Al ritmo de crecimiento demográfico de los últimos años, la España de los 50 millones de habitantes puede ser una realidad en breve. El Instituto Nacional de Estadística (INE) descubrirá cuándo cree que se alcanzará este objetivo en sus proyecciones de población 2026-2076 del próximo mes de junio. Según el censo de 2025, España superaba los 49. 1 millón de habitantes el año pasado, pero los datos de la Estadística Continua de Población -que combina los datos censales trimestrales con estimaciones- mantienen que en abril España ya tenía 49. 687. 120 habitantes. Este aumento de población se ha debido íntegramente a la inmigración porque la natalidad está en mínimos históricos -la segunda más baja de toda Europa- y desde 2015 las defunciones superan con creces los nacimientos de madres residentes, lo que en la jerga se conoce como crecimiento vegetativo negativo. Si se mantiene el ritmo de crecimiento demográfico de los últimos años -con un aumento anual de alrededor de medio millón de personas desde 2022-, la barrera de los 50 millones de habitantes puede alcanzarse a finales de este año o principios de 2027. Seguir leyendo
El auge demográfico gracias a la inmigración, más los 100 millones de turistas que llegan cada año, muestran la necesidad de elevar el gasto en muchos sectores para que el país funcione correctamente
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Al ritmo de crecimiento demográfico de los últimos años, la España de los 50 millones de habitantes puede ser una realidad en breve. El Instituto Nacional de Estadística (INE) descubrirá cuándo cree que se alcanzará este objetivo en sus proyecciones de población 2026-2076 el próximo mes de junio. España superó los 49, 1 millones de habitantes en el último año, según el censo de 2025, pero los datos de la Estadística Continua de Población, que combina datos censales trimestrales con estimaciones, muestran que en abril España ya contaba con 49, 687, 120 habitantes. Este aumento de población se ha debido íntegramente a la inmigración porque la natalidad está en mínimos históricos -la segunda más baja de toda Europa- y desde 2015 las defunciones superan con creces los nacimientos de madres residentes, lo que en la jerga se conoce como crecimiento vegetativo negativo. Si se mantiene el ritmo de crecimiento demográfico de los últimos años -con un aumento anual de alrededor de medio millón de personas desde 2022-, la barrera de los 50 millones de habitantes puede alcanzarse a finales de este año o principios de 2027. Además de la población residente en España, el número de turistas que visitan el país cada año no es desdeñable. Según el INE, 96. 8 millones de viajeros internacionales visitaron España en 2025, la cifra más alta de la serie histórica y un incremento del 3. 2% respecto a 2024. El país es, así, el segundo destino más visitado del mundo, solo por detrás de Francia y por delante de potencias como Estados Unidos, según los datos de la Organización Mundial del Turismo para 2025. Los primeros resultados de este año permitían anticipar que en 2026 se superaría la barrera de los 100 millones de turistas. Sin embargo, el conflicto en Irán ha provocado un aumento de la presión inflacionista, que amenaza con endurecer la política monetaria, y los riesgos para la disponibilidad de queroseno para la aviación empiezan a repercutir en las rutas aéreas y en el precio de los billetes, lo que puede frenar parte de ese optimismo. Más tarde que temprano, España se enfrentará a un escenario de 50 millones de habitantes y 100 millones de turistas, que son, por otra parte, la base misma del crecimiento diferencial que España ha exhibido en los últimos años. Es un hito estadístico y un éxito económico y social. «La gente va donde ve oportunidades», afirma Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Pero al mismo tiempo supone un enorme reto para el país, porque el aumento de la población se ha producido en muy poco tiempo, los servicios y las infraestructuras no han acompañado al mismo ritmo una transformación de tanto calado y el modelo actual da síntomas de fatiga estructural. Lo expresó muy gráficamente el director general de Tráfico, Pere Navarro, en una reunión celebrada en Madrid el pasado mes de julio. España tiene una población de 50 millones de personas, dispone de infraestructuras, y tiene un montón de políticas construidas para una población de 40 millones, dijo, y esto tiene sus efectos. «Las costuras empiezan a chirriar. Es un problema de éxito, una realidad que debemos gestionar». Una gestión que, coinciden los expertos, va a mejorar la planificación y recuperar la inversión, el talón de Aquiles de la economía española en los últimos años. Antes de la crisis de deuda de 2010, la inversión pública en España era superior a la media europea, en torno al 4. 5% del PIB y en algunos años incluso en torno al 5. 5%, fomentando la competitividad y el crecimiento, pero también generando un exceso de capacidad de activos de escaso uso. Había un enorme déficit de infraestructuras, España apostaba por modernizarse y reducir su distancia con Europa, que por aquellos años invertía de media en torno al 3. 5% del PIB, según Doménech. Con la crisis financiera llegó el ajuste fiscal y la inversión pública se desplomó a niveles mínimos, no sólo por debajo de la media de la UE, sino casi a la cola de Europa, «y en varios años la inversión neta ha sido cercana a cero, incluso por debajo de la depreciación del capital», afirma el economista jefe del BBVA. Recaudación máxima. Un comportamiento que ha afectado no sólo a los nuevos proyectos, sino también al mantenimiento y renovación del stock existente, aunque la recaudación está en niveles récord. Basta observar la evolución del PIB y de los componentes del gasto desde la crisis financiera para concluir que el gasto corriente y en pensiones se ha priorizado a lo largo de los años frente a la inversión, lo que hace que la productividad se resienta a medio plazo. La llegada de los fondos Next Generation EU (NGEU) -de los que España ha sido una de las naciones más beneficiadas- ha permitido revertir parcialmente esta tendencia, pero aún lejos de la media europea: 2. 9% frente al 3. 8% en 2025. Estos fondos explican entre el 10% y el 14% del avance del PIB español en el periodo 2021- 2025, es decir, entre el 1. 4 y el 2. 1 puntos del PIB, según un estudio elaborado por Funcas y Analistas Financieros Internacionales (AFI). Una parte importante del esfuerzo inversor se ha destinado a proyectos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con especial atención a la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la digitalización. Sin embargo, su efecto tractor sobre la inversión privada ha sido menor de lo esperado: a finales de 2025, la inversión empresarial seguía siendo del 3. 3 puntos por debajo del nivel anterior a la pandemia en términos reales. En gran medida, porque ha habido un efecto sustitución más que un efecto arrastre por cómo se han diseñado los planes y por la propia estructura empresarial española, compuesta mayoritariamente por pequeñas empresas. En conjunto, la contribución relativa de la inversión al crecimiento se ha reducido significativamente: entre 2021 y 2025 explicó el 21. 3% del crecimiento medio anual del PIB, frente al 35% del anterior ciclo expansivo (2014-2019), según un análisis de Sergio Díaz en CaixaBank Research. Este cambio en el patrón de inversión pública, que inicialmente se planteó como un ajuste coyuntural, se ha convertido en estructural y las infraestructuras han sido las más perjudicadas por este diferido intercambio inversor, que hoy se refleja en obsolescencia, averías y pérdida de eficiencia en infraestructuras de transporte, redes de agua y activos energéticos, según recogen Ginés de Rus y Carlos Ocaña en el libro La economía de las infraestructuras, editado por Funcas. La falta de presupuestos generales del Estado desde hace años se nota especialmente en estas partidas. Obras de reparación en la línea de Alta Velocidad Madrid- Málaga, en Álora (Málaga). Jorge Zapata (EFE). La combinación de una población en fuerte crecimiento y años de déficit inversor ha terminado por explotar. Lo ocurrido hace un año con el cero eléctrico (el apagón), los graves daños humanos y materiales causados por las inundaciones de Valencia en 2024 o el accidente de Adamuz han desatado las alarmas sobre el estado de las infraestructuras en España. Las cifras de las constructoras dejan pocas dudas. Según los datos de Seopan, la necesidad de inversión en infraestructuras ronda los 40. 000 millones de euros en la próxima década. De esta cifra, unos 12. 000 millones deberían destinarse a conservación y mantenimiento, y otros 28. 000 millones a nuevos desarrollos y adaptación de infraestructuras existentes. La lista es larga, pero son las infraestructuras hidráulicas y ferroviarias las que demandan una mayor inversión, 4. 000 y 3. 000 millones en los próximos 10 años, según las constructoras. Diego Rodríguez, investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, corrobora la urgencia. Al cambio climático y la intensificación de los fenómenos extremos, con sequías más severas y prolongadas y mayor probabilidad de daños y lluvias torrenciales, se suman un consumo intensivo y unas infraestructuras obsoletas que colocan al país en una situación de estrés hídrico recurrente. El turismo añade presión a esta situación, ya que un turista consume una media de 400 a 800 litros de agua al día, según un informe de Aigues de Barcelona, frente a los 127 litros de un residente, lo que provoca medidas restrictivas de reducción de caudal en las redes de distribución e incluso cortes de suministro. El envejecimiento de las infraestructuras hidráulicas provoca que entre el 15 y el 25% del agua tratada en España se pierda por fugas, porcentaje que según un informe de S & amp, P es del 40% en algunas regiones. La Asociación de Caminos, Canales y Puertos lleva tiempo alertando del mal estado de la red de presas hidráulicas, con una edad media que ronda los 60 años. «Casi estamos hablando de un problema de seguridad», advierte Rodríguez. En el caso del ferrocarril, durante décadas el grueso de la inversión se ha concentrado en la red de alta velocidad, hasta convertirse en la segunda del mundo sólo por detrás de China. La liberalización del sector en 2021 ha reducido el precio de los billetes y aumentado el número de pasajeros, lo que ha incrementado la presión sobre la red sin que el mantenimiento de las vías se haya producido de forma conjunta. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), mientras que el volumen de usuarios de alta velocidad ha crecido entre 2015 y 2024 en 100. 8%, el gasto en mantenimiento por viajero en el mismo periodo ha caído un 27. 5%. Mientras, el servicio de Cercanías sufre un colapso estructural por años de falta de inversión, lo que ha incrementado la incidencia en las grandes áreas urbanas. La AIRF reveló hace unos años que entre 1990 y 2018 se han invertido aproximadamente 3. 65. 000 millones se invirtieron en las líneas de Cercanías, que concentran el 90% de los usuarios del ferrocarril, frente a los más de 5. 000 millones invertidos en alta velocidad. El Ministerio de Transportes ya ha anunciado un plan para invertir más de 20. 000 millones en la red ferroviaria en el próximo lustro, de los que la mitad se destinarán a la red convencional y de Cercanía. El objetivo del Gobierno y de la Unión Europea es seguir aumentando la red ferroviaria en un contexto general de descarbonización de la economía, aunque los expertos recuerdan que en las economías avanzadas los beneficios de las infraestructuras de transporte no dependen tanto de las grandes extensiones de red como de la eficiencia operativa del sistema, por lo que el mantenimiento es crucial. Casi tanto como la seguridad en el suministro energético. La preocupación por la capacidad de la red se acentuó tras el apagón de abril de 2025. Especialmente en un contexto de digitalización de la economía que conlleva un enorme consumo energético, acelerado por la inteligencia artificial, los centros de datos y los servicios en la nube. Una red al límite. La demanda eléctrica en España creció un 2. 8% en 2025, un incremento muy superior a la media de la red europea de operadores de transporte, que fue del 0. 5%. Detrás de este fuerte aumento está la electrificación del consumo doméstico, los centros de datos y, una vez más, la demanda turística. La red eléctrica está al límite, no porque falte generación: España produce más electricidad limpia que nunca, es exportadora de electricidad a sus vecinos europeos y lidera la capacidad renovable instalada. «Pero seguimos consumiendo más petróleo que nunca», dice el investigador de Fedea. Sin embargo, el 83% de los nudos de conexión a la red están saturados, lo que limita tanto la conexión de nueva generación renovable como la de grandes consumidores industriales. Ya hay promociones de viviendas paradas por falta de infraestructuras energéticas, sólo el 12% de los proyectos que solicitaron conexión a la red en 2025 obtuvieron autorización en 2025 y el 66% no pudieron realizarse por falta de capacidad. Los Sats se han convertido en un cuello de botella para el crecimiento de la industria, el desarrollo urbano y la propia transición energética. El apagón sirvió como espejo de la complejidad del momento actual: refleja un sistema que ya no es lo que era, pero que aún no se ha convertido en lo que demanda la realidad económica española. «Una vez más, la clave pasa por la planificación», afirma Diego Rodríguez. Inauguración de la presa del embalse de Sau, en Vilanova de Sau (Barcelona). JOSEP LAGO (AFP / GETTY IMAGES). En el debate sobre las infraestructuras y el reto demográfico, existe la tentación de reducirlo todo a una cifra o a un porcentaje, elemento importante para invertir la tendencia de años, pero a todas luces insuficiente para abordar una cuestión tan compleja. Como resume Rafael Doménech, «tan importante como cuánto invertir es cómo se hace esa inversión». En otras palabras, diseñar una estrategia a largo plazo, realizar una evaluación rigurosa de los proyectos y evaluar su ejecución y eficacia antes y después. La inversión en el mantenimiento de estas infraestructuras debe diseñarse como una estrategia a largo plazo para mejorar el potencial de crecimiento de la economía española a largo plazo e impulsar la actividad y el empleo a corto plazo. Para que España esté preparada para ser un país de 50 millones de habitantes y 100 millones de turistas. . Una transformación sin precedentes. Lo queramos o no, la demografía condicionará buena parte de la evolución futura de la economía española. España se enfrenta a una transformación demográfica sin precedentes, marcada, como el resto de Europa, por la baja natalidad estructural, el envejecimiento acelerado y la creciente dependencia de los flujos migratorios para sostener el mercado de trabajo. De hecho, el 80% de los nuevos empleos no han nacido en España y, a pesar del fuerte aumento de la población en los últimos años, la tasa de desempleo sigue siendo claramente decreciente en estos momentos. España ha alcanzado ya los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero (20% de la población) y la afiliación a la Seguridad Social de este colectivo ha marcado un récord de 3. 25 millones, 14. 7% del total. Las previsiones indican que en 10 años la suma de la población originaria del extranjero y los descendientes de extranjeros nacidos en España podría superar el 34%, lo que significa que un tercio de la población estará vinculada -en primera o segunda generación- a la inmigración. un reto demográfico que exige una acción coordinada de las administraciones públicas antes del ciclo electoral y que está lleno de oportunidades y retos. «Un ciclo económico ascendente permite integrar a todo el que viene, pero si hay un cambio de ciclo y la ocupación se ve afectada, puede haber problemas de integración», señala Miguel Ángel García, colaborador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. García insiste en la necesidad de abordar estos cambios desde la planificación. «Si se necesitan inmigrantes, hay que tomar medidas de seguimiento que permitan su correcta integración para que no se deterioren los servicios sociales, garantizando el acceso a la educación, la sanidad y la vivienda y evitando así episodios de xenofobia contra los recién llegados», explica. Las consecuencias de lo contrario son bien conocidas por todos. La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBES) de Foment del Tre ball ha impulsado el informe España de 50 millones de habitantes, en el que reclama un pacto social para anticiparse a los cambios que produce esta nueva realidad. El problema del acceso a la vivienda es quizá uno de los prioritarios y donde el modelo tiene una mayor fractura. El Banco de España cifra el déficit de vivienda en unas 700. 000 unidades, CaixaBank Research lo eleva a 765. 000. Según BBVA Research, la construcción de vivienda nueva sólo cubre la mitad de los hogares que se crean cada año, lo que genera un déficit estructural que presiona al alza tanto los precios de alquiler como los de compra y hace inaccesible el mercado inmobiliario a una parte cada vez mayor de la población. Incluso se alerta del riesgo de que la inmigración comience a reducirse en estos años por las dificultades de acceso a la vivienda y sin alternativas para que los jóvenes accedan de una u otra forma al mercado inmobiliario. Será difícil pensar que la natalidad retroceda. El informe de España sobre 50 millones de personas sugiere que el turismo debe considerarse un reto demográfico y que el diseño de políticas en zonas de alta concentración turística debe incorporar la «población flotante» como un factor más.
