La asociación de constructores y concesionarios Seopan ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados dos propuestas para modernizar el sistema de contratación pública y crear un marco de mayor eficacia y agilidad para ejecutar las infraestructuras anunciadas como prioritarias. El colectivo que preside Julián Núñez se basa en dos informes, Propuesta de modificación de la normativa de contratación del sector público, firmada por Ernesto García-Trevijano Garnica, y Propuesta de normativa para el fomento de la inversión mediante modelos de colaboración público-privada, de José María Gimeno Feliú, que sugieren reformas y las debilidades del actual sistema de obra pública. Seguir leyendo
La asociación de constructores lleva al Congreso la petición de una mayor colaboración público-privada, el fin del modelo de desindexación para las concesiones, y la exigencia de revisión de precios en todas las fases de una obra
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La asociación de constructores y concesionarios Seopan ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados dos propuestas para modernizar el sistema de contratación pública y crear un marco de mayor eficiencia y agilidad para ejecutar las infraestructuras anunciadas como prioritarias. El colectivo que preside Julián Núñez se basa en dos informes, Propuesta de modificación de la normativa de contratación del sector público, firmada por Ernesto García-Trevijano Garnica, y Propuesta de normativa para el fomento de la inversión mediante modelos de colaboración público-privada, de José María Gimeno Feliú, que sugieren reformas y las debilidades del actual sistema de obra pública. Los expertos critican la falta de un sistema de reequilibrio de los contratos tras la reducción de la revisión de precios de los materiales por la Ley de Desindexación, y destacan las dificultades para incorporar criterios estratégicos de innovación y calidad en los contratos públicos. También destacan las dificultades para incorporar criterios estratégicos de innovación y calidad. En España, el precio suele ser superior en la mayoría de los casos como elemento decisorio de las adjudicaciones. Seopan ha planteado sus reivindicaciones en un momento de crisis abierta por el conflicto en Oriente Medio, comprometiendo de nuevo el equilibrio de la contratación pública, como ya ocurrió durante la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Entre las propuestas que han salido a la luz, está la de reducir el cobro a medios propios de la administración, como Ineco y Tragsa, sólo a situaciones verdaderamente excepcionales. También se ha pedido una reforma del sistema de clasificación de contratistas para adaptarlo a la realidad del mercado. Seopan reclama la implantación de modelos de contratación colaborativa, que incluyan mecanismos de reequilibrio económico-financiero en todas las fases de un proyecto. Las mayores constructoras del país se han mostrado muy recelosas, por ejemplo, ante un plan de obras como el de Aena para la ampliación de aeropuertos, con un presupuesto de 13. 000 millones. Los contratistas piden que se supriman las adjudicaciones por subasta o que se revisen los costes de ejecución de los proyectos para tenerlos en cuenta. Mayor agilidad en los procedimientos para la planificación de las acciones y la aprobación de los documentos es otra clave para las grandes empresas de construcción. Por último, Seopan aclara que es necesario actualizar los costes de ejecución durante las fases de preparación y adjudicación de los proyectos. A lo largo de la jornada celebrada en el Congreso han salido a la luz cifras que hablan del peso de la contratación pública en la economía, como la del 4. 8% en el PIB español y del 14% en la Unión Europea, según los datos que maneja la Comisión Europea. En la UE, una mejora del 1% en la eficacia de los procedimientos supondría un ahorro de 20. 000 millones de euros. Ernesto García- Trevijano Garnica, miembro del Consejo de Estado y socio de GTA Villamagna Abogados, ha sido el encargado de establecer medidas para agilizar y flexibilizar la contratación pública. Desde su punto de vista, España adolece de mecanismos ágiles de resolución de conflictos a través del arbitraje, ha incidido en la necesidad de recuperar la revisión obligatoria de precios, y también ha reclamado una mejora en los sistemas de pago y certificación. José María Gimeno Feliú, director del Observatorio de la Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, ha defendido la propuesta política de impulsar la inversión a través de modelos de colaboración público-privada. El experto reclama una regulación específica, independiente de la Ley de Contratos, que permita modernizar y flexibilizar la colaboración público-privada. Según Seopan, la normativa de desindexación ha paralizado la colaboración público-privada en España y ha dificultado el equilibrio de los contratos públicos. Sólo el 0, 15% de la licitación pública se utiliza para las concesiones, y casi el 20% de este tipo de concursos son abandonados, desisten o renuncian. El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha defendido durante su intervención la necesidad de avanzar hacia un modelo «más eficiente, flexible y acorde con las nuevas exigencias europeas». El representante del sector de la construcción ha insistido en que «en España tenemos una regulación de la contratación pública que es urgente modernizar y adaptar para realizar, a lo largo de la próxima década, las inversiones prioritarias que necesita nuestro país». Las prioridades se fijan en 40. 000 millones para los próximos 10 años: el desarrollo de infraestructuras se lleva 28. 000 millones y el mantenimiento y conservación requiere otros 12. 000 millones de euros. Tal magnitud, que se defiende en el grupo de constructores, sólo puede abordarse con acuerdos entre las administraciones y el sector privado de infraestructuras.
