En pleno debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, el sistema sigue acentuando las diferencias entre territorios y ha batido un nuevo récord: la brecha de recursos que separa a la comunidad mejor financiada, Cantabria, de la peor, Murcia, se sitúa en máximos históricos. Según un análisis del centro de estudios Fedea, el sistema actual, que busca garantizar unos servicios públicos de calidad comparable en todo el país, asignará a cada habitante 3 372 euros en 2024 —los datos más recientes— para los servicios públicos básicos, casi un tercio de lo que recibieron los ciudadanos de Cantabria. La diferencia es de 977 euros, un 2 % más que los resultados del año anterior. Sigue leyendo.
Cuatro comunidades reciben recursos por debajo de la media; según un estudio de Fedea, Madrid, Cataluña y las Islas Baleares son los únicos contribuyentes netos.
Fuente: MRSS-S News
En pleno debate sobre la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas, el sistema sigue ampliando las diferencias entre territorios y ha alcanzado un nuevo récord: la brecha de recursos que separa a la comunidad mejor financiada, Cantabria, de la peor, Murcia, se sitúa en máximos históricos. Según un análisis del centro de estudios Fedea, el régimen actual, que pretende garantizar unos servicios públicos de calidad similar en todo el país, asignó a cada comunidad autónoma 3. 372 euros en 2024 —los últimos datos disponibles— para los servicios públicos básicos, casi un tercio por debajo de lo que recibieron los habitantes de Cantabria. La diferencia es de 977 euros, lo que supone un 2 % más que los resultados del ejercicio anterior. El documento, publicado este miércoles con el título «La liquidación de 2024 del sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común» y elaborado por el director ejecutivo del centro, Ángel de la Fuente, aporta cifras a un problema ya planteado. El actual sistema de financiación, diseñado en 2009 y pendiente de reforma desde hace más de una década, no ha evolucionado en consonancia con los profundos cambios económicos y demográficos que ha experimentado el país en los últimos 15 años. Por este motivo —y debido a una serie de mecanismos que distorsionan la distribución inicial—, las diferencias de financiación se han ido ampliando en los últimos años en lugar de moderarse. Esto pone de manifiesto que los recursos per cápita procedentes del sistema aumentaron un 8, 1 % en 2024 —los datos se presentan con este desfase porque el sistema tiene un periodo de cierre de dos años— hasta alcanzar una media de 3 666 euros, lo que refleja el crecimiento sostenido de la actividad y la recaudación que está registrando la economía española. Sin embargo, esta mejora no contribuyó a reducir las diferencias en la distribución. Además de Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha recibieron una financiación per cápita inferior a la media. Estas cuatro comunidades constituyen la vanguardia de las autonomías infradotadas, siendo Murcia y la Comunidad Valenciana las más perjudicadas; cada año se disputan el podio como la autonomía que recibe menos recursos per cápita. Sus gobernantes, de los más activos a la hora de reclamar una reforma del modelo, también piden un fondo para compensar la desventaja que el sistema de financiación les ha creado, alegando que gran parte de su enorme deuda se debe a que necesitan solicitar fondos para poder prestar servicios públicos en condiciones similares a las de los demás territorios. En el otro extremo de la lista se encuentran Cantabria y La Rioja, que en 2024 recibieron 4 349 y 4 114 euros por habitante, respectivamente, es decir, 683 y 448 euros por encima de la media, según el estudio de Fedea. Extremadura y las Baleares también recibieron más de 4 000 euros por habitante, aunque solo estas últimas son contribuyentes netas al sistema, mientras que la primera recibe mucho más de lo que aporta a la caja común. Madrid aporta casi cuatro veces más que Cataluña. El sistema de financiación se articula en torno a un complejo sistema de fondos. Para simplificarlo mucho, las comunidades aportan a un fondo común en función de su capacidad recaudatoria —al que el Estado también aporta recursos—, recursos que se distribuyen inicialmente según una fórmula basada en las necesidades de gasto, es decir, cuánto le cuesta a cada comunidad autónoma prestar los servicios básicos en función de su población ajustada, que es el número real de habitantes ponderado por variables como el envejecimiento o la población en edad escolar. A continuación entran en juego otros criterios de ajuste que, según los expertos, no son transparentes y distorsionan la distribución de un modelo ya afectado por la falta de actualización. Independientemente de si viven en un territorio rico o pobre, el objetivo último del sistema es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios públicos básicos de calidad comparable que se prestan a las comunidades. Por lo tanto, las comunidades con mayor capacidad tributaria, donde se concentran los ingresos más elevados y donde hay mayor actividad económica, son las que más contribuyen al sistema, con Madrid a la cabeza, seguida de Cataluña y las Islas Baleares. Las Baleares aportaron a la caja común 413 millones en 2024 y recibieron recursos muy por encima de la media. Por su parte, Madrid aportó 8 681 millones, casi cuatro veces más que los 2 315 millones de Cataluña, y ambas recibieron recursos por un importe medio —3, 676 euros por habitante la primera y 3 759 euros la segunda—, unas cifras que se han convertido en un elemento más de la polémica que siempre rodea al sistema de financiación y que han vuelto a cobrar protagonismo ahora que está sobre la mesa una propuesta para renovar el sistema. El Ministerio de Hacienda ha presentado un anteproyecto que promete 21 000 millones adicionales para el fondo común y lo debatirá con las comunidades en septiembre, aunque tiene pocas perspectivas de salir adelante. No solo la mayoría de las comunidades autónomas han expresado su rechazo a la iniciativa, ya que surgió de un acuerdo previo entre los socialistas y los diputados independientes del ERC, sino que el Gobierno, al menos por el momento, no cuenta con el apoyo suficiente para que prospere en el Congreso.
