El director general de Vodafone España, José Miguel García, ha renunciado a declarar por videoconferencia y ha solicitado hacerlo en persona ante el juez para responder a la denuncia presentada por Pascual Pérez, fundador de Finetwork, una empresa cuya titularidad es objeto de disputa entre ambas partes. El juicio tendrá lugar el martes 1 de septiembre y García acudirá al juzgado con el propósito, según sus propias palabras, de desmontar la «trama de mentiras» urdida contra Vodafone y contra él. «Me citaron por videoconferencia, pero he solicitado declarar en persona para desmontar la trama de falsedades y argumentos infundados tejida contra Vodafone y contra mí», declaró García a EL PAÍS / Cinco Días. Seguir leyendo
José Miguel García se defenderá este martes ante el juez que instruyó el proceso para recuperar una deuda millonaria y evitar la quiebra del operador de Elda
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El consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, ha renunciado a declarar por videoconferencia y ha solicitado hacerlo presencialmente ante el juez para responder a la denuncia presentada por Pascual Pérez, fundador de Finetwork, una empresa cuya titularidad es objeto de disputa entre ambas partes. El juicio se celebrará el martes 1 de septiembre, y García acudirá al juzgado con el propósito, según sus propias palabras, de desmontar la «trama de falsedades» urdida contra Vodafone y contra él. «Me citaron por videoconferencia, pero he solicitado declarar en persona para desmontar la trama de falsedades y argumentos infundados tejida contra Vodafone y contra mí», declaró García en declaraciones a EL PAÍS / Cinco Días. La declaración figura en la denuncia presentada por Pascual Pérez, fundador y accionista mayoritario de Finetwork, contra el máximo responsable de Vodafone España. La acusación atribuye a García, según la denuncia, presuntos delitos de administración desleal agravada, falsificación de cuentas, fraude procesal e insolvencia punible. Los hechos denunciados se sitúan entre octubre de 2025 y abril de 2026, periodo en el que García simulaba dirigir Vodafone España desde su cargo de administrador único de Wewi Mobile, sociedad matriz de Finetwork. La fiscalía sostiene además que la deuda de Wewi superaba los 227 millones de euros y sitúa el marco teórico de las penas en un máximo acumulado de 23 años de prisión. Vodafone rechaza estas acusaciones y alega que la denuncia atribuye a García decisiones anteriores a su llegada al control de Wewi, que tuvo lugar en noviembre de 2025. La defensa afirma que la situación de endeudamiento de Finetwork existía mucho antes de la llegada de García y que las acciones de Vodafone tenían como objetivo específico recuperar una deuda acumulada durante años, evitando el colapso de la empresa y preservando la continuidad del negocio. La controversia tiene su origen en la relación comercial iniciada en 2019, cuando Wewi firmó con Vodafone un contrato como socio comercial para vender sus servicios a cambio de comisiones. Los problemas surgieron más tarde. En 2023, Wewi ya había acumulado una deuda considerable con Vodafone y solicitó transformar la relación en un acuerdo mayorista que le permitiera operar con mayor autonomía, pero que también asumía los importes pendientes. La defensa de Vodafone sostiene que, aunque el entonces director general de Finetwork, Óscar Vilda, realizó declaraciones públicas en las que situaba el valor de la empresa por encima de los 300 millones de euros, la empresa ya acumulaba una deuda de un millón de dólares con Vodafone y atravesaba una situación financiera delicada. Las cuentas anuales de 2023, auditadas por Deloitte, reflejaban, según la documentación de la defensa a la que ha tenido acceso esta revista, errores materiales e incluían una provisión relacionada con la incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha. Ante el aumento de los impagos, Vodafone demandó a Finetwork en enero de 2024 por incumplimiento de contrato. Cuatro meses después, ambas empresas llegaron a un acuerdo judicialmente homologado que permitió a Finet reconocer una deuda de 63, 1 millones de euros. El acuerdo establecía un calendario de pagos desglosado en 19, 8 millones y preveía la liquidación del resto del importe en las condiciones acordadas. El incumplimiento del calendario permitía reclamar judicialmente la totalidad de la deuda. Además, el acuerdo incluía la migración de clientes de Vodafone a Finetwork. La operación proporcionó a Wewi una cartera propia con la que podía buscar inversores o financiación. La entrada de KAI en su capital se hizo pública unos días más tarde con una aportación de 10 millones de euros. Sin embargo, entre junio y diciembre de 2024 se produjeron de nuevo retrasos en los pagos. Vodafone mantuvo el servicio a pesar de la falta de pago, asumiendo los costes con terceros. En diciembre solicitó la ejecución del acuerdo por incumplimiento del calendario establecido. En marzo de 2025, la deuda pasó a la fase ejecutiva y el tribunal ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Wewi. Vodafone solicitó el nombramiento de un experto independiente, pero la empresa informó del inicio de las negociaciones un mes después. El tribunal designó a FTI & Partners Corporate Recovery Spain y suspendió temporalmente las ejecuciones mientras se negociaba una solución. En septiembre de 2025, el tribunal aprobó un plan de reestructuración liderado por Vodafone que otorgaba al operador el control del 99, 4 % de Wewi mediante un canje de deuda por acciones. Posteriormente, la supervisión fue aprobada por el Consejo de Ministros y validada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) en noviembre. Ese mismo mes, José Miguel García fue nombrado administrador único de Wewi. Vodafone ha alegado que, desde enero de 2025, Finetwork no había vuelto a realizar los pagos por el uso de sus servicios de red. Tras la adquisición, Vodafone afirma que se encontró con una realidad muy diferente a la transmitida hasta entonces por los directivos de Finetwork. La cartera real de clientes estaba por debajo del millón de líneas que la empresa había anunciado que alcanzaría a finales de 2024. También se detectaron importantes caídas en los ingresos y en el ebitda (resultado bruto de explotación), así como pérdidas durante los ejercicios 2024 y 2025. La defensa sostiene que estas cifras confirmaban un deterioro del negocio anterior a la llegada de García y que las medidas adoptadas por Vodafone tenían como objetivo estabilizar la empresa, reducir las bajas y mejorar la captación de clientes de mayor valor. Vodafone puso en marcha un plan de estabilización comercial y lanzó una campaña publicitaria con una fuerte inversión en medios para reposicionar a Finetwork. Según Vodafone, estas medidas permitieron estabilizar los ingresos gracias a una combinación de nuevos ingresos elevados, una menor pérdida de clientes y una gestión más eficiente de la cartera. Paralelamente, la empresa identificó contratos con proveedores que imponían elevados compromisos de pago futuros, comisiones recurrentes consideradas excesivas en el canal comercial y compromisos de patrocinio que, en opinión de Vodafone, no guardaban relación con la situación económica de Wewi. Durante su etapa al frente de la empresa, renegoció o rescindió parte de estos acuerdos y diseñó un nuevo modelo de comisiones. En marzo de 2026, una revisión técnica de la sede de Wewi en Elda identificó, según Vodafone, deficiencias en materia de seguridad y salud. El inmueble se alquilaba a un precio que triplicaba la media del mercado. . En abril de 2026, la Audiencia Provincial de Alicante estimó el recurso presentado por los socios de Finetwork y anuló la aprobación del plan de reestructuración, devolviendo las acciones de Wewi a sus propietarios originales. Tras la resolución judicial, el 12 de junio Vodafone depositó ante el notario de Elda las llaves y la documentación social de Wewi que tenía en su poder para que los antiguos propietarios las recogieran. La entrega efectiva tuvo lugar el 8 de julio, casi cuatro semanas después. La titularidad de las marcas registradas, sin embargo, permaneció en manos de Vodafone, tras adquirirlas en noviembre de 2025 a Pascual Pérez por 15 millones.
