Los empleados públicos de la Administración General del Estado corren el riesgo de entrar en conflicto con una categoría de personal laboral (es decir, que no son funcionarios de carrera). La negociación de su convenio lleva estancada un año y medio, y muchas de sus condiciones laborales siguen sin concretarse. Entre ellas se incluyen la carrera horizontal, la igualdad salarial del personal o la aceleración de los procesos selectivos. Por este motivo, los principales sindicatos que los representan (CCOO, UGT y CSIF) ya han dado el paso esta semana de convocar diversas protestas y manifestaciones contra el Ministerio de Función Pública, que es su empleador. Seguir leyendo
El estancamiento de las negociaciones con el Gobierno durante el último año y medio aumenta el malestar del colectivo, que convoca protestas contra el Ministerio de Hacienda
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Los empleados públicos de la Administración General del Estado están al borde de la guerra porque pertenecen a la categoría de «personal laboral» (es decir, no son funcionarios de carrera). La negociación de su convenio lleva un año y medio estancada, y muchas de sus condiciones laborales siguen sin resolverse. Entre ellas se encuentran la carrera horizontal, la igualdad salarial del personal o la aceleración de los procesos selectivos. Por este motivo, los principales sindicatos que los representan (CCOO, UGT y CSIF) ya han dado el paso esta semana de convocar diversas protestas y manifestaciones contra el Ministerio de Función Pública, que es su empleador. Debido al estancamiento de los convenios colectivos de este personal y al bloqueo de la jubilación parcial (excepto para quienes trabajan en la Administración General del Estado, donde esta posibilidad acaba de desbloquearse), el sindicato de funcionarios del CSIF ya convocó la semana pasada a estos empleados, que suman en total unas 40 000 personas, para poner en marcha una campaña de movilizaciones el jueves 11 de junio, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid. Y este miércoles fue la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT la que también convocó una concentración por los mismos motivos el próximo martes 16 de junio, ante la misma sede de Hacienda en la capital. La plantilla de la Administración General del Estado está compuesta por 82 775 personas, según datos oficiales, lo que supone alrededor del 40 % del conjunto de los empleados públicos de dicha administración. Sin embargo, los sujetos del IV Convenio Único son aproximadamente 40 000, y el V se está negociando actualmente. El resto (Correos, la Agencia Tributaria, el personal externo, la alta dirección. . . ) queda al margen porque cuenta con sus propios convenios. El coordinador general del Convenio Único de Servicios Públicos de la UGT, Alberto Pablos, ha denunciado este martes, durante la presentación de esta jornada de protesta, el «absoluto abandono» de los trabajadores de la Administración del Estado, que se refleja en el hecho de que, según un estudio presentado por este sindicato, de los 42. 330 puestos establecidos por el IV Convenio Único, solo 25 238 están ocupados. Las principales razones de este elevado número de vacantes (casi el 40 %) son dos: la primera es la lentitud en la convocatoria de las oposiciones públicas convocadas entre 2023 y 2026, incluidas 7. 000 plazas de turno libre comprometidas para la convocatoria de 2023, que ni siquiera se han convocado y que, si no se hace de inmediato, se perderán. Algo que, según los responsables de UGT, «no va a suceder». La segunda razón, según UGT, son las condiciones salariales poco atractivas que se ofrecen a estos profesionales, en muchos casos con oficios altamente cualificados. Según este sindicato, en 2018, la diferencia entre las categorías más bajas de estos trabajadores y el salario mínimo de ese año era de unos 170 € al mes y esta diferencia se ha reducido drásticamente hasta solo 40 €. Por este motivo, tanto UGT como CSIF incluirán su reivindicación de equiparación salarial de este personal con sus homólogos que tienen la condición de funcionarios del Estado. Para todos ellos (trabajadores y funcionarios), el sindicato CC OO exigió el lunes un salario mínimo neto de 1. 500 € al mes para todos los empleados públicos del Estado. Justificó esta reivindicación por el hecho de que el 30 % de las personas que aprueban una plaza en esta administración no llegan a ocuparla debido a sus bajos salarios. Según un informe de la UGT publicado el miércoles, «cuando las plazas necesarias no se convocan durante años o los procesos selectivos se retrasan indefinidamente, los centros de trabajo pierden personal, aumenta la carga de trabajo y la Administración ha perdido su propia capacidad para prestar algunos servicios con medios públicos». En este contexto, han criticado el «creciente uso de fórmulas externas para cubrir servicios esenciales». Algo para lo que, según han señalado, ya se han destinado 40 000 millones de euros en la Administración General del Estado. Las mejoras salariales incluyen también el desarrollo de la carrera horizontal. Esto implica el reconocimiento de la evolución profesional y la experiencia dentro del mismo grupo o categoría, sin necesidad de cambiar de puesto. O lo que es lo mismo, crear la posibilidad de aumentar el salario sin necesidad de ascender.
