El reciente informe nacional sobre España elaborado por la Comisión Europea en el marco del Paquete de Primavera pone de manifiesto la resiliencia demostrada por nuestra economía en los últimos años, con unas tasas de crecimiento sólidas por encima de la media europea. El informe identifica tres factores principales: la inmigración, los Fondos Europeos Next Generation y el turismo. Sigue leyendo.
La Comisión destaca la resiliencia económica española, pero rechaza el triunfalismo del Gobierno
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El reciente informe sobre España elaborado por la Comisión Europea en el marco del Paquete de Primavera muestra la resiliencia demostrada por nuestra economía en los últimos años, con sólidas tasas de crecimiento por encima de la media europea. El informe identifica tres motores principales: la inmigración, los Fondos Europeos Next Generation y el turismo. Pero, además, en lugar de limitarse a repasar lo que va bien, como hace el Gobierno, la Comisión centra su informe y, sobre todo, sus recomendaciones, en los numerosos retos estructurales que arrastramos desde hace tiempo sin que, hasta ahora, hayan sido objeto de la suficiente atención política, seguramente porque su resolución requiere pactos y acuerdos transversales incompatibles con la fragmentación y la confrontación que caracterizan el panorama político actual. Así, por ejemplo, señala que en siete de los ODS estamos por debajo de la media, especialmente en pobreza, equidad y sostenibilidad medioambiental, donde nuestro rendimiento es peor. Dado que el catálogo es extenso, solo podré reordenarlo por los actores implicados y de acuerdo con lo que considero más importante para desentrañar nuestra economía y dar un nuevo salto cualitativo que nos permita converger en términos de renta per cápita, condiciones de vida, y bienestar social con la media europea, superando la incapacidad de aprovechar los años de bonanza para redistribuir y prepararnos mejor para el futuro. Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la economía española ha sido durante mucho tiempo la baja productividad por trabajador. Recientemente se ha puesto el énfasis en dos elementos clave, que figuran en el informe: la dificultad generalizada para encontrar trabajadores con las competencias adecuadas y el problema exagerado del absentismo en un mercado laboral en el que el número de trabajadores está aumentando, pero el número medio de horas realmente trabajadas por trabajador también es bajo, ya que han aumentado los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos. La AIRF ha destacado en su informe sobre el gasto público el espectacular aumento de los pagos de la Seguridad Social por incapacidad temporal, que triplica el registrado, por ejemplo, en 2017. Y eso no es normal. Según una encuesta del Banco de España, el 48 % de las empresas españolas afirma tener problemas directos con la disponibilidad de mano de obra adecuada a las competencias requeridas. La Comisión cita que dos tercios de las pymes tienen el mismo problema, lo que pone de manifiesto tres cosas: la elevada tasa de abandono escolar prematuro que hemos registrado (un 13 %, en descenso, pero muy por encima del 9 % de la media europea), el fracaso de las llamadas políticas activas de empleo (a través del SEPE se coloca a menos del 2 % de los demandantes de empleo) y, sobre todo, la desconexión entre el mundo educativo a todos los niveles y las necesidades de un mercado laboral en plena revolución de la digitalización y la IA. Ya no se trata solo de que la formación profesional esté desfasada y de que conllevara un desprecio social generalizado. También se observa que los docentes, tanto en Bachillerato como en la Universidad, enseñan lo que saben, que no siempre es lo que el estudiante necesita hoy en día al enfrentarse al mercado laboral. La desconexión generalizada entre la empresa y la sociedad también se refleja en el bajo rendimiento que presentan nuestras empresas en I+D+i, otro elemento esencial del mix de productividad. La Comisión señala que «España se enfrenta a una inversión en I+D+i crónicamente baja y fragmentada» D» y señala el tamaño del tejido empresarial, con un gran número de pymes ubicadas en sectores de bajo valor añadido, la ausencia de un mercado de capitales adaptado a las necesidades de las empresas y de una financiación suficiente para la innovación, así como un sistema de ayudas fiscales a la I+D+i que, en la práctica, desincentiva más de lo que ayuda. Pobreza y desigualdad. El segundo reto estructural en el que quiero centrarme es cuando la Comisión afirma que «España necesita alcanzar la media de la UE en la reducción de las desigualdades» y, en particular, en su elevada tasa de pobreza y exclusión social, lo que contribuye al problema de la asequibilidad y a la escasez de vivienda social (1, 7 % del parque en España frente a una media europea del 7 %, por lo que es necesario acelerar la simplificación de los trámites para la construcción de nuevas viviendas), así como la pobreza, tanto laboral (el 18 % de los asalariados según el informe Foessa), como infantil: «más del 25 % de la media europea de la población y la exclusión social sigue siendo un riesgo». Señaló «las deficiencias del sistema de protección social y las persistentes desigualdades de ingresos», por lo que pidió mejoras significativas en la eficiencia del gasto público destinado a ello y un enfoque a largo plazo que incluyera el fin de las desigualdades educativas. Paralelamente, es necesario mejorar «las importantes brechas en el mercado laboral con respecto a la media de la UE», tanto en el desempleo (especialmente juvenil), como en la tasa de actividad y la calidad del empleo, lo que mejora los salarios. El tercer problema estructural que quiero destacar son los «obstáculos burocráticos, entre los que se incluye la fragmentación normativa entre regiones», lo que requiere, entre otras cosas, reforzar la gobernanza y la coordinación regional con el fin de maximizar el potencial de nuestro mercado interior. La mejora del marco institucional y la simplificación del entorno normativo son ya urgentes, ya que la anulación de decisiones y la lentitud administrativa constituyen dos retos importantes para nuestro desarrollo. Ser un país con un Estado, pero gestionado por 17 administraciones autónomas más la central, exige un esfuerzo continuo de diálogo, coordinación y simplificación, al que la digitalización puede contribuir si no se ajusta al contexto actual de uso de las instituciones por parte de todos para la confrontación partidista. Al igual que hizo el FMI hace unos días, la Comisión destaca una visión de la situación económica española alejada del triunfalismo simplista del Gobierno, que exige, para mejorarla, superar el actual marco de fragmentación y confrontación política. ¡No hay nada! Jordi Sevilla es economista.
