El antagonismo que se da en algunas ocasiones entre las decisiones políticas y los criterios técnicos ha vuelto al centro del debate tras el último accidente ferroviario de España. La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que reúne a los altos funcionarios del país, ha defendido que estos profesionales deben garantizar la neutralidad de la Administración y “plantarse” cuando una decisión política contradiga los procedimientos legales o los criterios técnicos establecidos en los protocolos y guías de actuación. En paralelo, la Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape), que pertenece a la agrupación, ha reclamado una investigación independiente del siniestro de Urda y una mayor profesionalización de la dirección del sector ferroviario.. Seguir leyendo
Fedeca, la asociación que reúne al personal más alto de la Administración, pide a los profesionales plantarse ante indicaciones que contradigan los protocolos de actuación
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El antagonismo que se da en algunas ocasiones entre las decisiones políticas y los criterios técnicos ha vuelto al centro del debate tras el último accidente ferroviario de España. La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que reúne a los altos funcionarios del país, ha defendido que estos profesionales deben garantizar la neutralidad de la Administración y “plantarse” cuando una decisión política contradiga los procedimientos legales o los criterios técnicos establecidos en los protocolos y guías de actuación. En paralelo, la Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape), que pertenece a la agrupación, ha reclamado una investigación independiente del siniestro de Urda y una mayor profesionalización de la dirección del sector ferroviario.. El vicepresidente de Fedeca, Víctor Rodríguez Prieto, ha trasladado la posición de los altos funcionarios durante el XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado este jueves y viernes en Toledo. “Nosotros tenemos que garantizar que la Administración sea neutral con independencia de quién la dirija y plantarnos cuando hay una decisión política que va a ir en contra de los procedimientos legales, de los criterios técnicos o que incluso, como estamos viendo en estas últimas horas, está afectando a la vida de la gente”, ha señalado, en referencia al accidente ferroviario.. Rodríguez Prieto ha defendido que los funcionarios técnicos deben fijar “una dirección clara” y trasladar a los responsables políticos que sus proyectos han de desarrollarse por los cauces establecidos. Esta función, ha precisado, no implica impedir que los cargos políticos lleven a cabo sus iniciativas, puesto que cuentan con “la legitimidad democrática de desarrollar su proyecto”.. En esta misma línea, Aicape ha difundido un comunicado, también este viernes, en el que reclama que se esclarezcan las circunstancias del siniestro y se identifiquen los factores que pudieron contribuir a él. La asociación considera imprescindible que la investigación sea “rigurosa, objetiva e independiente” y exige que los integrantes de la autoridad investigadora ferroviaria dispongan de autonomía, medios suficientes y libertad para analizar lo ocurrido y formular sus conclusiones, sin presiones políticas o administrativas.. Los ingenieros también defienden que la seguridad ferroviaria debe analizarse desde una perspectiva global, teniendo en cuenta la infraestructura, la señalización, los sistemas de protección, los procedimientos de circulación, las comunicaciones y la organización del control del tráfico. A su juicio, atribuir un accidente exclusivamente a un posible error individual impediría identificar eventuales deficiencias sistémicas y organizativas. Los mecanismos de seguridad, sostienen, deben estar preparados para evitar que un fallo técnico o humano derive en una situación de peligro.. Más allá de la investigación del accidente, Aicape plantea una revisión del modelo de organización y dirección del sector ferroviario español. La asociación alerta de la creciente presencia de criterios políticos en ámbitos que, según considera, requieren una dirección esencialmente técnica y profesional. En particular, cuestiona que puestos directivos relacionados con la planificación, construcción, conservación, explotación y seguridad de las infraestructuras puedan estar ocupados por perfiles de naturaleza política.. La asociación distingue entre la legítima dirección política de las administraciones y las decisiones de carácter técnico, que considera que deben corresponder a profesionales cualificados, con experiencia, independencia de criterio y capacidad efectiva de decisión. También reivindica la condición funcionarial como garantía frente a posibles presiones e injerencias políticas de cualquier color, una proclama que también han hecho suya los propios inspectores de Hacienda durante su encuentro anual.. Función pública. El debate sobre la profesionalización de la Administración coincide con la controversia abierta por el nuevo modelo de procesos selectivos aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 28 de octubre, precisamente el mismo día del siniestro, establece unas bases comunes para determinados cuerpos y escalas del Ministerio y permite extenderlas posteriormente a otros, previa autorización de la Dirección General de la Función Pública.. Aunque el sistema no afecta actualmente al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, Aicape teme que pueda terminar aplicándose a sus oposiciones. La asociación considera que concentrar la evaluación teórica específica en un único ejercicio y trasladar parte de la valoración práctica a un curso selectivo posterior puede reducir el rigor de las pruebas y ampliar el margen de discrecionalidad en la evaluación de los aspirantes.. Su presidente, Imanol García, también advierte de las dificultades para atraer y retener profesionales especializados en infraestructuras. “Existe una fuga de talento del ámbito de las infraestructuras en el Estado a otros ámbitos de la Administración, o a otras Administraciones Públicas”, señala. Según García, esta situación está reduciendo la capacidad técnica y generando sobrecarga y estrés en unidades con elevadas responsabilidades que deben trabajar sin los medios adecuados.
