El acceso a una vivienda asequible es un problema importante para los europeos. Y Bruselas también siente la presión para poner fin a esa crisis. En este contexto, la Comisión Europea presentó el miércoles un reglamento que, entre otras cosas, pretende frenar el alquiler a corto plazo, impulsado por plataformas digitales como Airbnb o Booking, y que se ha identificado como una de las causas del aumento de los precios. El Ejecutivo Comunitario impone ahora restricciones a esta actividad, siempre que sean «proporcionales» y «temporales». Las autoridades nacionales, regionales o locales, que tienen competencia para regular la vivienda y ya han puesto en marcha iniciativas en algunas ciudades, son las encargadas de tomar la decisión de aplicar la medida restrictiva. Seguir leyendo
La Comisión pide a los países que adopten medidas restrictivas «proporcionales y temporales»
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Bruselas también siente la presión pública sobre las autoridades para poner fin a la crisis de acceso a la vivienda en muchas ciudades europeas. En este contexto, la Comisión Europea presentó este miércoles un reglamento en el que, entre otras cosas, señala el alquiler a corto plazo, impulsado por plataformas digitales como Airbnb o Booking, como una de las causas del aumento de los precios y propone establecer límites a esta actividad, siempre que sean «proporcionales» y «temporales». Las autoridades nacionales, regionales o locales tienen la responsabilidad de tomar la decisión de aplicar la medida de restricción. Con esta medida, la Comisión ofrece a los ayuntamientos y gobiernos una «base común» y propone una serie de criterios para determinar las zonas con dificultades, al tiempo que busca aportar seguridad jurídica ante la continua judicialización de las iniciativas que están adoptando muchas ciudades. La normativa propuesta, que ahora inicia su tramitación en el Parlamento Europeo y en el Consejo (es decir, entre los Estados miembros), se aplica a las medidas adoptadas una vez que entre en vigor la normativa europea, no a las anteriores. Por lo tanto, no supone una desautorización de lo que ya han adoptado ciudades como Barcelona, Chamonix (Francia), el estado de Baviera (Alemania) o los Países Bajos, con restricciones más estrictas que el mínimo que ahora se establece en Bruselas. Tampoco, según señala el ejecutivo de la UE, supone una garantía. «No estamos en contra de los alquileres a corto plazo en principio, al contrario», afirmó el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, en una reunión con periodistas de diversos medios europeos, entre ellos EL PAÍS. «Pero —y hay un “pero” muy importante— vemos en muchas ciudades de toda Europa, y lo he oído una y otra vez de boca de alcaldes, miembros de las comunidades locales, diputados y ministros cada vez que he viajado por la Unión durante el último año y medio, que esto se ha convertido en un verdadero problema. Está provocando un aumento de los precios de la vida cotidiana en muchas ciudades. A veces incluso está obligando a la gente a abandonar sus hogares. Y esto es, por supuesto, totalmente inaceptable. «Por eso presentamos una propuesta legislativa que, en primer lugar, permitirá a las ciudades definir zonas concretas con problemas», ha detallado. «Por primera vez, Europa establece un marco jurídico para apoyar a las ciudades ante la crisis de la vivienda y comparte recomendaciones y buenas prácticas en materia de política de vivienda. Este marco común es especialmente relevante porque los alcaldes de distintos signos políticos, de distintos países y en contextos muy diferentes nos han pedido lo mismo: que Europa establezca un marco común que les permita adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda», afirma la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera. «Tenemos la obligación de sumarnos a los esfuerzos de las autoridades locales y nacionales», ha señalado la socialista española, quien ha recordado que este es el segundo paquete de medidas adoptadas por Bruselas para hacer frente a la crisis de la vivienda, ya que el año pasado se flexibilizaron los fondos europeos para que los recursos pudieran destinarse a combatirla. El reglamento establece una serie de criterios que permitirían a las autoridades declarar una zona como «en situación de tensión» y, por lo tanto, aplicar las restricciones. Uno de ellos es que el precio medio de una vivienda debe ser, como mínimo, ocho veces la renta disponible per cápita de sus habitantes, según el documento comunitario. Además, esa relación entre precio e ingresos debe haber ido aumentando a lo largo de la última década. No obstante, abre la puerta a aplicar esa definición por sí sola (sin el resto de criterios) también cuando el desequilibrio es especialmente grande: si la proporción alcanza o supera las diez veces los ingresos. . Bruselas —que establece que estos criterios se revisen cada cinco años— señala asimismo que, para aplicar el nuevo marco europeo, las autoridades deben demostrar (basándose en las tendencias demográficas y en los datos de oferta y demanda) que es poco probable que la tensión disminuya en los próximos tres años.
