El viernes, los representantes de las comunidades del Partido Popular se reunieron para asistir a una sesión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocada por el Ministerio de Hacienda. Se prevé que en esta reunión se utilice un nuevo modelo de autofinanciación, al que se opone casi todo el mundo. A pesar de la solicitud imprevista de la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocco Albert, quien declaró que no asistiría a la reunión y sugirió un boicot generalizado para, posiblemente, obligar al Ministerio de Hacienda a cancelarla, la reunión siguió adelante. Sin embargo, la iniciativa carece de apoyo, lo que convierte al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la única entidad comprometida con su desmantelamiento. Sigue leyendo para obtener más información.
Las comunidades autónomas conocidas desaprueban el boicot y tienen previsto votar en contra del mecanismo de financiación actualizado; esta medida solo podrá convertirse en ley si Cataluña y las Islas Canarias la respaldan.
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Las comunidades del Partido Popular se han reunido en bloque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Ministerio de Hacienda (MPF), que aprobará el nuevo modelo de financiación autonómica que rechazan casi todos los territorios. Lo han hecho a pesar de la petición formulada un día antes por la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, quien anunció que no acudiría a la reunión y propuso a sus homólogos un boicot generalizado con la esperanza de que una ausencia masiva obligara al Ministerio de Hacienda a suspender la convocatoria. Sin embargo, nadie ha respaldado la iniciativa, lo que ha dejado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en solitario en su ausencia.
Aunque la convocatoria de boicot no ha tenido éxito, ningún consejero del PP ha criticado abiertamente la decisión al llegar a la reunión del CPFF esta mañana y, en general, han enmarcado la actuación del Gobierno de Díaz Ayuso en el ámbito de la autonomía decisoria que tiene cada comunidad autónoma. El valenciano José Antonio Rovira ha sido el único en expresar públicamente cierto malestar. «No sirve para nada», afirmó antes de entrar en el ministerio para asistir a la reunión convocada a las 10. 30 de este viernes.
«Respetamos la postura de las comunidades», ha dicho Carolina España, su homóloga andaluza, también del PP. «Es una respuesta clara y rotunda a un sistema de financiación injusto». El conselleiro gallego, Miguel Corgos, también ha evitado la polémica. «Su postura es muy similar a la nuestra», señaló en referencia al rechazo del ejecutivo de Díaz Ayuso a la nueva financiación autonómica diseñada por el Gobierno, una postura que comparten todos los territorios, excepto Cataluña y las Islas Canarias. «Lo que ocurre es que lo manifiesta de otra forma».
El mismo mensaje lo ha lanzado la concejala extremista Elena Manzano, también del PP y contraria al modelo propuesto por el Gobierno central: «Tendremos la máxima lealtad institucional y lo haremos en todos los ámbitos, porque tenemos muy claro que hemos venido a servir a los ciudadanos extremistas y a hacer oír su voz en todos los ámbitos».
La dirección del PP a nivel nacional se ha sumado al argumento esgrimido por la mayoría de sus comunidades. Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, explicó en una entrevista con RNE que desconocía la decisión de Madrid de no asistir a la reunión, pero pidió que se «respetara» una decisión que entraba dentro del ámbito de sus responsabilidades y competencias. Génova insiste en que lo importante no es el intento de boicot por parte de Madrid ni el desmarque del resto de territorios del PP, sino el rechazo generalizado de las comunidades a un nuevo modelo que, según Muñoz, se ha diseñado «al margen de toda España».
Aunque este ha sido el tono generalizado, se reconoce en privado que la gesta de Madrid ha generado malestar y se ha percibido como una maniobra «injusta», ya que ha pillado por sorpresa a todos los ayuntamientos, que ya estaban preparados para asistir a la reunión tras la celebración ayer de una primera reunión técnica. Algunas fuentes autonómicas han especulado con que esta maniobra puede incluso resultar contraproducente para la Comunidad de Madrid, en un momento en que la atención mediática se centra en la crisis migratoria de Ceuta.
No es la primera vez que las decisiones unilaterales del Gobierno de Madrid han molestado a los demás barones regionales. La comunidad dirigida por Díaz Ayuso tampoco ha comunicado oficialmente su ausencia al Ministerio de Hacienda, por lo que en la reunión aparecerá una silla vacía con su bandera.
Madrid invitó a las demás comunidades a sumarse al boicot para impedir que se alcanzara el quórum necesario para que la reunión fuera válida. La legislación establece que, para constituir el Consejo, debe estar presente al menos la mitad de los miembros. Un veto masivo del principal partido de la oposición, que gobierna en la gran mayoría de las comunidades autónomas, habría suspendido la reunión.
Sin embargo, la autonomía del PP ha preferido presentarse en la sede del Ministerio de Economía con el objetivo de emitir su voto en contra de la propuesta de reforma, que, en su opinión, adolece del pecado original de haber sido acordada bilateralmente con los catalanes del ERC. Al PP se unirán Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, pero también contrarias al esquema propuesto por el Gobierno. Solo Cataluña, con quien se negoció inicialmente el modelo, y las Islas Canarias, que se sumaron a él a finales de julio, apoyan la propuesta.
De hecho, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero, celebró este viernes que el Ministerio de Hacienda haya puesto su propuesta sobre la mesa, un nuevo modelo que considera una «ventana de oportunidad» porque, en su opinión, beneficia a todas las comunidades. Así lo ha manifestado antes de entrar en la CPFF, confirmando su voto a favor de la iniciativa. «Un modelo más justo y equitativo que aportará más de 21 000 millones de euros al sistema y que supondrá casi 4 700 millones de euros para Cataluña, destinados a mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación y las políticas sociales», declaró.
