Los abogados, médicos, procuradores o ingenieros que coticen para su pensión de jubilación a través de una mutua sindical privada tendrán que esperar un poco más para acceder a una pasarela que les permita cotizar a la Seguridad Social. La Comisión de Trabajo que debatía este miércoles en el Congreso un proyecto de ley sobre la materia fue aplazada hasta el martes 26. Estos colectivos reclaman el acceso a una pensión pública digna. Muchos de estos profesionales reciben prestaciones de menos de 500 euros al mes de la mutua. Aparte de la cuestión de la pasarela, el intento de incorporar enmiendas transaccionales, según fuentes parlamentarias de varios grupos, es lo que ha provocado que las negociaciones se hayan detenido, a pesar de estar muy avanzadas. Se calcula que el cambio de política afectaría a más de 100, 000 personas. Seguir leyendo
Debido a las diferencias entre los grupos parlamentarios, la comisión que debatía la propuesta se retrasa una semana.
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Los abogados, médicos, procuradores o ingenieros que coticen para su pensión de jubilación a través de una mutua sindical privada tendrán que esperar un poco más para acceder a una pasarela que les permita cotizar a la Seguridad Social. La Comisión de Trabajo que debatía este miércoles en el Congreso un proyecto de ley sobre la materia fue aplazada hasta el martes 26. Estos colectivos reclaman el acceso a una pensión pública digna. Muchos de estos profesionales reciben prestaciones de menos de 500 euros al mes de la mutua. Fuentes parlamentarias de distintos grupos han explicado que el intento de incorporar enmiendas transaccionales distintas a la cuestión de la pasarela es lo que ha hecho que se paralicen las negociaciones, aunque ya estaban muy avanzadas. Se calcula que el cambio normativo afectaría a más de 100. 000 personas. El texto que se iba a votar en comisión preveía una solicitud voluntaria de seguridad social por parte de los mutualistas. A cambio, los mutualistas tendrían que transferir sus ahorros al Estado. Para calcular a cuántos años equivale el capital aportado, se aplica un coeficiente corrector de 0. 77. Para un mutualista que haya acumulado 50, 000 euros, equivaldría a 20 años de cotización a la Seguridad Social. Nuria Cachafeiro, presidenta de la asociación de afectados Anama, explica que la solución que se propone no les satisface plenamente: «No nos llega a convencer porque deja fuera a los que ya están jubilados y el coeficiente nos parece insuficiente, pero lo que sí pedimos a los políticos es que se pongan de acuerdo de una vez, porque ya son tres años agotadores de lucha», dice. Abogados, médicos y procuradores han salido a la calle regularmente desde 2023 para exigir la aprobación de esta puerta de entrada al RETA (régimen especial de autónomos). Este sábado volverán a manifestarse para pedir una solución «sin exclusiones». Desde el colectivo J2, otro de los implicados en las movilizaciones, se considera que la actual propuesta «no resuelve la situación de miles de profesionales afectados y mantiene elementos parciales, insuficientes y discriminatorios». El martes 26 de mayo, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social volverá a reunirse para debatir el texto de la proposición de ley y las enmiendas que han aportado los grupos. Si hubiera acuerdo, el texto pasaría al Pleno del Congreso, de ahí al Senado y, tras la segunda lectura del Congreso, podría ser aprobado. «Lo que queremos es que esto esté arreglado antes del verano», señalan desde el Grupo Socialista. Según varios diputados presentes en la comisión, el Grupo Popular ha presentado enmiendas relativas a las ayudas a los enfermos de talidomida. Por su parte, Junts per Catalunya ha intentado incluir enmiendas relativas al IVA y al impuesto de sociedades. Las negociaciones fuera de comisión han durado varias horas este miércoles, teniendo en cuenta que estas propuestas tendrían impacto presupuestario y deberían contar con un informe previo del Gobierno. La Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de la For, Mutualidad Médica o la Hermandad Nacional de Arquitectos son aseguradoras privadas que, desde hace años, son alternativa a la cotización al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA). Es decir, estos profesionales podían elegir entre pagar una pensión pública o pagar una pensión privada a través de la cotización. La cotización a través del reconocimiento mutuo fue obligatoria hasta 1995, ya que era un requisito para estar afiliado, lo que cerró la puerta de la Seguridad Social. Pero cuando a partir de 1996 se abrió la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social, la mayoría de los abogados siguieron cotizando a través de la mutua. Hasta que empezaron a saltar las costuras del modelo. Cada vez había menos abogados autónomos -la mayoría de los licenciados iban a empresas o grandes despachos, como asalariados- y el colectivo envejecía. Al entrar menos jóvenes en el sistema, con una pirámide demográfica invertida y una mayor esperanza de vida, las experiencias mutualistas experimentaron los mismos temores que a veces se expresan sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas. Sin embargo, con mucho menos apoyo, los socios de la mutua se vieron obligados a pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización individual en 2005. El cálculo de la pensión depende directamente de lo que se haya aportado. Y la base de cotización de las mutuas era muy baja: la mayoría lo hacía al menos lo exigido, era el 80% de la cotización al RETA. Esto supone actualmente entre 80 y 150 euros al mes. Al jubilarse, muchos se han encontrado con pensiones muy bajas, de 300 a 500 euros. En 12 pagas y sin revisión anual con la inflación. En la Seguridad Social, los autónomos cobran al menos 950 euros, en 14 pagas, y con actualización anual según el IPC. Una de las disposiciones del proyecto de ley es acabar con el régimen de alternatividad. Es decir, que los nuevos abogados o médicos autónomos no puedan elegir entre cotizar a la Seguridad Social o a la Mutua. Esto afectaría a los nuevos ingresos desde el 1 de enero de 2028, aunque se mantendría el sistema para los mutualistas que no quisieran acogerse a la pasarela al RETA. Casi todos los mutualistas afectados han intentado replantearse ese plazo. Otro de los caballos de batalla de la negociación es qué solución dar a los mutualistas que ya están jubilados y cobran pensiones muy bajas. El grupo socialista insiste en que no se puede incluir a este colectivo en la solución a través de la pasarela.
