Los recursos financieros de Vivanta se han agotado, lo que ha llevado a la decisión de cerrar todas las clínicas dentales que gestionaba, a partir del lunes. El grupo no ha podido continuar con su actividad tras la expiración, el 21 de octubre, de la propuesta de compra del Grupo Donte —que cuenta con marcas de higiene bucodental como Vitaldent—, a la espera de la decisión de la Comisión Europea sobre el rescate público de 40 millones de euros concedido en 2022. Puedes encontrar más información aquí.
El Grupo Aestes está barajando varias opciones para mantener la actividad, ya que la competencia se enfrenta a un obstáculo debido a su investigación por parte de la Comisión Europea.
Noticia de MRSS-S
Vivanta se ha quedado sin recursos y ha cerrado todas sus clínicas dentales desde el lunes. El grupo no pudo mantener la actividad una vez que expiró, el 21 de octubre, la oferta de compra del Grupo Donte —propietario de marcas de salud bucodental como Vitaldent—, a la espera de la decisión de la Comisión Europea sobre el rescate público de 40 millones de euros concedido en 2022.
Fuentes conocedoras del proceso han informado de que los propietarios de la red de clínicas dentales, que buscaban un plan de contingencia para mantener viva la actividad, junto con el director de la sucursal de la firma FTI & Partners, han puesto en marcha las medidas necesarias para una liquidación ordenada. Esto implica el cierre de los establecimientos con el fin de preservar la liquidez.
Esta situación se produce en un momento en el que el concurso de acreedores se encuentra paralizado después de que el juez que lo lleva a cabo consultara a la Comisión Europea si la venta de la empresa, propiedad del Grupo Aestes, tenía alguna implicación jurídica con respecto a la ayuda pública de 40 millones que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le concedió en 2022 para evitar su cierre como consecuencia de la pandemia.
La SEPI instó al juez a realizar la consulta tras oponerse a la oferta de Orion Bidco, una sociedad instrumental del fondo canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP) y propietaria del Grupo Donte, al considerar que el cambio de propietario no eximía de la deuda. En caso de que quedara exenta de esta parte de la responsabilidad, la sociedad pública advirtió de que debía contar con la autorización del Ejecutivo de la Comunidad para que el rescate no fuera declarado ayuda estatal contraria a la legislación europea.
Aunque el juez concedió 10 días a Bruselas, la oferta de los propietarios de Vitaldent —que se prorrogó en los dos últimos meses— ha caducado, lo que deja a Vivanta en una situación delicada. La propuesta, que contaba con el respaldo del administrador concursal —un experto de FTI & Partners—, preveía la adquisición de 61 clínicas de las aproximadamente 130 que forman parte del perímetro de Aestes, la subrogación de 656 contratos de los 1, 335 empleados en activo, con la sustitución del equipo directivo, el compromiso de atender los 30 000 tratamientos dentales en curso o pendientes de realización en toda la red de Vivanta, cuyo coste asciende a aproximadamente 36, 9 millones, una financiación puente de hasta 16, 5 millones de euros y el pago en efectivo de 3, 35 millones de euros.
Las mismas fuentes consultadas señalan que el hecho de que haya entrado en fase de liquidación no pone fin al concurso de acreedores, ya que aún está pendiente la resolución de Bruselas. Si la Comisión autorizara la venta de la empresa, se abriría la puerta a recibir nuevas ofertas por la totalidad o parte del perímetro de Aestes, o incluso una nueva oferta del Grupo Donte, si este mantiene su interés.
En una carta enviada al tribunal el 5 de octubre, el administrador judicial solicitó que no se congelara el concurso y subrayó que era la única salida viable para Vivanta. Por lo tanto, incluía una previsión de tesorería semanal que advertía de la fragilidad financiera del grupo: con los gastos previstos y los fondos disponibles, la empresa podría seguir operando «hasta la semana del 16 al 22 de octubre». El efectivo disponible ascendería a 26 125 euros al final de esa semana, una vez realizados los pagos necesarios para la continuidad de la actividad.
Además, el informe alertaba sobre un nuevo problema de liquidez en la última semana del mes, cuando se concentran los pagos de nóminas y de la Seguridad Social. «La situación se agrava durante la semana del 23 al 31 de octubre, cuando la atención se centra en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y las nóminas (2, 30 millones de dólares)» Según él, en esa semana, la previsión apunta a un déficit de tesorería de 2, 99 millones de euros.
