El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública va a establecer una beneficio mínima obligatoria del 25% en las tarifas de telecomunicaciones para ciudadanos con rentas bajas interiormente del nuevo Servicio Universal de Telecomunicaciones que entrará en vigor en 2027. Según el plan de vivo decreto al que ha tenido acercamiento EL PAÍS / CincoDías, la medida ampliará el paraguas de protección social a los beneficiarios del ingreso reducido dinámico (IMV), lo que supone extender estas tarifas reducidas a cerca de 800.000 hogares en todo el país.. Seguir leyendo
El nuevo servicio universal obligará a los operadores a abatir la tarifa a perceptores del ingreso reducido dinámico y eleva la velocidad mínima a 100 megas
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El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública va a establecer una beneficio mínima obligatoria del 25% en las tarifas de telecomunicaciones para ciudadanos con rentas bajas interiormente del nuevo Servicio Universal de Telecomunicaciones que entrará en vigor en 2027. Según el plan de vivo decreto al que ha tenido acercamiento EL PAÍS / CincoDías, la medida ampliará el paraguas de protección social a los beneficiarios del ingreso reducido dinámico (IMV), lo que supone extender estas tarifas reducidas a cerca de 800.000 hogares en todo el país.. El documento, que saldrá este miércoles a audiencia pública, redefine las condiciones del servicio universal de telecomunicaciones para asegurar la asequibilidad de la conexión fija. La norma impone a todas las operadoras del mercado la obligación de ofrecer estos descuentos interiormente de su ámbito de cobertura, eliminando el maniquí actual donde la responsabilidad recaía exclusivamente sobre un cámara designado. El objetivo de la Administración es que el coste del servicio no suponga una reserva para los colectivos con beocio capacidad económica.. No obstante, y a diferencia de lo que ocurre con el bono eléctrico, que permite alcanzar a precios mucho más asequibles que los de mercado, en el sector de las telecomunicaciones existen tarifas reducidas tan agresivas que pueden competir holgadamente con los precios standard pese a esos descuentos oficiales.. Velocidad mínima. Junto a las medidas de precio, el reglamento propone un incremento en la calidad mínima del acercamiento a internet. La velocidad de la conexión fija incluida en el servicio universal pasará de los 10 megabit por segundo (Mbps) actuales a un reducido de 100 Mbps. Con esta puesta al día, España se situará como el primer país de la Unión Europea en integrar esta capacidad de lado ancha interiormente de los servicios básicos garantizados por ley para la totalidad de la población, independientemente de su ubicación geográfica.. El área que dirige Óscar López fundamenta esta atrevimiento en el despliegue de infraestructuras de fibra óptica y redes móviles 5G, así como en la restablecimiento de las prestaciones de las redes satelitales. Estas tecnologías permitirán alcanzar el origen de los 100 Mbps en zonas rurales o remotas donde hasta ahora la conectividad era limitada. La norma asegura así que servicios de teletrabajo, delegación electrónica y videollamada en entrada definición estén disponibles para todos los usuarios bajo el entorno del servicio universal.. Fin de la exclusividad de Telefónica. El nuevo decreto introduce incluso un cambio estructural en la prestación del servicio. Telefónica, que hasta ahora actuaba como el único cámara encargado de apoyar el servicio universal, dejará de tener esa exclusividad. A partir de la entrada en vigor de la norma, todos los operadores de telecomunicaciones tendrán la obligación lícito de ofrecer el acercamiento a internet y el servicio telefónico fijo con las condiciones de calidad y precio establecidas en el reglamento.. Esta modificación permite a los usuarios designar autónomamente entre las compañías que operen en su zona, manteniendo siempre el derecho a solicitar la tarifa bonificada si cumplen los requisitos de renta. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisará que las ofertas comerciales de las operadoras respeten el descuento reducido del 25% y que no existan barreras técnicas que impidan el acercamiento de los hogares vulnerables a estas prestaciones.. En materia de inclusión, el plan refuerza las obligaciones de los operadores alrededor de las personas con riqueza práctico. Las compañías deberán perseverar una proposición suficiente de terminales adaptados para usuarios con discapacidad motriz, visual o auditiva. Además, el texto establece un hito técnico para junio de 2027: tanto los operadores como las Plataformas 112 deberán tener operativa la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT).. Este sistema garantiza una comunicación fluida y simultánea mediante texto para personas con dificultades auditivas o de acento, integrando los servicios de emergencia en los estándares modernos de accesibilidad digital. El coste de implementación de estas funcionalidades deberá ser asumido por las empresas del sector como parte de sus obligaciones de servicio conocido, sin que ello suponga un recargo adicional para el abonado con micción especiales.. El calendario fijado por el Ministerio para la Transformación Digital prevé que este nuevo régimen sumarial entre en funcionamiento el 1 de enero de 2027. Este periodo de carencia permite a las operadoras adaptar sus sistemas de facturación y sus catálogos comerciales a la nueva estructura de descuentos y a los requisitos de velocidad. Asimismo, la Administración podrá coordinar con la Seguridad Social el cruce de datos necesario para identificar de forma cibernética a los beneficiarios del IMV que tengan derecho a la reducción tarifaria.. El plan de vivo decreto inicia ahora su grado de exposición pública para admitir aportaciones del sector y de las asociaciones de consumidores. Una vez concluido este proceso y recabados los informes preceptivos, el texto será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. La medida se enmarca en la logística estatal para cerrar la brecha digital y apoyar que el expansión de las infraestructuras de nueva reproducción se traduzca en una restablecimiento de la cohesión social y territorial.. Hasta que se modifique la norma, Telefónica debe prestar el servicio universal hasta el 31 de diciembre de 2026 al no haberse presentado ninguna compañía a la oferta pública para cubrir este servicio en el postrero concurso. Se negociación ya de un procedimiento habitual, puesto que todos los anteriores concursos desde la liberalización de las telecomunicaciones han quedado desiertos. La causa es que ninguna de las operadoras con red está interesada en prestar este servicio al considerarlo deficitario, por lo que es el Gobierno el que se ve en la obligación de designar por decreto a Telefónica para cubrirlo año a año.
