Este martes, los responsables de la función pública aseguraron a los sindicatos que, a pesar de las elecciones anticipadas, aplicarán el aumento salarial del 5 % a más de tres millones de empleados públicos en 2027. Fuentes sindicales lo han confirmado tras la reunión entre los responsables del Gobierno y los delegados de CC OO, UGT y CSIF. Este aumento ya se había acordado en el último convenio del Gobierno con el colectivo, en noviembre de 2025. Sigue leyendo. . .
La Función Pública está preparando una reforma para apartar del servicio a los directivos públicos que abusan de la temporalidad.
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Los responsables de la Función Pública han asegurado este martes a los sindicatos que, a pesar de la convocatoria anticipada de elecciones, aplicarán el aumento salarial del 5 % a más de tres millones de empleados públicos en 2027. Así lo han confirmado fuentes sindicales al término de la reunión entre responsables del Gobierno y representantes de CC OO, UGT y CSIF. El aumento se acordó en el último convenio del Gobierno con los sindicatos, firmado en noviembre de 2025.
Sin embargo, desde que Óscar López ocupa la Presidencia del Ministerio, los sindicatos de la función pública no han recibido indicaciones concretas sobre cuándo se aprobarán estos aumentos, si será antes o después de las elecciones del 29 de noviembre. Los aumentos salariales se llevarán a cabo en dos fases: la primera se aplicará a partir del 1 de enero de 2027 y los salarios de todos los empleados públicos se incrementarán en un 4, 5 %, tal y como se refleja en el último acuerdo plurianual para el período 2025-2028.
A este aumento, los empleados públicos añadirán, en algún momento del primer trimestre de 2027, la revalorización del 0, 5 % correspondiente a la desviación de la inflación de 2026. De hecho, esta actualización salarial, que se aplicará con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de este año, ya fue aprobada por el Gobierno y el Parlamento y publicada en el BOE el 2 de diciembre de 2025.
En concreto, el Gobierno se comprometió en el citado acuerdo a aumentar en un 0, 5 % la masa salarial vigente a 31 de diciembre de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, si el IPC de este año superaba el 1, 5 %. A falta de dos meses para que termine el año, ya es seguro que la inflación se situará muy por encima de esa cifra (en septiembre subió al 4, 9 % y se espera que la media anual se sitúe en torno al 3, 5 %). Sin embargo, el compromiso establece que esta actualización se abonará a los empleados públicos «en el primer trimestre de 2027», ya que el Ejecutivo debe esperar a que el INE confirme, a mediados de enero del próximo año, el IPC de diciembre.
Lo primero que harán los responsables de elaborar la nómina de los empleados públicos será aplicar el aumento del 4, 5 % a la nómina de enero. Posteriormente, aplicarán un 0, 5 % a la nómina de diciembre de 2025 para recalcular todos los salarios resultantes del aumento del 4, 5 %.
Dado que los sindicatos han exigido que el Gobierno apruebe el aumento definitivo del 4, 5 % antes de las elecciones, y concretamente en una de las sesiones del Consejo de Ministros, que se celebrará hasta el 24 de noviembre, fecha en la que tendrá lugar la última reunión del Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29-N. El objetivo es evitar retrasos que pudieran producirse como consecuencia de las restricciones que el Ejecutivo pueda tener una vez en el cargo y que el CSIF necesite que les imponga.
El Gobierno también ha comunicado al sindicato de funcionarios que está preparando una reforma para evitar que los directivos públicos pierdan el tiempo en el sector público, según el sindicato. A pesar de esta novedad y de otras relacionadas con el abuso de la gestión de los contratos temporales en las administraciones públicas, especialmente en los sectores autonómico, local y universitario, no parece que puedan aprobarse durante el período electoral, según fuentes conocedoras de la propuesta del ministerio.
Asimismo, CC OO y UGT han influido en los avances relativos a la actualización de las indemnizaciones por residencia y por servicio, la mejora de las condiciones del personal del Servicio Exterior y la supresión o modificación del actual modelo de tasa de sustitución (que impide la sustitución de todo el personal que se jubila).
