El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha propuesto esta mañana en una entrevista en À Punt Ràdio segregar viviendas “de 150 o 200 metros cuadrados” como remedio ante la falta de oferta actual. “Vamos a buscar viviendas debajo de las piedras”, ha justificado el mandatario popular. Trocear los inmuebles es, sin embargo, una opción que ya existe desde hace años en muchas ciudades españolas en las que la normativa urbanística lo permite. La competencia principal recae en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, y los trámites suelen durar varios meses o incluso más, lo que lo convierte en un procedimiento algo tedioso.
La medida, propuesta por el vicesecretario de Hacienda, ya se aplica en distintas ciudades del país, con escaso impacto en el mercado
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El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha propuesto esta mañana en una entrevista en À Punt Ràdio segregar viviendas “de 150 o 200 metros cuadrados” como remedio ante la falta de oferta actual. “Vamos a buscar viviendas debajo de las piedras”, ha justificado el mandatario popular. Trocear los inmuebles es, sin embargo, una opción que ya existe desde hace años en muchas ciudades españolas en las que la normativa urbanística lo permite. La competencia principal recae en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, y los trámites suelen durar varios meses o incluso más, lo que lo convierte en un procedimiento algo tedioso.
“Hoy las familias no son como antes. De una vivienda podemos sacar dos, y así le hemos dado una posibilidad a otra de encontrar una solución”, ha explicado Bravo. Con esa idea, sumada a otras medidas, Bravo confía en llegar a poner en el mercado un millón de viviendas, la cantidad en la que el Banco de España cifra el actual déficit de casas. “Vamos a llegar a ese millón”, ha asegurado. El millón de viviendas es un compromiso adquirido por el candidato a las elecciones generales y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que trasladó este miércoles en Sevilla, en un acto de campaña.
Durante su intervención, Feijóo señaló que, si alcanza la presidencia del Gobierno, su partido se compromete a construir más de un millón de viviendas a lo largo de los cuatro años de legislatura. Para lograrlo, implementará un plan, diseñado junto al sector de la construcción, que echará a andar desde su llegada al Consejo de Ministros con la tramitación de tres iniciativas legislativas: la reforma de la Ley del Suelo para agilizar todo el proceso urbanístico, desde la transformación de suelo sin desarrollar en suelo edificable hasta la concesión de licencias de obra; la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal; y la aprobación de una ley antiokupación.
Junto a este proyecto, Feijóo también alertó de las dificultades de los propietarios para expulsar de sus viviendas a los okupas, poniendo como ejemplo que estos pueden reclamar su continuidad en el inmueble enseñando el tique de compra de una pizza, algo que no es así. “Hay propietarios con miedo. Porque si un okupa llega con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”, dijo.
La propuesta complementaria de Bravo, sin embargo, no supone una novedad desde el punto de vista jurídico. La división de viviendas de gran tamaño en dos o más inmuebles lleva años practicándose en distintas ciudades de España como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga o Sevilla, mediante operaciones de segregación, división o modificación de elementos privativos en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal. Los registros de la propiedad y los tribunales han tramitado de forma habitual este tipo de actuaciones, sobre las que además existe abundante doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Su aplicación, no obstante, depende de una compleja combinación de requisitos administrativos. La autorización corresponde en primer lugar a los ayuntamientos, encargados de conceder la licencia urbanística o el título habilitante exigido en cada municipio, mientras que las comunidades autónomas fijan las condiciones mínimas de habitabilidad, las superficies requeridas y el resto de requisitos para que los nuevos inmuebles puedan ser considerados viviendas. A ello se suma el papel de las comunidades de propietarios, cuyos estatutos pueden limitar o condicionar este tipo de transformaciones.
El procedimiento tampoco suele ser inmediato. En términos generales, exige la elaboración de un proyecto técnico por parte de un arquitecto, la obtención de las correspondientes licencias o declaraciones responsables, la ejecución de las obras, la certificación de su adecuación a los requisitos de habitabilidad, la formalización de la segregación mediante escritura notarial y la posterior inscripción de las nuevas fincas en el Registro de la Propiedad, además de la actualización catastral.
Cuando la operación afecta a elementos comunes del edificio o modifica las cuotas de participación, puede ser necesario recabar también el visto bueno de la comunidad de vecinos. Aunque una segregación sencilla puede culminarse en unos meses, los plazos varían notablemente según el municipio y pueden alargarse por restricciones urbanísticas, trámites administrativos o discrepancias entre propietarios.
Los expertos coinciden en que esta fórmula sí puede contribuir a incrementar la oferta residencial sin necesidad de levantar nuevos edificios, especialmente en zonas con abundancia de pisos de gran superficie. Sin embargo, advierten de que su capacidad para resolver el déficit de vivienda es limitada, ya que solo afecta a una parte del parque existente y depende de que la normativa local permita reducir las superficies residenciales y de que los inmuebles puedan adaptarse técnica y económicamente a esa transformación.
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