Cuando la Ley 28/2022 entró en vigor en enero de 2023, España hizo algo que pocos países europeos habían hecho hasta entonces: reconocer en el BOE que las empresas emergentes tienen su propia lógica y merecen su propio marco normativo. Ese gesto tiene más importancia de lo que parece. Más de tres años después, es hora de hacer balance. Un balance honesto, sin halagos vacíos, pero también sin perder de vista lo que está en juego. . Seguir leyendo
El marco que propició la creación de las empresas emergentes en España se está agotando justo cuando estas empiezan a despegar.
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Cuando la Ley 28/2022 entró en vigor en enero de 2023, España hizo algo que pocos países europeos habían hecho hasta entonces: reconocer en el BOE que las empresas emergentes tienen su propia lógica y merecen su propio marco normativo. Ese gesto tiene más importancia de lo que parece. Es hora de hacer balance, más de tres años después. Un gesto sincero, sin halagos vacíos, pero tampoco sin perder de vista lo que está en juego. . Y ya está dando sus frutos. El avance más tangible se produce en la fiscalidad de las acciones. Antes de la ley, la exención de las opciones sobre acciones para los empleados era de 12 000 euros al año, una cifra que hacía que esta herramienta resultara prácticamente inútil para retener a perfiles de alto nivel. La ley elevó este límite a 50 000 euros y, lo que es más importante, diferió la tributación hasta el momento en que las acciones se liquiden. Antes, un empleado podía recibir acciones de una empresa no cotizada y verse obligado a pagar impuestos por una ganancia a la que aún no podía acceder. Era un mecanismo que desincentivaba precisamente lo que pretendía fomentar. Eso se ha solucionado. El régimen fiscal del carried interest también mejoró: los gestores de fondos tributan ahora sus beneficios al 50 % de la base imponible del IRPF, lo que acerca el tratamiento español al de otros ecosistemas europeos. Para un país que durante años vio cómo sus mejores gestores se fijaban en Luxemburgo, no es un detalle menor. Los datos del «Spain Ecosystem Report 2026», elaborado por Dealroom en colaboración con K Fund, BBVA Spark, Endeavor y ENISA, entre otros, confirman la tendencia: en 2025, las startups españolas recaudaron 3. 1 mil millones de euros en capital riesgo, lo que sitúa a España como el octavo ecosistema tecnológico europeo por valor. El valor total del ecosistema supera los 125 mil millones de euros, 2, 3 veces más que en 2020. Las cifras van en la dirección correcta, y el marco es importante. Lo cual puede mejorarse. Para beneficiarse de la ley es necesaria la certificación de ENISA, un proceso que evalúa el carácter innovador y escalable del proyecto. Con más de 2. 100 startups ya certificadas, el sistema funciona, pero sigue generando fricciones allí donde la ley prometía agilidad. El siguiente cambio obvio es la digitalización completa de los trámites. Y la definición temporal de «start-up» —cinco años como límite general y siete en biotecnología o energía— merece ser revisada para sectores con ciclos de desarrollo más largos. Una empresa de «deep tech» no debería perder su cobertura cuando la necesita por primera vez. La gran oportunidad: las «scale-ups». Este es el argumento más importante de esta reflexión y, paradójicamente, el menos presente en el debate político. La Ley de Startups se diseñó para la fase de nacimiento. La próxima reforma debería diseñarse para la fase de crecimiento. No es una preocupación exclusiva del ecosistema emprendedor. En un acto con motivo del 40. º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, resumió el reto con una frase que también debería servir de hoja de ruta para nuestro país: «Europa necesita crecer cada vez más rápido». Ese es precisamente el próximo reto de España. Y ese reto vale mucho dinero. Las «scale-ups» españolas —empresas que han validado su modelo de negocio, crecen más de un 20 % al año y tienen vocación internacional— ya generan unos 9 000 millones de euros 8 mil millones al año y dan empleo a más de 65 000 personas. Representan solo el 0, 7 % del tejido empresarial español. El potencial de crecimiento es, por tanto, enorme. El problema estructural es bien conocido por quienes trabajan en este ecosistema: cuando una start-up certificada por la ENISA supera los cinco años o los diez millones de facturación, cae en el «huérfano regulatorio». Pasa a tributar como cualquier gran empresa, a competir por el talento sin las herramientas de capital que tenía en fases anteriores y a crecer sin instrumentos diseñados para su etapa. El 61 % de las scale-ups españolas identifican los retos normativos como el principal freno a su crecimiento, según el informe «Ecocosystem Scale-up 2024» elaborado por EsTech y Deloitte. No se trata de una queja. Es una señal de que existe una demanda real de crecer más, y de que el marco normativo puede convertirse en el catalizador que lo haga posible. El Plan Nacional de Escalabilidad, impulsado por EsTech y Adigital con el apoyo de organizaciones como K Fund, SpainCap, BME, Endeavor y Wayra, lleva meses articulando propuestas concretas en cinco ámbitos: ampliar el alcance de la Ley de Startups a las empresas en crecimiento, diversificar las fuentes de financiación, atraer y retener el talento, reforzar el liderazgo español en Europa y construir una narrativa compartida sobre nuestros campeones tecnológicos. Entre las medidas más directas: ampliar los beneficios de la certificación a las empresas que hayan superado los plazos actuales, crear nuevos regímenes fiscales que fomenten el crecimiento en fases avanzadas y promover el acceso de estas empresas a los mercados de capitales españoles. SpainCap, que representa a más del 90 % de las instituciones de capital privado en España, ha subrayado que contar con un tejido sólido de empresas en fase de expansión es esencial para la competitividad del país y que este plan constituye una guía clave para abordar los retos específicos a los que se enfrentan estas empresas. No se trata de peticiones empresariales. Son instrumentos de política económica alineados con una prioridad que comparten hoy en día las principales instituciones europeas. Tienen referencias concretas: el programa «EU Inc. », la Iniciativa de Campeones Tecnológicos Europeos del BEI y la Estrategia para Startups y Scaleups de la Comisión Europea, publicada en mayo de 2025, que aborda por primera vez el ciclo completo de la empresa tecnológica, desde su nacimiento hasta su consolidación, como una prioridad continental. España tiene la oportunidad de liderar ese debate en Europa. Por eso es necesario que ella esté presente desde el principio. La segunda parte de la historia. Los datos allanan el camino. En 2025, las operaciones superiores a 50 millones de euros representaron solo el 4 % de las rondas de financiación, pero concentraron el 44 % del capital invertido, muy por debajo de su peso en los principales ecosistemas europeos. No ha surgido ningún nuevo «unicornio» en el último año. . España crea buenas empresas. El siguiente reto es hacerlas crecer mejor, y para ello se necesita la segunda parte del marco. La Ley de Startups fue el primer capítulo de una historia que merece ser seguida. España tiene el talento, el ecosistema y las empresas. Lo que se necesita ahora es un marco que permita a estas empresas crecer cada vez más rápido sin dejar de hacerlo desde España. En un momento en el que la soberanía tecnológica ha dejado de ser un concepto académico para convertirse en una variable de la competitividad nacional, este debate va mucho más allá del ecosistema emprendedor. Las scale-ups españolas no son solo empresas de alto crecimiento. Forman parte de la respuesta a la pregunta de qué tipo de economía quiere ser España en los próximos 20 años. El Plan Nacional de Escalabilidad debería aspirar a ser un pacto de Estado precisamente por eso: porque crear líderes tecnológicos desde aquí no es una agenda sectorial. Es una agenda nacional. Scarina Szpilka es socia fundadora de K Fund
