Más novedades en el concurso de acreedores que Tubos Reunidos (TR) presentó en mayo pasado con un pasivo de unos 300 millones. Los cinco grupos que han presentado ofertas por la totalidad o lotes concretos de los activos de la siderúrgica coinciden en que el pasivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que supone la mitad de la deuda global al alcanzar los 150 millones, debe quedar fuera del proceso si se busca una salida que permita la continuidad del fabricante de tubos sin soldadura.. Seguir leyendo
El préstamo es convertible en acciones de la siderúrgica y la última palabra la tiene la juez
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El préstamo es convertible en acciones de la siderúrgica y la última palabra la tiene la juez
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Más novedades en el concurso de acreedores que Tubos Reunidos (TR) presentó en mayo pasado con un pasivo de unos 300 millones. Los cinco grupos que han presentado ofertas por la totalidad o lotes concretos de los activos de la siderúrgica coinciden en que el pasivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que supone la mitad de la deuda global al alcanzar los 150 millones, debe quedar fuera del proceso si se busca una salida que permita la continuidad del fabricante de tubos sin soldadura.
SEPI ya ha testado en Bruselas que su apoyo financiero a TR está considerado como ayudas de Estado. Unas quitas a esos 150 millones supondría otra aportación pública que la legislación comunitaria no acepta. El margen de la sociedad pública, que opera en este caso a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), se limita a ampliar el plazo del vencimiento del pago de los citados 150 millones (sobre un crédito inicial de menos de 113 millones que ha crecido en importe por el impago de intereses).
Y ahora llega el nuevo capítulo de esta historia. El administrador del concurso, la consultora PKF Attest, ha incluido en sus informes al Juzgado de lo Mercantil de Vitoria, que gestiona el proceso y a cuyo frente está la magistrada María Teresa Trinidad, que la deuda de SEPI sea calificada de subordinada, al tratarse de un préstamo participativo (convertible en acciones de la siderúrgica). Si Trinidad acepta esta versión, ese pasivo quedaría fuera del concurso, sin cargar los balances de las fábricas de TR por las que se han interesado esos cinco inversores. Por cierto, el consejo de la administración de la siderúrgica ha solicitado la liquidación de la sociedad holding que cotiza en Bolsa, lo que deja el valor de los títulos en papel mojado.
Mientras, desde PKF Attest han trasladado a la plantilla de TR que durante los 20 primeros días de este octubre han entrado nuevos pedidos por un importe de unos 15 millones, un volumen de contratación que más que duplica el del mismo mes del año anterior. La planta de Amurrio (Álava), donde está la acería del grupo, ha captado el 85% de esa carga de trabajo, que tiene por destino principal Estados Unidos (Estados Unidos), el mercado que concentra más de la mitad de los ingresos de Tubos Reunidos. Los aranceles al 50% de este país a las importaciones de equipos de acero y aluminio, han sido una de las causas de la crisis de la compañía alavesa.
La inflación mundial de los combustibles, también en el país que preside Donald Trump, está activando la perforación de pozos de petróleo en EE UU, por la demanda de un mercado que solo es respondida al 60% por productores locales. Cuanto más sube el crudo, más rentables son las explotaciones que con precios más bajos estaban inactivas.
PKF Attest ha comunicado a sus 1.300 trabajadores que la tesorería está al límite. Advierten de retrasos en el pago de las próximas nóminas, tanto para los empleados de Amurrio como para los de las plantas de Trapagaran (Bizkaia) e Iruña de Oca (Álava).
El administrador presentará en los próximos días a la jueza Trinidad sus calificaciones sobre las cinco ofertas presentadas por los activos de TR. Todas estas propuestas coinciden en que la deuda de SEPI quede fuera de la masa del pasivo de la siderúrgica.
PKF Attest espera que las ofertas finales por TR se presenten a principios del próximo mes de diciembre. La falta de carga de trabajo en las instalaciones de Iruña de Oca provocará “medidas de ajuste” en la plantilla de este centro, integrada por unas 80 personas, según ha planteado el administrador del concurso.
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