El Gobierno ha superado el trámite jurídico más decisivo y complejo para llevar a cabo su plan de control y gestión de las grandes infraestructuras digitales antes de las elecciones. Según el dictamen vinculante de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, al que han tenido acceso EL PAÍS y CincoDías, el órgano consultivo supremo ha desestimado las principales alegaciones de fondo presentadas por el sector privado y varias comunidades autónomas, allanando el camino legal para que el Ejecutivo apruebe el Real Decreto sobre Centros de Datos en el Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Sigue leyendo.
El órgano consultivo frena la ofensiva judicial y regulatoria de los sectores de la energía y la tecnología al respaldar por unanimidad la competencia del Estado, el rango normativo y la gestión de la situación de emergencia.
Fuente: MRSS-S News
Antes de las elecciones, el Gobierno llevó a cabo el análisis jurídico más importante y complejo para poner en marcha su plan de control y gestión de las grandes infraestructuras digitales. Según el dictamen vinculante de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, al que han tenido acceso EL PAÍS y CincoDías, el máximo órgano consultivo ha desestimado las principales alegaciones de fondo planteadas por el sector privado y diversas comunidades autónomas, allanando el camino jurídico para que el Ejecutivo apruebe el Real Decreto sobre Centros de Datos en el Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Los recurrentes denunciaban una supuesta invasión de competencias autonómicas, una violación del principio de reserva de ley al exigir que la normativa se tramitara como proyecto de ley y no mediante Real Decreto, y una supuesta falta de justificación en la tramitación urgente. El objetivo último de estas alegaciones era forzar la retirada del procedimiento o su reinicio —por ejemplo, devolviendo la norma a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) u obligando a una notificación previa a la Unión Europea—, lo que en la práctica habría impedido por completo que el texto viera la luz antes de las elecciones del 29 de noviembre. Ante estas alegaciones, el órgano consultivo presidido por Carmen Calvo aprobó el dictamen por unanimidad en su reunión del 6 de noviembre de 2026, sin votación específica. A pesar de este consenso final, se produjo un intenso debate técnico-jurídico en el seno de la institución, lo que obligó a prolongar el debate y retrasó la aprobación definitiva hasta el viernes, un día más tarde de lo previsto inicialmente. La prueba más elocuente de la plena viabilidad del proyecto es la fórmula final con la que concluye el dictamen de la institución presidida por Carmen Calvo, en la que se afirma claramente que «tras tener en cuenta las observaciones esenciales formuladas en el apartado VIII del presente dictamen y consideradas las restantes, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta puede remitirse al Consejo de Ministros para su aprobación». Se trata de una indicación expresa que el Consejo de Estado omite sistemáticamente cuando considera que una norma vulnera la legalidad o cuando detecta defectos irremediables en su enfoque. En sus conclusiones sustantivas, el órgano consultivo respalda firmemente los pilares fundamentales de la norma. El dictamen afirma que «el Consejo de Estado no cuestiona la competencia del Estado para aprobar la norma» y certifica categóricamente que «el rango de la norma (decreto real) se ajusta al requisito establecido en la primera disposición adicional del Real Decreto -Ley 7/2026, ya transcrita. Por lo tanto, no se formula objeción alguna por este motivo». Del mismo modo, desestima las alegaciones de nulidad procesal, señalando que «el Consejo de Estado no cuestiona la urgencia, tal y como acordó el Consejo de Ministros». Asimismo, desestima las alegaciones sobre la supuesta retroactividad perjudicial y respalda expresamente que los nuevos acondicionadores se apliquen a proyectos a los que ya se les hayan concedido permisos de acceso y conexión, pero que aún no hayan comenzado a funcionar efectivamente. El Consejo de Estado se alinea expresamente con los propósitos del texto y subraya que «comparte los objetivos del proyecto, ya que este pretende garantizar la soberanía digital, asegurar la eficiencia energética e hídrica y evitar impactos negativos en el sistema eléctrico, en particular en lo que respecta a los objetivos de generación renovable». El dictamen de alerta señala que, según datos de la CNMC, se han concedido derechos de acceso a la red que desbordan por completo las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial. Al tratarse de un consumo eléctrico que la propia resolución define como «fijo o continuo y uniforme», un despliegue descontrolado dispararía los precios al por mayor y pondría en peligro el cumplimiento de los hitos climáticos. Ante ello, la institución invoca directamente el artículo 45 de la Constitución y el mandato ineludible de las autoridades públicas de garantizar el uso racional de los recursos naturales para justificar la imposición de requisitos de gestión estrictos. Durante la vista, la Comunidad de Madrid y un total de 23 entidades, asociaciones y empresas presentaron sus alegaciones ante el Consejo de Estado. Entre ellas se encuentran los mayores grupos eléctricos del país agrupados en Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP), gigantes tecnológicos mundiales como Microsoft, promotores y operadores de centros de datos a través de SpainDC o grandes grupos de la construcción y el sector inmobiliario como ACS y Merlin Properties, conglomerados industriales y de energías renovables como Ignis Energy, la Asociación Española de Inteligencia Artificial, AEE, APPA, CIDE y ACOGEN, e incluso asociaciones representativas de otros ámbitos como Farmindustry, Ecologistas en Acción y organizaciones patronales como la CEOE y AMETIC. A pesar de la orientación general, el dictamen no constituye un cheque en blanco. El Gobierno tendrá que introducir modificaciones específicas en los artículos para incorporar cuatro observaciones esenciales formuladas por el órgano consultivo. Satisfacer estas exigencias es fundamental para que el Ejecutivo pueda hacer frente a la previsible batalla judicial que las empresas librarán ante el Tribunal Supremo. El objetivo del Ministerio de Transición Ecológica es aprobar la norma utilizando la fórmula jurídica «de acuerdo con el Consejo de Estado», lo que demostraría que se han tenido en cuenta todas sus advertencias de fondo y limitaría las posibilidades de que los tribunales suspendan el decreto. En primer lugar, el dictamen exige un refuerzo sustancial del Informe de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que ofrezca una justificación exhaustiva de por qué se han rechazado las alegaciones territoriales y sectoriales de especial relevancia, al tiempo que exige que se cuantifique estrictamente el impacto económico de las nuevas cargas y requisitos para los promotores de centros de datos. En segundo lugar, el órgano consultivo exige que el control y la supervisión se pongan en manos estrictamente públicas, reduciendo el papel excesivo que el borrador inicial otorgaba a la Red Eléctrica y a los distribuidores. El tercer punto esencial exige que el régimen sancionador se delimite y elabore con mayor claridad, precisando las sanciones y definiendo claramente las causas exactas que pueden dar lugar a la pérdida o caducidad de los permisos de acceso y conexión. Por último, la cuarta exigencia consiste en eliminar cualquier aspecto de discrecionalidad administrativa, suprimiendo la salvedad ministerial que permitía modificar los porcentajes de correlación de energías renovables establecidos en la norma, como el umbral del 80 %. El texto incluye además una serie de observaciones no esenciales que el departamento ministerial intenta incorporar a la versión definitiva, además de estas características fundamentales. El más relevante es el procedimiento TRIS europeo, en el que el órgano consultivo señala que otros socios comunitarios, como Alemania, Francia, Italia o los Países Bajos, han seguido criterios diferentes a la hora de regular el sector y, por lo tanto, insta a España a reforzar la justificación técnica en la exposición de motivos sin que ello tenga que suponer una paralización del procedimiento regulador. Los equipos jurídicos y técnicos del Ministerio de Transición Ecológica ya están trabajando contrarreloj para pulir el informe y la redacción tras recibir este respaldo en los próximos días. El calendario institucional no admite retrasos: el objetivo es llevar el texto a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios para su remisión inmediata al Consejo de Ministros. Ante la imposibilidad de celebrar una reunión el martes 10 por falta de tiempo, el Gobierno aspira a aprobar el Real Decreto el 17 de noviembre o, a más tardar, el martes 24 de noviembre, última reunión ministerial ordinaria antes de las elecciones del 29 de noviembre y del posterior paso a un ejecutivo en funciones.
