España ha recibido más fondos del Plan Europeo de Recuperación, lo que ha contribuido a la recuperación económica del país tras la pandemia. El importe final de las asignaciones utilizadas en la revisión más reciente realizada por el Gobierno sobre este programa sigue rondando los 21 500 millones, tras una nueva reducción de 1, 257 millones en la solicitud final de fondos. Esta reducción, como se desprende de las cifras, se debe a la falta de demanda por parte de las empresas en los programas de digitalización, en el desarrollo del coche eléctrico y en las líneas de financiación para la construcción de viviendas sociales. Esto significa que España renuncia finalmente a aproximadamente el 75 % de los créditos que tenía asignados en el plan de recuperación. No ocurre lo mismo con las subvenciones concedidas, que rondan los 80 000 millones de euros y que están íntegramente asignadas a proyectos. Seguir leyendo
El Gobierno elimina el compromiso con Bruselas de reformar los incentivos fiscales ante la debilidad parlamentaria que le impide modificarlos
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España ha renunciado a más fondos del Plan de Recuperación Europeo, destinado a la recuperación económica tras la pandemia. En la última revisión de este programa por parte del Gobierno, el importe final de los créditos utilizados se mantiene en torno a los 21. 5 mil millones, tras una nueva reducción de 1. 257 millones en la solicitud final de fondos. Según las cifras, esta disminución se debe a la falta de demanda por parte de las empresas en materia de iniciativas digitales, al desarrollo del coche eléctrico y a las líneas de financiación para la construcción de viviendas sociales. Esto significa que España renuncia finalmente a más del 75 % de los créditos asignados. No ocurre lo mismo con las subvenciones concedidas, que rondan los 80 000 millones de euros y que están íntegramente asignadas a proyectos. Esta última renuncia a los créditos no es el único cambio significativo que se observa en el documento publicado este viernes por la Comisión Europea, que también deja en suspenso la última reforma legislativa prevista: la revisión de los incentivos fiscales (tipos reducidos del IVA, deducciones fiscales o exenciones fiscales) para aumentar la recaudación fiscal en una décima parte del PIB, unos 1, 7 mil millones. El Fondo de Recuperación, el plan de ayudas más ambicioso de la historia de la UE, puesto en marcha en respuesta a las duras consecuencias económicas de la COVID-19, ya se acerca a su fin. Los países han presentado sus ajustes finales para facilitar su cumplimiento y, de este modo, solicitar el último pago con más garantías de recibirlo, ya sea en su totalidad o en parte. España lo hizo el 11 de julio y este viernes la Comisión ha publicado su evaluación. Queda absolutamente claro, tanto en el documento como en sus anexos, que del total de fondos que pueden destinarse a España, algo más de 79 000 millones corresponden a subvenciones, de los cuales unos 60 000 millones ya han llegado o están a punto de llegar. En lo que respecta a los préstamos, los importes son inferiores, aunque en principio se esperaba lo contrario. España llegó a solicitar a Bruselas 83, 160 millones en créditos del plan de recuperación. A finales del año pasado, el Gobierno había perdido más de 6 000 millones de esta línea de crédito debido a la bajada de los tipos de interés en los mercados de emisión de deuda pública, que era casi igual al precio pagado por los préstamos de la Comisión Europea. Ahora renuncia a los préstamos ya concedidos: 1 257 millones en total. Si el Ecofin, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión, aprueba finalmente la evaluación realizada por Bruselas, la cifra definitiva será de casi 21. 5 mil millones. Sin embargo, al igual que en el caso de las subvenciones, España ya ha recibido gran parte de este dinero (más de 17 mil millones entre lo que se ha cobrado y lo que aún está pendiente de la aprobación del Ecofin) y le quedarán por reclamar unos 4. 5 mil millones. En esta ocasión, la renuncia no se debe a la mejora del mercado, sino a la falta de demanda de crédito por parte de las empresas y las administraciones locales y regionales en algunos de los hitos previstos en el plan de recuperación. Uno de ellos es una línea de crédito prevista para financiar la promoción de viviendas sociales por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se reduce en unos 182 millones; otro es el denominado Fondo de Resiliencia Autonómica, que se reduce en algo más de 400 millones en un programa gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y otros afectan a la cadena de valor del coche eléctrico, a un fondo empresarial para pymes o a planes de capital riesgo tecnológico. Además de los cambios en lo que respecta a los desembolsos, también se produce un cambio muy significativo en el ámbito de las reformas comprometidas: la revisión de los incentivos fiscales concedidos por el sistema tributario español para eliminar algunos de ellos y aumentar la recaudación del Tesoro. La aplicación de este compromiso, que figuraba desde 2021 en el plan de recuperación, ya se había retrasado en revisiones anteriores y ha sido eliminada. En su lugar, el Ejecutivo español ha incluido —y Bruselas ha aceptado— la publicación de los análisis de gasto elaborados por la Autoridad Fiscal, la Airef, y la entrada en vigor de elementos ya previstos en leyes para facilitar la transición ecológica que ya han sido aprobadas.
