Si analizáramos las iniciativas energéticas propuestas por los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, encontraríamos un máximo denominador común de ideas compartidas, más amplio de lo que podríamos pensar, con el que España podría consolidar una posición más independiente y segura en la cobertura de sus necesidades energéticas. Seguir leyendo
Los partidos coinciden en qué hacer con las energías renovables, las redes y las tarifas, y discrepan en cómo hacerlo
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Si analizáramos las iniciativas energéticas propuestas por los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, encontraríamos un máximo común denominador de ideas compartidas, más amplio de lo que podríamos imaginar, con el que España podría consolidar una posición más independiente y segura en la cobertura de sus necesidades energéticas. Es cierto que, en la mayoría de los casos, las maniobras políticas y la falta de diálogo han sido la causa de que estas iniciativas, propuestas tanto por el Gobierno como por la oposición, no llegaran a concretarse. Pero, aunque al final no se llegara a un acuerdo, la realidad es que no se debió a una falta de coincidencia en qué hacer, sino más bien en cómo hacerlo. . Desde la Fundación Renovable hemos propuesto a todos los partidos políticos que firmen un decálogo que recoja la posición mayoritaria del espíritu proactivo del Parlamento y que podría resumirse en los siguientes puntos. El primer paso es el reconocimiento unánime de la necesidad de garantizar nuestra independencia energética exterior y la seguridad del suministro para cubrir nuestras necesidades. Sufrimos diversas crisis geopolíticas que alteran la seguridad del suministro y provocan subidas y volatilidad en los precios de la energía, lo que afecta a la vida social y económica, ya que se trata de un bien básico y de un motor de la economía. La respuesta a la seguridad y la independencia del suministro consiste en garantizar que la energía sea accesible y competitiva para todos los consumidores. El compromiso con las energías renovables para la generación de electricidad debe ir acompañado de un compromiso para sanear la tarifa eléctrica de aquellos recargos que reducen la competitividad de la economía y convierten la pobreza energética en un problema estructural. Debemos establecer una tarifa eléctrica comprensible en la que el precio final se ajuste a los costes que lo determinan. Debe ser un compromiso ineludible con el futuro. . Paralelamente, es necesario reducir la carga fiscal para la transición energética, especialmente en lo que respecta a la electrificación. Como ya he mencionado, la energía es un bien fundamental y el motor de la economía, por lo que la fiscalidad debe utilizarse para adaptar los hábitos de consumo y reducir la dependencia de los combustibles fósiles con el fin de alcanzar un objetivo puramente recaudatorio. Para avanzar en esta dirección, España debe apoyar el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética. Nuestro país está libre de conflictos sociales y cuenta con recursos renovables y un territorio que puede aprovecharse de otras formas. Es necesario un uso eficiente de nuestros recursos para aprovechar la oportunidad de disponer de energía final barata, sostenible y universal. Sin embargo, este potencial solo podrá desarrollarse plenamente si va acompañado de las infraestructuras necesarias. El desarrollo y la modernización de las redes eléctricas y las interconexiones europeas son la clave para el crecimiento y para que se hagan realidad nuestras propuestas de suministro renovable y la implementación de nuevas demandas. La Comisión Europea no ha sido diligente a la hora de exigir el cumplimiento de los acuerdos de Barcelona para que España deje de ser una isla energética. Esta transformación debe extenderse a la movilidad y al transporte. La industria del automóvil y la transformación de la movilidad y del transporte terrestre y ferroviario exigen una posición firme y cohesionada que permita no solo mantener nuestra capacidad industrial, sino también garantizar que la movilidad y el transporte sean verticales en España. Se trata de avanzar hacia modelos eficientes y descarbonizados, sin perder de vista la importancia de estas actividades para el tejido productivo y la articulación territorial. La misma visión debería aplicarse a la industria. La reindustrialización de la cadena de valor debe estar vinculada a la transición energética. Contamos con mercado, con precios energéticos más bajos, con experiencia y con capacidad industrial para generar acuerdos de desarrollo conjunto e iniciativas nacionales que garanticen que esta apuesta vaya de la mano de la generación de valor económico. El futuro está en el desarrollo de una política energética que nos permita fabricar aquí lo que ahora importamos. Pero este desarrollo, que debe impulsar la transición, no puede concentrarse únicamente en los grandes centros urbanos e industriales. La España rural debe convertirse en el granero de las oportunidades por crear, partiendo de la base de que la generación de valor y la aceptación social deben ir de la mano. Contamos con la capacidad territorial necesaria para que la transición energética se produzca en paralelo al desarrollo del medio rural. Tanto la regeneración urbana como la rehabilitación de edificios deben ser componentes esenciales de esta transformación en las ciudades. El 80 % de la población vive en ciudades, cada vez más tensionadas por los problemas de vivienda y ordenación económica. El desarrollo urbano consiste en recuperar los barrios como unidad cultural y avanzar hacia una dimensión urbana más humana, con criterios de calidad y proximidad a los servicios disponibles. Por último, es necesario avanzar hacia un turismo sostenible. El turismo, que representa más del 15 % del PIB, es el principal componente de la economía española. Sin embargo, su constante crecimiento en el número de viajeros ha generado una presión territorial que ha convertido la capacidad de generar riqueza en una disfunción. Debemos poner límites a las prácticas indeseadas y promover un desarrollo turístico integrado e interconectado con la vida de los territorios y sus habitantes. El desarrollo social y económico no solo depende del éxito de las políticas, sino también de que estas surjan del diálogo y del consenso que garanticen su continuidad a lo largo del tiempo. Solo así todos los agentes sociales y económicos podrán tener la certeza de que las decisiones adoptadas, que suponen una apuesta por el futuro, responden a un pacto político a largo plazo. El bien común, entendido como la base del bienestar y el progreso, debe ser un objetivo al que todos y cada uno de nosotros contribuyamos, anteponiendo la sociedad al individuo. Esto debería hacernos reflexionar sobre el hecho de que, en las elecciones del 29 de noviembre, nuestro futuro depende de la necesidad de alcanzar un consenso que garantice la continuidad de las medidas. El Gobierno que salga de las urnas no solo debe gozar del reconocimiento democrático de todos, sino que también debe garantizar la estabilidad política en materia de transición energética, estabilidad de la que no hemos disfrutado hasta ahora. Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovable
