Este martes, el Gobierno aprobó un Real Decreto que refuerza las obligaciones de las plataformas de televisión y audiovisuales para promover el cine y las producciones europeas, prestando especial atención a las obras producidas en España y en las lenguas oficiales del Estado. La nueva normativa no se limita a establecer cuotas mínimas de emisión y presencia en los catálogos, sino que introduce un requisito específico para que las plataformas den visibilidad y protagonismo a estos contenidos en sus servicios, de modo que no queden relegados frente a otras producciones. Seguir leyendo
El decreto establece que al menos el 30 % de su parrilla debe reservarse para obras europeas y que estas deben ocupar un lugar destacado en las páginas principales, los motores de búsqueda y las recomendaciones.
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El martes, el Gobierno aprobó un Real Decreto que refuerza las obligaciones de las plataformas de televisión y audiovisuales para promover el cine y las producciones europeas, prestando especial atención a las obras producidas en España y en las lenguas oficiales del Estado. La nueva normativa no se limita a establecer cuotas mínimas de emisión y presencia en los catálogos, sino que introduce la obligación específica de que las plataformas den visibilidad y protagonismo a estos contenidos en sus servicios, para que no queden relegados frente a otras producciones. La normativa, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transformación Digital y de los Servicios Públicos y del Ministerio de Cultura, desarrolla el sistema de fomento de la obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística previsto en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Sus principales objetivos son reforzar la presencia de las producciones europeas en el mercado español, impulsar el trabajo de los productores independientes y fomentar la creación audiovisual en español y en las lenguas cooficiales. que incluyan el cine europeo. Una de las facetas más importantes del Real Decreto es la exigencia de garantizar la inclusión de obras audiovisuales europeas en los servicios de televisión a petición o bajo demanda. Las plataformas de streaming como Movistar Plus, Netflix, HBO Max o Amazon Prime deberán garantizar que estos contenidos tengan una visibilidad adecuada dentro de sus interfaces, lo que significa que no bastará con incorporarlos a sus catálogos para cumplir los requisitos normativos. La obligación afecta directamente a la forma en que los usuarios acceden a las películas y series. Los operadores deberán adoptar medidas para garantizar que las producciones europeas estén disponibles en las páginas principales de sus servicios, cuenten con espacios o secciones específicos y puedan localizarse fácilmente a través de motores de búsqueda y herramientas de navegación. Además, el texto incluye la opción de promover su presencia mediante campañas y acciones publicitarias en las propias plataformas. De este modo, la promoción deja de depender exclusivamente de las decisiones comerciales de cada operador y pasa a formar parte de sus obligaciones reglamentarias. El nuevo requisito tiene por objeto evitar que las producciones europeas cumplan formalmente la cuota de catálogo, pero permanezcan en posiciones secundarias, con escasa visibilidad para los abonados. El Gobierno pretende así intervenir no solo en la composición de la oferta audiovisual, sino también en las condiciones en las que los espectadores descubren y consumen estos contenidos. Esta obligación de protagonismo va acompañada de la cuota mínima del 30 % de obras europeas que deben estar representadas en los catálogos de los servicios a la carta. Dentro de este porcentaje, al menos la mitad deberá estar producida en español o en una de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. También se establecen cuotas específicas para las distintas lenguas cooficiales. Cuotas de emisión. En el caso de la televisión tradicional, los operadores deben reservar al menos el 51 % de su tiempo de emisión anual para obras audiovisuales europeas. Dentro de esta proporción, al menos la mitad deberá corresponder a contenidos en español u otras lenguas oficiales. Además, al menos el 10 % del tiempo de producción deberá ser utilizado por productores independientes para la producción. De estas últimas, al menos la mitad deberá haberse completado durante los cinco años anteriores. El Real Decreto establece asimismo obligaciones específicas para promover las lenguas cooficiales en el caso del prestador público estatal. La financiación inicial de las obras audiovisuales europeas es el segundo ámbito principal en el que se centra el reglamento. La normativa establece porcentajes de inversión obligatorios sobre los ingresos computables de los operadores, con diferencias en función de su naturaleza y volumen de facturación. El organismo público estatal destinará anualmente el 6 % de sus ingresos computables a la financiación de la producción europea. Para los prestadores privados con unos ingresos superiores a 50 millones de euros, la obligación es del 5 %. Las empresas con una facturación de entre 10 y 50 millones estarán sujetas a requisitos específicos adaptados a su volumen de negocio, mientras que aquellas con menos de 10 millones quedarán exentas. Los recursos podrán destinarse a financiar largometrajes, telefilmes, series, documentales y obras de animación. El objetivo es garantizar que parte de los ingresos generados por los servicios audiovisuales contribuya a apoyar la producción europea y, en particular, el tejido de productores independientes. El reglamento también incorpora mecanismos para promover la diversidad lingüística. La distribución de las inversiones para obras en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas tendrá en cuenta el peso demográfico de cada territorio, con mínimos específicos por lengua y aportaciones al fondo para la promoción de la producción audiovisual en lenguas cooficiales. Además, se prevé un tratamiento específico para las inversiones en proyectos creados o dirigidos exclusivamente por mujeres, que contarán con una ponderación especial a efectos del cumplimiento de las obligaciones de financiación. El ámbito de aplicación incluye a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva, tanto lineales como a la carta, establecidos en España, que operen a nivel estatal y sean responsables de sus contenidos. Las obligaciones de financiación se extienden también a determinados operadores establecidos en otros Estados miembros de la UE cuando dirijan comercialmente sus servicios al mercado español. Quedan excluidos determinados servicios especializados en información, deportes, juegos, publicidad o teletexto, así como los prestadores con audiencias reducidas o ingresos inferiores a los umbrales establecidos. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) se encargará de supervisar la aplicación de las nuevas obligaciones. Los operadores deberán presentar periódicamente información sobre sus ingresos computables, la composición de sus catálogos, la programación, la presencia destacada de obras europeas y las inversiones realizadas.
