Security has replaced the economy as the main focus of Latin American politics. The increasing social dissatisfaction and the relentless advance of crime have pushed presidential candidates to abandon the traditional debate on reforms, growth, and development. They are now prioritizing territorial control, police deployment, and the fight against organized crime, according to the Latin American Economy Report published by the Bank of Spain on Tuesday. Read on.
A report from the Bank of Spain notes that regional politicians prioritize the fight against crime in their programs while proposing tax cuts that threaten the sustainability of public accounts
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La seguridad ha desplazado a la economía en el centro de la política latinoamericana. La creciente insatisfacción social y el avance sin tregua de la criminalidad ha empujado a los candidatos presidenciales a abandonar el tradicional debate sobre reformas, crecimiento y desarrollo para colocar el control territorial, el despliegue policial y la lucha contra el crimen organizado como prioridades de gobierno, según se concluye del Informe de Economía Latinoamericana, publicado este martes por el Banco de España.
En los últimos cuatro años, la seguridad ha ganado peso en las agendas públicas hasta relegar a un segundo plano las promesas de desarrollo social y crecimiento económico, condicionando a su vez las decisiones de gasto público. El viraje se da en un momento en que las cuentas públicas tienen menos margen fiscal; el crédito se ha encarecido y la deuda pública se encuentra en niveles históricamente altos. Además el déficit presupuestario supera el 5% en el caso mexicano y colombiano, y alcanza incluso el 9,4% del PIB en el caso del Brasil. Y en los mercados locales, la incertidumbre fiscal ha disparado el coste de financiación en moneda nacional, con repuntes en los tipos a largo plazo de más de 50 puntos básicos en Colombia y Chile, y cercanos a esa cifra en México.
El viraje de la agenda política pretende dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas. En países como Chile, Colombia, Perú y Brasil y México, la delincuencia y el crimen organizado han desplazado al desempleo y la inflación como principal inquietud. En Perú, más el 70% de la población sitúa la violencia en el primer lugar de sus preocupaciones; en Chile supera a la mitad de la población, un nivel incluso superior al volumen de gente que se dice preocupada por el desempleo; y en Colombia más del 60% de la ciudadanía reclama al Gobierno que priorice la seguridad frente a cualquier otra área económica. En Brasil, la inseguridad también supera holgadamente el malestar por el bajo crecimiento o la inflación. Argentina es la única excepción, pues allí el deterioro de los ingresos y el desempleo siguen dominando el malestar social, según se desprende del informe del Banco de España que a su vez bebe del Latinobarómetro, un estudio de opinión pública en la región.
En respuesta, gobiernos recién electos tras las urnas han asumido como prioritario las políticas de seguridad. Ese es el caso del conservador José Antonio Kast en Chile ―electo a finales de 2025―,cuyo plan contempla la intervención policial en 50 barrios; el ahora presidente Abelardo de la Espriella en Colombia, que propone un Bloque Nacional contra la Extorsión y redadas masivas;o Keiko Fujimori en Perú ―electa verano―, que llegó a insistir en el despliegue de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia y a la creación de unidades penitenciarias de máxima seguridad. En la misma línea se presenta la propuesta de Flávio Bolsonaro, que en la actualidad compite junto a Lula da Silva por la presidencia de Brasil y cuya propuesta en materia de seguridad la encabezan leyes antiterroristas, el aumento de la infraestructura penitenciaria y un enfoque de contención inspirado en El Salvador.
El problema es que esta nueva prioridad se cruza con las propuestas económicas de los mismos políticos. La apuesta por reforzar el aparato de seguridad convive con programas que buscan reducir impuestos, contener el gasto público y limitar el tamaño del Estado. En Chile, Kast ha propuesto reducir el gasto público, rebajar el impuesto corporativo del 27% al 23% e introducir cláusulas de invariabilidad tributaria durante 25 años. En Colombia, De la Espriella ha planteado eliminar el impuesto al patrimonio, simplificar el código tributario, congelar el gasto público y reactivar el fracking. En Brasil, la propuesta opositora de Bolsonaro aboga por reducir el gasto en un 1,5% del PIB, fijar una nueva regla de deuda y suprimir ministerios, mientras que en Perú se ha apostado por simplificar las condiciones para las pequeñas empresas.
En esta combinación económica aparece la principal tensión económica porque reforzar la seguridad exige un despliegue de recursos permanentes como puede ser más policías, mayor capacidad de inteligencia, nuevas prisiones o un despliegue militar. Pero al mismo tiempo, las rebajas fiscales reducen el espacio del que disponen los Gobiernos para financiar esas políticas y en muchos casos, implica recortar otros gastos sociales. No se trata solo de una cuestión presupuestaria. Con una deuda elevada y un mayor coste de financiación, cada nuevo compromiso de gasto compite con unas cuentas públicas que ya parten de una posición frágil.
En Brasil, por ejemplo, la deuda pública alcanzará el 97% del PIB en 2026, su nivel más elevado en varias décadas, mientras el pago de intereses absorbe el equivalente al 7,7% del PIB. Las proyecciones a medio plazo apuntan a que la deuda llegará al 100% del PIB en 2036 incluso si se cumplen estrictamente los objetivos de consolidación fiscal. Colombia afronta una presión similar. Las previsiones oficiales anticipan un aumento de unos 35 puntos porcentuales de la deuda durante la próxima década, hasta rozar el 95% del PIB. México y Chile cuentan con ratios inferiores, pero tampoco parten de una posición que permita ignorar las restricciones fiscales. La deuda se sitúa en el 62,4% del PIB y en el 42,7%, respectivamente. El margen para aumentar el gasto sin deteriorar la sostenibilidad de las cuentas públicas es, por tanto, limitado.
El problema no termina en las cuentas públicas. En una región cuyos bancos mantienen una elevada exposición a la deuda soberana, el deterioro fiscal puede trasladarse directamente al sistema financiero. En ese sentido, un aumento de un punto porcentual de la deuda sobre el PIB puede reducir hasta 0,3 puntos el capital bancario a largo plazo en los países con menor calidad regulatoria. En Brasil, por ejemplo, el indicador adelantado de vulnerabilidad soberana se deterioró durante la primera mitad de 2026, impulsado exclusivamente por el aumento de la deuda acumulada.
Mejor crecimiento del previsto
Los vaivenes geopolíticos de este año no han supuesto una pérdida significativa de dinamismo económico. En consecuencia, las previsiones de crecimiento para el conjunto del año que barajaban los analistas privados (y que contempla el informe del Banco de España) apenas se han corregido, del 2,2% que se esperaba en febrero al 2% en septiembre.
La guerra en Oriente Próximo ha golpeado con menos intensidad a la región que a otras economías emergentes. América Latina ha sufrido el encarecimiento de los combustibles, dada su dependencia de las importaciones de productos refinados, pero el gas natural se ha mantenido estable y ha evitado un impacto energético mayor. Los mercados financieros han ofrecido además un respiro. Hasta mediados de septiembre, las condiciones de financiación externa mejoraron, las monedas latinoamericanas se apreciaron un 3,5% de media y el apetito de los inversores permitió colocar más de 120.000 millones de dólares en deuda en los nueve primeros meses del año.
La inflación es, en cambio, el principal foco de tensión. Las previsiones han empeorado el escenario de cara al cierre de año, con una tasa media prevista para 2026 del 5,2%, más de medio punto por encima de las previsiones previas. La inflación subyacente, sobretodo en los servicios, mantiene la presión de cara al futuro y a ello se suma el encarecimiento de las materias primas provocado por el fenómeno de El Niño.
Ante un encarecimiento del coste de la vida, los bancos centrales están reaccionando de forma distinta. Brasil y Colombia mantienen los tipos en niveles elevados para contener las presiones sobre los precios, mientras Chile, México y Perú han podido avanzar hacia una política monetaria más cercana a la neutralidad. En cojunto, América Latina llega al nuevo ciclo político con una economía capaz de absorber shocks externos, pero con unas cuentas públicas tensionadas, una deuda cada vez más cara y poco espacio para aumentar el gasto. Es precisamente ahí donde la nueva prioridad política —una respuesta mucho más contundente frente a la inseguridad— se encuentra con su principal límite.
