El nuevo Reglamento europeo sobre envases y residuos (PPWR) entra en vigor de forma gradual a partir de este miércoles. La normativa introduce nuevos requisitos de diseño para facilitar la reutilización y el reciclaje de los productos, así como para reducir el uso de envases, e impone cambios en los sistemas de comercialización, recogida y gestión de residuos. Aunque algunas de sus medidas se aplicarán de forma gradual —los sobres individuales de ketchup, aceite o azúcar, por ejemplo, no desaparecerán de los lineales hasta 2030—, las empresas deben empezar a adaptar sus productos, procesos y sistemas logísticos a los nuevos requisitos. Y tanto los supermercados como los fabricantes y las empresas de restauración prevén que parte de ese esfuerzo acabará repercutiendo en los precios que pagan los consumidores. Seguir leyendo
La reforma de Bruselas entra en vigor este miércoles imponiendo un control estricto y las empresas afirman que tendrán que realizar inversiones millonarias para adaptarse
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El nuevo Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos (PPWR) se está aplicando gradualmente a partir de este miércoles. La normativa introduce nuevos requisitos de diseño para facilitar la reutilización y el reciclaje de los productos, así como para reducir el uso de envases, e impone cambios en los sistemas de comercialización y de recogida y gestión de residuos. Aunque algunas de sus medidas tendrán una aplicación gradual —los sobres individuales de ketchup, aceite o azúcar, por ejemplo, no desaparecerán de los establecimientos hasta 2030—, las empresas deben empezar a adaptar sus productos, procesos y sistemas logísticos a los nuevos requisitos. Y tanto los supermercados como los fabricantes y las empresas de restauración prevén que parte de ese esfuerzo acabará repercutiendo en los precios que pagan los consumidores. Por el momento no hay estimaciones sobre a cuánto podría ascender el coste de la cesta de la compra o el de comer fuera de casa. Sin embargo, las asociaciones de consumidores señalan que es responsabilidad del Gobierno garantizar que esto no suceda. En cualquier caso, el cambio no se traducirá en una desaparición inmediata de los plásticos o de los sobres monodosis de las tiendas y bares, ya que esa restricción física no entrará en vigor hasta 2030. Lo que comienza es la parte administrativa y fiscal de la normativa. Desde esta semana, cualquier empresa fabricante o envasadora tiene la obligación legal de estar inscrita en un registro oficial, bajo pena de que se prohíba la venta de sus productos, mientras que los supermercados y los distribuidores asumen la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la ley. Además, se está poniendo en marcha el nuevo Marco de Responsabilidad Ampliada del Productor, un mecanismo que exige a las empresas asumir el coste total de la recogida y el tratamiento de sus residuos mediante tasas de «liquidación». Esto significa que, cuanto más complejo y pesado sea el diseño de sus envases, más dinero pagarán las marcas a los sistemas de reciclaje. Según ellos, esta nueva normativa añade costes a una cadena que ya tiene que pagar más por los salarios, la energía, los alimentos y el transporte. La norma tiene un impacto económico relevante en todos los eslabones de la cadena, desde los fabricantes hasta la distribución y la hostelería. Según las cifras de la asociación industrial alemana Fachpack, el mercado europeo de los envases creció en unos 15 000 millones de euros en 2024 hasta alcanzar los 18 000 millones de euros en 2029. En los próximos cuatro años, las empresas tendrán que invertir en nuevos materiales, rediseñar los envases y modificar parte de sus operaciones para cumplir con la normativa. Julio López, responsable de la Oficina de Asuntos Corporativos de Ecoembes, explica que las empresas que mejoren sus envases desde el punto de vista medioambiental podrán beneficiarse de tarifas más bajas, pero eso requiere una inversión que no todas las empresas pueden asumir de forma inmediata. A este gasto hay que añadir el coste de adaptar la logística al futuro Sistema de Depósito, Devolución y Reciclaje (SDDR), un mecanismo que Bruselas exige implantar antes de enero de 2029 para las botellas de plástico de un solo uso y las latas de hasta tres litros. La normativa deja margen para que cada país diseñe el sistema según sus necesidades. En el caso de España, el consumidor adelantará al menos 10 céntimos por envase y recuperará el dinero al devolverlo, tal y como explica Ecoembes. Los comercios se encargarán de recoger estos envases y de custodiarlos hasta su retirada, lo que les obligará a reservar espacio e instalar, en algunos casos, máquinas de devolución. Está previsto que el modelo se implante en España en noviembre de este año, en virtud del Real Decreto sobre Envases que el Gobierno español aprobó a finales de 2022 (antes del acuerdo de Bruselas). Esta normativa ya preveía la aplicación del SDDR si no se alcanzaba el objetivo nacional de recogida selectiva de botellas de plástico. En 2023, la tasa fue del 41 %, frente al 70 % previsto. Más allá del calendario, el problema para el sector es eminentemente logístico. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) advierte de que esto supone un problema para los pequeños establecimientos urbanos, donde el espacio de almacenamiento es limitado. Sin embargo, Eva Kreisler, experta en sostenibilidad de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), insiste en que el éxito de este modelo «está ampliamente contrastado en 50 países y regiones de todo el mundo que recuperan, de media, el 90 % de las bebidas para su reutilización o reciclaje». Varios paquetes de huevos envueltos en una caja, en un supermercado de Madrid. Foto de archivo. Cristina Arias (Cristina Arias). El impacto será aún mayor en el transporte de mercancías. A partir de 2030, el 40 % de determinados envases deberá ser reutilizable, lo que obligará a las empresas a modificar sus sistemas de distribución y a asumir nuevos costes de recogida, almacenamiento, limpieza y devolución a la cadena de suministro de estos envases. El sector advierte además de que algunos formatos actuales no son compatibles con los requisitos de seguridad de las cadenas de suministro internacionales. En bares y restaurantes, el cambio más evidente se producirá dentro de aproximadamente cuatro años, cuando los sobres monodosis sean sustituidos por envases reutilizables u otros formatos. Emilio Gallego, secretario general de Hoteles de España, señaló que, en algunos casos, esto podría suponer un ahorro. Este es el caso del aceite de oliva, cuyo coste por litro se reduciría. Pero esto tiene su contrapartida, y es que los nuevos sistemas requerirán más agua, energía, equipamiento y tiempo de trabajo para su limpieza y mantenimiento. La asociación empresarial Marche de Restación, que agrupa a unas 170 marcas, advierte de que «aún no existen soluciones totalmente viables y escalables para 2030 que sustituyan los envases de ración individual sin generar otros impactos negativos». El problema, por lo tanto, no es solo encontrar un envase alternativo, sino organizar todo lo que viene después. Es decir, limpiarlo, transportarlo, almacenarlo y volver a ponerlo en circulación. Repercusión en el cliente. Las asociaciones empresariales y los analistas consultados coinciden en que, a medida que aumenten los costes de adaptación, habrá presión para repercutir una parte en el precio final. Pero Kreisler insiste en que los consumidores «no deberían asumir el coste del reciclaje de los envases, ni de ninguna de las nuevas obligaciones que la industria debe asumir. Al contrario, debería suponer un ahorro». El analista también señala la responsabilidad del Gobierno de establecer medidas de seguimiento para controlar estas prácticas. El Ministerio de Transición Ecológica está evitando por el momento entrar en el debate. Los precios, afirma un portavoz del departamento que dirige Sara Aagesen, son «decisiones del mercado». La patronal del sector de la restauración advierte de que, dado que «el sector hotelero afronta esta transición en un contexto de aumento generalizado de los costes —salarios, energía, alimentos, impuestos—», el nuevo escenario «probablemente conllevará una transferencia parcial de los costes al precio final, algo difícil de evitar si aumentan las inversiones y los costes recurrentes». Paralelamente, Asedas subraya que «la adaptación requerirá inversiones por parte de toda la cadena de valor», lo que exigirá soluciones que hagan compatible la sostenibilidad con «la accesibilidad económica para los consumidores». El impacto no será inmediato ni uniforme. Algunas empresas podrán absorber una mayor parte del impacto económico o beneficiarse de envases más eficientes. Otras, especialmente aquellas que trabajan con formatos difíciles de reciclar o que requieren fuertes inversiones para adaptar sus operaciones, tendrán menos margen de maniobra. A medio y largo plazo, la presión sobre los precios también podría provenir de los materiales necesarios para cumplir la norma. La normativa exige que algunos envases contengan cada vez más plástico reciclado, pero los materiales aptos para el contacto con alimentos siguen siendo más caros debido a que su producción es escasa y la demanda es baja. En Europa, la diferencia de precio entre este material y el denominado PET virgen ha alcanzado los 650 euros por tonelada. Las organizaciones también advierten de que la capacidad europea para recuperar y clasificar estos materiales sigue siendo insuficiente y está muy fragmentada entre los distintos países. Hay otra forma en que la normativa puede acabar afectando al bolsillo del consumidor, aunque es mucho más difícil de cuantificar: la vida útil de los alimentos. Las organizaciones advierten de que el plástico de determinados productos frescos los protege durante el transporte y prolonga su vida útil. Desde Ecoembes y Asedas recuerdan que la nueva norma permite excepciones si se demuestra una necesidad técnica de protección para conservar los alimentos. En cualquier caso, sin embargo, existen varios estudios sectoriales que sugieren que una eliminación precipitada de estos sistemas de envases puede dar lugar a mayores índices de residuos tanto en la cadena de distribución como en los hogares.
