España sea el país más grande de la UE con mayor crecimiento por tercer año consecutivo. Seguir leyendo
El mecanismo europeo entra en su recta final y habrá movilizado unos 100 000 millones de euros desde el inicio hasta finales de este año.
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En la recta final del plan de recuperación, el Gobierno comienza a hacer balance de su impacto en el tejido productivo: estima que los fondos recibidos hasta la fecha, nada menos que 78 000 millones de euros, han llegado a casi 1, 5 millones de beneficiarios, el 68 % de ellos pymes y autónomos, a través de medidas como el Kit Digital o la Ley de Startups. Todo ello, según argumenta en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS y en el que se analizan los efectos del mecanismo europeo sobre la economía y las empresas, ha contribuido a que España sea, por tercer año consecutivo, el país de la UE que más crece. El Fondo de Recuperación es un programa de ayudas europeas sin precedentes, compuesto por subvenciones y préstamos, que los socios comunitarios acordaron durante la pandemia para acelerar la recuperación económica tras el confinamiento y que está a punto de agotarse. El próximo 31 de agosto es la fecha límite para comprometer todos los gastos vinculados al mecanismo, y antes del 30 de septiembre los Estados miembros deben solicitar el último desembolso. España, principal beneficiaria del fondo junto con Italia, ya ha recibido unos 6 000 millones en subvenciones y más de 17 000 millones en financiación del mecanismo, a cambio de reformas e inversiones en ámbitos que la Comisión Europea considera prioritarios y estratégicos: dos de cada tres euros del plan se han destinado a la transición ecológica y digital. Bruselas desbloqueó la penúltima partida de 6 000 millones de euros la semana pasada. La séptima y última partida que se solicitará será una de las más cuantiosas: unos 25 000 millones de euros. Detrás de estas cifras gigantescas hay líneas de apoyo específicas, como la ayuda del «Kit Digital», un programa que, según los datos del Ejecutivo, ha llegado a 921 962 beneficiarios en el 90 % de los municipios españoles. 23 429 profesionales y pequeñas y medianas empresas han recurrido a The Kit Consulting, una empresa especializada en consultoría tecnológica, mientras que 54 676 empresas y autónomos han utilizado las garantías financieras ofrecidas por la Compañía Española de Reasentamiento (Cersa). Los recursos del Fondo de Recuperación también han permitido crear 400 000 nuevas plazas de formación profesional, más de una cuarta parte de ellas en ámbitos digitales. El Ejecutivo estima que este impulso a la formación ha mejorado la empleabilidad y ha reducido el desempleo juvenil a su nivel más bajo desde 2008, aunque la tasa sigue estando muy por encima de la media europea: en torno al 24 %, frente al 15 % de la UE. El Gobierno también hace balance de dos de las principales reformas empresariales asociadas al plan de recuperación: la Ley «Crea y Crece» y la Ley de Start-ups, ambas aprobadas en 2022. La primera ley, destinada a facilitar la creación de nuevas empresas mediante la reducción y simplificación de las trabas administrativas y financieras, habría impulsado la tasa bruta de creación de empresas, que ha registrado un crecimiento del 50 %, hasta alcanzar las 13 000 al mes, según el Ejecutivo. La segunda normativa, que establece un régimen fiscal más favorable para la promoción de actividades innovadoras y la atracción de nómadas digitales, ha contribuido a que España se convierta en uno de los principales ecosistemas emergentes de Europa, aumentando su valor en un 2, 3 desde 2020. El Gobierno recuerda que ha cumplido 338 hitos y objetivos, y que la inyección total del mecanismo superará los 100 000 millones de euros para el periodo 2021-2026, lo que equivale a alrededor del 6 % del PIB español actual. La cifra habría sido mayor si el Ejecutivo no hubiera renunciado a más de 60 000 millones que había concedido en préstamos, a lo que han contribuido la mejora de las condiciones de financiación del mercado y la dificultad para conseguir una mayoría en el Congreso. La fragmentación parlamentaria ya ha provocado una reducción en el desembolso de determinados apartados del fondo, debido a la imposibilidad de llevar adelante las medidas acordadas, y ha dado lugar a una revisión de las iniciativas comprometidas. Fondo España Crece. La magnitud del fondo de recuperación ha impulsado la recuperación económica, pero también ha dejado claro que asimilar tanto dinero en tan poco tiempo es una tarea ardua tanto para la Administración como para el tejido empresarial. Ahora que el mecanismo llega a su fin, para no perder recursos y mantener el impulso, el Gobierno también ha puesto en marcha «España Crece», un vehículo financiero público con el que pretende movilizar la inversión privada hacia sectores estratégicos. Aunque el Ejecutivo se refiere a él como un fondo soberano, se trata de una parte de una asignación inicial de más de 13 000 millones procedente del programa europeo de recuperación, que incluye 10 500 préstamos y 2 800 transferencias. Estos recursos han ampliado el capital del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de movilizar hasta 60 000 millones de euros en financiación, alcanzando una inversión total de 120 000 millones de euros mediante la colaboración con el sector privado. Se dará prioridad a ámbitos de especial relevancia para la economía española, como la transición verde o la vivienda, que se ha convertido en un cuello de botella y en un drama social. De hecho, el ICO abrirá el 1 de septiembre el plazo de solicitud de préstamos para la construcción de viviendas de alquiler asequible —la primera iniciativa del Fondo «España Crece», que pretende movilizar unos 23 000 millones—, con una bonificación de hasta el 30 % si el proyecto no resulta rentable a la luz de los ingresos previstos por el alquiler social.
