La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) se creó tras el crack de 1929, con el objetivo de infundir confianza en los mercados de capitales públicos. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que, de hecho, otorga amplios poderes al presidente del Gobierno, puede poner en peligro la imagen de fuerte independencia que tradicionalmente ha caracterizado a este organismo. Seguir leyendo
La armadura que protegía a sus cinco comisionados del poder político se ha perdido en manos del gestor bursátil estadounidense.
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La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) se creó tras el crack de 1929, con el objetivo de infundir confianza en los mercados de capitales públicos. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que, de hecho, otorga amplios poderes al presidente del Gobierno, puede poner en peligro la imagen de fuerte independencia que tradicionalmente ha caracterizado a este organismo. Proteger a los inversores, garantizar unos mercados justos, ordenados y eficientes, y promover la formación de capital. Esta es la labor de la SEC, según la propia ESA, cuyo triple mandato y trayectoria se han convertido en un referente mundial. Sin embargo, los acontecimientos recientes amenazan esta posición. El origen se remonta al despido por parte de Donald Trump de Rebecca Kelly Slaughter, representante de la Comisión Federal de Comercio, la autoridad estadounidense en materia de competencia y protección del consumidor. A la luz del recurso presentado por Slaughter, el Tribunal Supremo ha desestimado su solicitud, después de que Trump la destituyera sin que mediara ningún delito, algo que —hasta ahora— era necesario para justificar su cese. Este revés puede tener consecuencias indirectas para organismos con una estructura similar, como la ESA, ya que en EE. UU. una «Comisión» suele ser una forma específica de agencia federal independiente. En su caso, los cinco comisionados son nombrados por el presidente de los Estados Unidos y deben ser confirmados por el Senado. A continuación, el presidente nombra a uno de ellos como presidente. Una vez confirmados, gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la reciente sentencia otorga a Trump y a los futuros presidentes un mayor control y, en la práctica, pone fin al carácter independiente de los organismos reguladores. El bufete especializado Holland & Knight ya ha emitido su aviso a los operadores: «Las empresas que cotizan en bolsa, los asesores, los intermediarios y otras entidades reguladas por la SEC deben prepararse para posibles cambios en las prioridades de supervisión, los requisitos de información y la agenda regulatoria». Cabe destacar cómo el expresidente de la SEC, Gary Gensler, dimitió voluntariamente tras la llegada de Trump, anticipándose a un cese que consideraba inevitable. Para los inversores, este revés supone una ruptura en la arquitectura institucional del mercado de capitales más importante del mundo. Sería ingenuo pensar que la naturaleza de la supervisión reguladora no se verá alterada. No se trata solo de si un intermediario manipula el mercado, si un proveedor de criptoactivos engaña a los inversores, si un banco oculta riesgos o si una empresa cotizada falsifica sus cuentas. La primera pregunta será: ¿Está la aplicación de las leyes en consonancia con la postura política de la Casa Blanca? Esto no significa necesariamente que las investigaciones de la SEC tengan repercusiones políticas, pero sí impone limitaciones a su desarrollo. No hay duda de que la supuesta solidez de la protección de los inversores en EE. UU. siempre ha tenido algo de mito. Ante las crisis recientes, la SEC respondió abriendo investigaciones y adoptando medidas como la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 —para reforzar la fiabilidad de la información financiera— y la Ley Dodd-Frank de 2010, que endureció la supervisión del sistema financiero. El cumplimiento de las normas no solo depende de la independencia real, sino también de la confianza en dicha independencia. Si esa confianza se ve mermada, los incentivos también cambian. Los mecanismos internos de gobierno corporativo podrían relajarse ante unos controles más laxos, en detrimento de sus propios accionistas. Los inversores deberían preguntarse si la aplicación de la legislación, las prioridades de investigación y el régimen de sanciones seguirán ejerciéndose con el mismo rigor cuando entren en conflicto con la línea política dominante. La Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) ya ofrece un ejemplo del grado en que las preferencias políticas pueden tener un rápido impacto en los mercados de importancia sistémica. Los agentes están bajo el control de la FHFA, que son la principal fuente de liquidez del mercado inmobiliario estadounidense y desempeñan un papel crucial en el mercado hipotecario estadounidense. Desde marzo de 2025, William Pulte, un colaborador cercano de Trump, dirige la FHFA. Tras tres meses en el cargo, encargó la elaboración de propuestas para que las criptomonedas pudieran ser reconocidas como activos de reserva en la evaluación del riesgo hipotecario, sin necesidad de convertirlas previamente a dólares, siempre que pudieran verificarse en plataformas estadounidenses reguladas. Los senadores demócratas advirtieron, con razón, de los riesgos que entraña dicho estudio, ya que se introduciría en el núcleo del sistema hipotecario estadounidense un mercado altamente volátil, con un marco regulatorio aún incipiente. La historia y la tradición de la SEC deberían seguir sirviendo de guía. Sin embargo, la amplitud del mercado estadounidense no compensa la distancia institucional. Y es precisamente esa distancia lo que está hoy en juego. Christof Schürmann, analista de investigación sénior del Instituto de Investigación Flossbach von Storch
