El Gobierno y los interlocutores sociales se han reunido este jueves para analizar la situación y debatir qué medidas adoptar cuando, a finales de este mes, deje de estar en vigor el escudo anticrisis puesto en marcha para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. Como era de esperar, ante un panorama que se ha deteriorado en lugar de mejorar, el Ejecutivo se ha mostrado a favor de prorrogar las medidas de apoyo más allá del 30 de septiembre, aunque aún no se ha concretado si se tratará de una prórroga del paquete actual o de un plan diferente, ni si se optará por iniciativas de mayor alcance o más específicas. Seguir leyendo
Carlos Corpo asegura en una reunión con los interlocutores sociales que se atenderá «especialmente a los sectores profesionales más afectados», como el transporte y el agroalimentario
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El Gobierno y los interlocutores sociales se reunieron este jueves para analizar la situación y debatir qué medidas adoptar cuando, a finales de este mes, deje de estar en vigor el escudo anticrisis puesto en marcha para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. Como era de esperar, ante un escenario que se ha deteriorado en lugar de mejorar, el Ejecutivo se ha mostrado a favor de prorrogar las medidas de apoyo más allá del 30 de septiembre, aunque aún no se ha concretado si se tratará de una prórroga del paquete existente o de un régimen diferente, ni si se optará por iniciativas de mayor alcance o más específicas. Así lo ha adelantado durante la reunión el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Corpo, asegurando que «el Gobierno trabajará en las medidas del Plan de Respuesta para seguir acompañando y apoyando a las familias ante la subida de los precios». El vicepresidente primero añadió además que «se prestará especial atención a los sectores profesionales más afectados, como el transporte y el agroalimentario, debido al efecto que esto tiene en el resto de la cadena», según fuentes de su departamento. La situación no es nada halagüeña. El precio del petróleo roza los 100 euros ante un conflicto que en los últimos meses se ha recrudecido y se ha extendido a otras regiones. La inflación ha aumentado hasta el 4, 3 % en agosto, el nivel más alto desde 2023, impulsada por los combustibles, mientras que la contribución del gas se ha disparado y está empezando a trasladarse a la electricidad, que desde la ola de calor de julio supera los 100 euros por megavatio-hora en el mercado mayorista. La reunión, celebrada en el Ministerio de Economía, contó también con la presencia, por parte del Gobierno, de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Por parte de los agentes sociales y económicos han acudido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CC. OO. , Unai Sordo. Tanto el primer paquete de ayudas, aprobado en marzo, como el segundo, en vigor desde julio, se diseñaron con un horizonte trimestral que, en principio, se seguirá manteniendo, debido a la dificultad para elaborar previsiones. La ministra de Trabajo ha presentado varias medidas, tal y como ha explicado su departamento. Díaz ha exigido una excepción ibérica a las subidas extraordinarias del precio del gas y la prórroga de las medidas contempladas en el decreto anterior que están a punto de ser derogadas. Esto incluye un gravamen temporal al sector de la refinería, un límite máximo al precio de los alquileres, medidas en materia de poder adquisitivo, distribución y cesta de la compra. «Estas medidas nos parecen el mínimo necesario para abordar un problema que ya está afectando al bolsillo de millones de españolas y españoles», ha señalado el Ministerio de Trabajo, que también ha añadido: «El precio de la energía y los márgenes empresariales no pueden utilizarse para empobrecer a los ciudadanos de nuestro país». En la misma línea, CC. OO. ha pedido «la intervención en los precios de la energía y los combustibles para contener la inflación y proteger a los hogares». Con este fin, Sordo, al igual que Díaz, ha propuesto recuperar la excepción ibérica para reducir las tarifas energéticas y aprobar una ayuda de al menos 300 euros para quienes tengan ingresos inferiores a la media, lo que podría beneficiar a 10 millones de personas. El líder sindical también ha instado a la CEOE y a Cepyme a negociar un acuerdo nacional sobre medidas para proteger el poder adquisitivo. Y para orientar cada negociación posterior, sector por sector y empresa por empresa, ha solicitado la información del observatorio de márgenes empresariales. Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que el Gobierno sigue vigilando la evolución económica en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica. La próxima semana también se celebrarán nuevas reuniones con los sectores para debatir el diagnóstico y la evolución de la situación y ajustar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias para acompañar a los más afectados. El primer paquete anticrisis, aprobado en marzo, preveía reducciones fiscales generalizadas en el IVA y los impuestos especiales sobre la electricidad, el gas y los combustibles. Su coste se estimó entonces en unos 5 000 millones de euros. El segundo escudo, que se creó cuando pareció posible mejorar y mantener las ayudas para el combustible mediante una retirada gradual de los descuentos, supuso un gasto de unos 1 800 millones de dólares. De hecho, el coste de las medidas es un factor importante a tener en cuenta. Bruselas se encontraba en una situación de desgravaciones generalizadas y la Agencia Tributaria advirtió el jueves de que el margen fiscal disponible estaba al límite.
