Hace solo unos días, el presidente del Gobierno anunció el fin de la legislatura debido al retraso, ya previsto, de la votación sobre los decretos de vivienda. Por eso, aprovechando la situación —nunca mejor dicho—, nos corresponde hacer balance. Antes, sin embargo, cabe señalar que, para no caer en los temas habituales, debemos entender que un gobierno tiene poca influencia a corto plazo sobre magnitudes como el crecimiento o la inflación, y más sobre elementos relacionados con la normativa, el presupuesto o los impuestos. Aun así, y siempre con el objetivo de matizar el grado de responsabilidad directa en los hitos que se enumerarán, tiene sentido plantear esta columna como un ejercicio útil para atribuir al Gobierno lo que le corresponde por naturaleza, ya sea en lo imprescindible o en lo que realmente existe. También quiero señalar que no se trata de una lista cerrada, pero sí recoge algunos de los hitos económicos y políticos que considero más relevantes para estos tres años. Seguir leyendo
La gestión gubernamental de los presupuestos, los fondos europeos, la inflación y la vivienda presenta resultados dispares
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Hace solo unos días, el presidente del Gobierno anunció el fin de la legislatura motivado por el retraso, ya previsto, de la votación sobre los decretos de vivienda. Por eso, aprovechando la situación —y nunca mejor dicho—, nos corresponde hacer balance. Antes, sin embargo, cabe señalar que, para no caer en los temas habituales, debemos entender que un gobierno tiene poca influencia a corto plazo sobre magnitudes como el crecimiento o la inflación, y más sobre elementos relacionados con la normativa, el presupuesto o los impuestos. Aun así, y siempre con el objetivo de matizar el grado de responsabilidad directa en los hitos que se enumerarán, tiene sentido plantear esta columna como un ejercicio útil para atribuir al Gobierno lo que le corresponde por naturaleza, ya sea en lo imprescindible o en lo que realmente existe. También quiero señalar que no se trata de una lista cerrada, pero sí recoge algunos de los hitos económicos y políticos que considero más relevantes para estos tres años. Empecemos primero con los datos más macroeconómicos. Cuando decimos que a la economía española le va bien, nos referimos a que tanto el crecimiento como la creación de empleo han sido claramente positivos. Desde el otoño, tras la pandemia, hemos asistido a la reducción de la carga de la deuda y del déficit. Sin embargo, no es menos cierto que este crecimiento se ha caracterizado, en gran medida, por ser extensivo, basado en la acumulación de empleo y, en menor medida, en aumentos de la productividad. En cualquier caso, y dado que este déficit en la mejora de la eficiencia productiva es secular en nuestra economía —al menos en lo que va de siglo—, la tendencia actual de la productividad ha mejorado en los últimos tres años los registros medios de las dos décadas anteriores. Por último, este crecimiento extensivo habría sido imposible sin una inmigración que ha superado las previsiones. Sin duda, es debido a este factor que, por acción u omisión, la responsabilidad sobre estos datos gubernamentales se hace más evidente. Pero si queremos encontrar numerosas políticas en las que el Gobierno tenga plena responsabilidad o, al menos, una gran capacidad de influencia, estas se encuentran entre los instrumentos de política distributiva. Por ejemplo, hablemos primero de la inflación. La legislatura se ha visto profundamente marcada por la necesaria respuesta a dos crisis de precios sin precedentes en décadas. Si bien la primera ya se había iniciado cuando acudimos a las urnas por última vez, ambas han exigido decisiones importantes por parte del Consejo de Ministros. Así pues, aunque las causas de ambas crisis se sitúan fuera del ámbito del ejecutivo, las respuestas fueron específicas, por lo que conviene analizar sus consecuencias. Algunas de las medidas de los denominados «escudos sociales» tuvieron un impacto que, según cada caso, fue desigual. Por citar algunas, sabemos por las evaluaciones que la reducción de 20 céntimos en el precio del combustible generó efectos redistributivos adversos, así como una consolidación del poder de mercado de algunas empresas. La excepción ibérica, por el contrario, e incluso con efectos perversos como la subvención indirecta de la electricidad en Francia, redujo sustancialmente la factura eléctrica española, contuvo la inflación y ayudó en mayor medida a las familias más desfavorecidas. Estas medidas, junto con otras de menor envergadura, contribuyeron a que el anterior episodio inflacionista fuera más moderado en nuestro país que en el resto de Europa. En este sentido, podemos reconocer un punto a favor del Gobierno. . Sin embargo, la evolución salarial no fue la más favorable, en gran medida debido al modelo de crecimiento descrito anteriormente. El balance de la legislatura es una pérdida de poder adquisitivo, aunque, cuando estábamos a punto de hacer balance a principios de este año, una nueva crisis nos ha hecho perder varios meses de recuperación. A esto se suman la escasa progresividad y el aumento de la carga asociada a las cotizaciones, que han reducido el salario disponible después de impuestos. Contrarrestando en parte lo anterior, la subida del SMI, quizás la medida más clara de toda la etapa en materia de rentas, contribuyó en parte a mejorar el poder adquisitivo de quienes menos ganaban, reduciendo la desigualdad y satisfaciendo al mismo tiempo a una gran parte de los trabajadores con salarios bajos al nivel que se estableció como mínimo exigible. En relación con lo ya dicho, la regularización llevada a cabo en el verano de 2026 tendrá, sin duda, efectos tanto en la recaudación como en la afiliación, especialmente a favor de los colectivos que a partir de ahora accedan a un empleo legal. Es pronto para medir sus efectos, pero no para formular hipótesis contrastadas, y estas son, en general, positivas. Entre las obligaciones del Gobierno hay que incluir otras políticas que o bien no se han resuelto o bien han agravado problemas menos coyunturales. Así, 2026 es el tercer año con las cuentas presupuestarias prorrogadas de 2023, mientras que la senda de estabilidad fue rechazada en dos ocasiones. Y es que funcionar con presupuestos prorrogados es posible, pero planificar con ellos, mucho menos. Y todo ello en medio de la ejecución de los fondos más importantes de las últimas décadas para España. . Pasemos a la gestión de los fondos europeos. De hecho, y tal y como era de esperar, han dejado claro que la gestión administrativa sigue dejando mucho que desear. Al cierre del MRR, el 31 de agosto de 2026, una parte sustancial sigue sin ejecutarse, aunque hay poco sin movilizar. Si bien es justo mencionar que el Gobierno central ha avanzado más rápidamente que otras administraciones, la planificación y la modificación de los procedimientos y las bases legales podrían haberse llevado a cabo mediante impulsos legislativos como la reforma de la función pública o la Ley de Contratos del Sector Público, estructuras legales que limitan más que ayudan a la rápida ejecución de estos y otros fondos. Por último, hay que hablar de la vivienda, un factor desencadenante del avance electoral y un tema fundamental en torno al cual girará gran parte de la campaña del 29-N. Los datos de que disponemos sobre el sector no han hecho más que confirmar que se trata del principal problema económico de la legislatura y la causa de su fin. Sin embargo, aunque la legislación básica es de ámbito nacional, la responsabilidad de este fracaso debe compartirse en función de las competencias, que recaen en gran medida en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. A esto añadimos una nota sobre el apagón del 28 de abril de 2025, que, aunque de origen multifactorial y de responsabilidad indirecta, en su calidad de regulador y accionista público, podría considerarse uno de esos acontecimientos que añaden una nota de peso. Si ordenamos todo lo anterior, el resultado se parece poco a la historia que escucharemos durante la campaña. Los datos sobre el crecimiento, el empleo o el déficit se deben tanto a elementos a corto plazo difíciles de controlar como a decisiones, como la de la migración, que han tenido una enorme influencia en estas cifras. Los resultados han sido desiguales, con muchos aspectos positivos y muchas zonas de sombra, y con un amplio margen de actuación en las decisiones distributivas y, sobre todo, en la capacidad de aprobar presupuestos, gestionar fondos europeos o legislar en materia de vivienda. Esta asimetría no conduce a un veredicto definitivo sobre la legislatura, sino más bien a una reflexión sobre el análisis que hay que realizar antes del 29-N. Quizá se trate más de cuánto ha crecido España en los últimos tres años que de lo que el Gobierno ha hecho con los recursos de los que disponía. Y dado que muchos de los asuntos que ha resuelto esta legislatura, empezando por la vivienda, seguirán sobre la mesa el 30 de noviembre, también debería trasladarse a quienes aspiran a sustituirla. Y no crees que haya muchos indicios en este momento que inviten al optimismo debido al debate que se está iniciando. En ninguna parte.
