A pesar de una década de crecimiento económico y creación de empleo, la posición relativa de España en un indicador de pobreza de la población se ha deteriorado. Según un informe de Funcas publicado este lunes, basado en datos de Eurostat, el país ha pasado del puesto 15 al 5 entre los Estados miembros de la UE con mayor porcentaje de personas que sufren privación material y social extrema, según las conclusiones del estudio. En 2015, el indicador afectaba al 7, 4 % de la población española, cifra inferior a la media de la UE, que se situaba en el 9, 7 %. Una década más tarde, la tasa española ascendió al 8, 1 % (alcanzando su máximo en 2023), mientras que la tasa comunitaria descendió al 6, 3 %. Aparte de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría, ningún otro país presentaba un porcentaje más elevado. Para más información, consulte las fuentes facilitadas.
El nivel de privación material y social grave se sitúa actualmente en el 8, 1 %, lo que supone el quinto puesto en la Unión Europea. Esto se produce tras una década de fluctuaciones, durante la cual la mayoría de los socios lograron reducir esta tasa.
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Una década de crecimiento económico y creación de empleo no ha impedido que España empeore su posición relativa en uno de los indicadores que miden la pobreza de la población. El país ha pasado del decimoquinto al quinto puesto entre los Estados miembros de la UE con mayor proporción de personas en situación de privación material y social grave, según un informe publicado este lunes por Funcas a partir de datos de Eurostat. En 2015, el indicador afectaba al 7, 4 % de la población española, frente al 9, 7 % de media en la UE. Diez años después, la tasa nacional es del 8, 1 % (tras alcanzar su máximo en 2023), mientras que la tasa comunitaria ha descendido al 6, 3 %. Solo Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría registraban porcentajes más elevados.
Esta evolución refleja una divergencia entre España y gran parte de sus socios europeos. Según el informe, varios países que partían de niveles más elevados de privación han logrado reducirlos durante la última década, mientras que España ha perdido terreno a pesar de la expansión de su economía, especialmente en los últimos años, y de la mejora de la tasa de empleo y la reducción del desempleo. El crecimiento del producto interior bruto (PIB) ha mejorado las grandes cifras macroeconómicas, pero sus efectos no se han traducido en una reducción equivalente de las dificultades a las que se enfrentan los hogares con menos recursos. Por el contrario, la brecha con Europa se ha ampliado.
El deterioro relativo no se distribuye de manera uniforme entre la población. Los hogares con niños soportan una carga mayor y, por lo tanto, la tasa supera la media nacional, una diferencia que pone de manifiesto las dificultades añadidas que supone mantener a una familia cuando los ingresos no bastan para cubrir todos los gastos. En 2025, la tasa de privación material y social grave alcanzó el 10, 7 % entre las familias con hijos menores de 16 años, frente al 8, 1 % del conjunto de la población. Esta diferencia de más de dos puntos porcentuales se explica por el hecho de que la crianza de los hijos supone gastos recurrentes —desde la alimentación hasta la vivienda y el material escolar— que dejan menos margen para hacer frente a imprevistos cuando el presupuesto familiar ya está ajustado.
Funcas considera a este colectivo una prioridad en las políticas sociales. Entre las medidas que propone figuran las transferencias económicas por hijo, las ayudas a la vivienda y el acceso asequible a servicios como la educación infantil, así como ayudas para el comedor escolar y el material escolar. En cuanto a la población en edad de trabajar, el informe también señala la necesidad de reforzar la protección mediante empleos más estables, mejores salarios y acceso a una vivienda que no absorba una parte excesiva de los ingresos.
La situación es diferente entre las personas mayores de 65 años. En este grupo, la tasa de privación material y social grave se situó en el 4, 7 % en 2025, casi la mitad que la del conjunto de la población. Esta diferencia contrasta con las dificultades a las que se enfrentan otros segmentos de edad y pone de relieve el papel que desempeñan los ingresos regulares, como las pensiones, en el coste de los gastos diarios. Las prestaciones públicas constituyen una fuente de ingresos más predecible que los salarios en los hogares expuestos a la inestabilidad laboral, aunque dicha protección no elimina las situaciones de vulnerabilidad entre las personas mayores.
En cualquier caso, la evolución de este colectivo refleja la importancia de este tipo de prestaciones. Entre 2015 y 2018, la tasa de privación material y social grave entre las personas mayores aumentó del 3, 5 % al 8, 1 % como consecuencia de las medidas de ajuste adoptadas por el entonces presidente Mariano Rajoy. Sin embargo, en los años siguientes, la mejora de las pensiones ha contribuido a recuperar parte del terreno perdido, situando el indicador en el 4, 7 % en 2025. La trayectoria sugiere que la evolución de la renta disponible y la capacidad de las políticas públicas para protegerla pueden marcar diferencias significativas en las condiciones de vida. El informe no presenta esta brecha como un enfrentamiento entre generaciones, sino como un indicio de que la protección social tiene efectos diferentes según las políticas aplicadas.
Para interpretar la evolución de la población en su conjunto con respecto a la Unión Europea, es necesario tener en cuenta un cambio en las estadísticas europeas que dificulta la comparación con algunas de las series publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eurostat ha establecido como referencia principal la tasa de privación material y social grave, sustituyendo a la tradicional tasa de privación material grave que sigue apareciendo en las estadísticas nacionales. Aunque ambos indicadores se elaboran a partir de la Encuesta sobre las Condiciones de Vida, no miden exactamente lo mismo ni utilizan los mismos umbrales. El resultado es que cambia la imagen global de la población en situación de pobreza.
El indicador tradicional tenía en cuenta nueve privaciones materiales a nivel doméstico y clasificaba a una persona en una situación grave cuando su hogar no podía permitirse al menos cuatro de ellas. Entre ellas se incluían no poder hacer frente a gastos imprevistos, acumular retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca y no disponer de los recursos necesarios para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El nuevo indicador amplía la medición a 13 elementos —siete para el hogar y seis para cada persona— y establece el umbral de privación grave en siete carencias. Además de las dificultades para hacer frente a los gastos domésticos, hay otras que afectan a la vida cotidiana, como no poder renovar los muebles viejos, no poder renovar el vestuario, no disponer de dinero para pequeños gastos personales o no poder quedar con amigos para salir al menos una vez al mes por falta de dinero.
La diferencia entre ambos indicadores ayuda a explicar por qué las estadísticas no coinciden. La tasa tradicional de carencias materiales graves es más sensible al PIB y a las variaciones económicas relacionadas con la inflación. Por eso disminuyó entre 2015 y 2019, repuntó tras la pandemia y la crisis inflacionaria resultante, y se restableció en el 7, 6 % el año pasado. Por otra parte, la tasa de privación material y social grave se ha mantenido en torno al 8 % en los últimos diez años (8 %) frente al 8 % del año pasado. Incorpora dimensiones sociales y personales, lo que refleja dificultades que no desaparecen necesariamente con la reducción de precios o la creación de empleo. La Funcas llegó a la conclusión de que la mejora de los principales indicadores macroeconómicos por sí sola no puede eliminar la pobreza que afecta a una parte de la población.
