El dinero que todas las corporaciones locales mantenían en efectivo y depósitos superó por primera vez a finales del año pasado un nuevo máximo histórico; el número de municipios nunca había sido tan elevado. Para ponerlo en contexto, se trata de una cantidad que equivale a la mitad del gasto público anual en sanidad, es casi equivalente a la inversión acumulada para el desarrollo del tren de alta velocidad en España y más del doble del nivel agregado de la deuda municipal. Pero es probable que no acabe financiando grandes proyectos e inversiones, sino que quede inactiva, como ha ocurrido en la última década, debido a las rígidas restricciones que la ley presupuestaria establece para su uso. Seguir leyendo
El conjunto de las administraciones locales había acumulado 50 470 millones en efectivo y depósitos a finales de 2025, un nuevo récord que duplicaba el importe de su deuda
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El número de municipios nunca había sido tan elevado: el dinero que todas las corporaciones locales tenían en efectivo y depósitos superó por primera vez la barrera de los 50 000 millones de euros a finales del año pasado, un nuevo máximo histórico. Para ponerlo en contexto, se trata de una cantidad que corresponde a la mitad del gasto público anual en sanidad, es casi equivalente a la inversión acumulada para el desarrollo del tren de alta velocidad en España y más del doble del nivel agregado de la deuda municipal. Sin embargo, es probable que no acabe financiando grandes proyectos e inversiones, sino que permanezca inactivo, tal y como ha ocurrido en los últimos diez años, debido a las estrictas restricciones que la ley presupuestaria impone a su uso. El récord de liquidez del sector municipal no es un fenómeno nuevo. Tampoco lo es su infrautilización en inversiones productivas. Desde hace más de una década, las administraciones locales cierran sus ejercicios con superávit, es decir, gastan cada año menos dinero del que ingresan —en términos agregados, ya que hay corporaciones concretas con cuentas muy deterioradas—. La dinámica ha sido especialmente sorprendente en este último lustro plagado de adversidades, desde el revés económico provocado por la COVID hasta la inflación galopante como consecuencia de la invasión de Ucrania, pasando por la congelación de las normas fiscales y el estallido de la crisis inmobiliaria. Así lo demuestra el hecho de que, en los últimos cinco años, desde finales de 2020, el superávit de tesorería de las administraciones locales se haya disparado un formidable 60 %, según el Banco de España, mientras que su deuda ha caído a su nivel más bajo desde la crisis financiera, tanto en términos absolutos (20 729 millones al cierre de 2025) como en relación con el PIB (1, 2 %). Parte de este resultado se debe a la propia naturaleza de los gastos e ingresos de las corporaciones locales, de las que forman parte los ayuntamientos, las diputaciones y otras administraciones similares. Estas entidades se encargan de prestar servicios como el alumbrado y el mantenimiento de la vía pública, el transporte urbano, recogida de basuras o el saneamiento del agua, que tienen una frecuencia recurrente y unos costes relativamente estables en comparación con otros servicios más sensibles al ciclo económico, como la sanidad en el caso de las comunidades —un ejemplo elocuente es la inversión de capital que supuso la COVID— o el desempleo para el Estado, cuya factura suele dispararse cuando la situación económica se deteriora. La lógica es similar en lo que respecta a los ingresos. Entre los principales recursos de las corporaciones locales se encuentra el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, más conocido como IBI. Su recaudación no está sujeta a volatilidad —debe ser abonado cada año por los propietarios de un inmueble— en comparación con otras partidas como el IRPF o el IVA, estrechamente vinculadas a la situación económica del momento y a la evolución del empleo y los salarios. Sin embargo, el marco normativo es lo que más ha influido en la historia reciente de las cuentas municipales. Las normas presupuestarias, que se modificaron tras la Gran Recesión, son especialmente rígidas para las corporaciones locales, tanto en lo que respecta a los objetivos como a la movilización de sus ahorros, ya que su uso está limitado tanto en cantidad como en destino. De ahí la paradoja: las administraciones locales son el nivel de gobierno que más ahorros tiene, pero el que menos libertad tiene para utilizarlos. . El corsé presupuestario. La debacle financiera de 2008 golpeó duramente a la economía mundial y acabó convirtiéndose en una crisis de deuda soberana que puso contra las cuerdas a España y a otros países de la zona del euro. Con estos argumentos, el Gobierno, entonces liderado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó una reforma de la Constitución —con el apoyo de la oposición del PP— mediante la cual consagró el principio de estabilidad presupuestaria. El objetivo era enviar una señal de tranquilidad a los mercados y a los socios comunitarios para ganarse su confianza en medio de la tormenta de los mercados y el riesgo de impago. En 2012, el mismo año del rescate bancario, el Ejecutivo —ya liderado por el PP de Mariano Rajoy— dio un paso más y aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrollaba la reforma constitucional y establecía normas sobre déficit, la deuda y el gasto para todos los niveles de la administración pública, reservando el corsé más rígido a las corporaciones locales: son el único subsector obligado a elaborar sus presupuestos en equilibrio. El superávit de los municipios, que contribuye al denominado «flujo de caja» —una cifra que no se corresponde exactamente con los datos de depósitos y efectivo del Banco de España, pero que refleja el «dinero guardado bajo el colchón»—, debería ser prioritario para reducir la deuda. En caso de que no existan obligaciones pendientes, o de que queden recursos sobrantes tras haber cumplido con esta obligación, una corporación local podrá considerar otros usos. Pero siempre con limitaciones: el uso de los superávits no podrá generar un déficit contable y solo podrá destinarse a una lista cerrada de inversiones —nunca a gastos corrientes— consideradas financieramente sostenibles (IFS), como la vivienda, las carreteras o el alumbrado público. Esta fórmula también está destinada a las comunidades autónomas. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó el martes un acuerdo que permite a los gobiernos autónomos utilizar este año y el próximo el ahorro conseguido en 2025. La gran diferencia es que la ley permite a las comunidades autónomas, al igual que al Estado, incurrir en déficit dentro de ciertos límites. El impacto de esta rigidez fiscal en las cuentas municipales ha sido ambivalente. Por un lado, ha propiciado una consolidación del déficit municipal en un tiempo récord; por otro, ha supuesto que una parte importante de los remanentes de tesorería de las administraciones municipales se convirtiera en dinero ocioso depositado en los bancos, imposible de desbloquear incluso en tiempos de crisis, como puso de manifiesto el duro enfrentamiento entre el Ministerio de Hacienda y los alcaldes durante la pandemia a causa de los ahorros municipales. «Este círculo ya ha dejado de ser virtuoso», afirma César Martínez, investigador y profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid. «Hay corporaciones locales que ni siquiera tienen deuda —o cuya amortización anticipada está penalizada— y el superávit va directamente a los depósitos. Estamos limitando el gasto a los municipios que están totalmente saneados», añade. La flexibilización de la inversión financieramente sostenible en los últimos años tampoco ha contribuido a mejorar la situación. El año pasado, ante las fuertes presiones de gasto y una crisis de acceso a la vivienda cada vez más acuciante, los municipios emplearon solo 268 millones de los más de 3 200 que podían movilizar a través de estos instrumentos, que no se contabilizan a efectos de la norma de gasto. Por ello, los expertos en la materia suelen recomendar una reforma del marco presupuestario al que están sujetas las administraciones locales, que en la actualidad se ha vuelto contraproducente en muchos casos. «Estamos limitando el gasto a los municipios que están totalmente saneados», añade Martínez.
