Sumar quería aumentar la presión sobre los grupos parlamentarios que aún no han revelado su intención de voto respecto a los dos decretos de vivienda que se someterán al escrutinio de las Cortes este viernes. Con este fin, se ha dado a conocer el número estimado de hogares que se beneficiarían de la prórroga automática de dos años, gracias a la cual los inquilinos podrían disfrutar de contratos que vencen antes del 31 de diciembre hasta 2028, de acuerdo con el gran decreto que se publicó el miércoles en el BOE. Según los cálculos del estudio realizado a través del Panel de Hogares, que deben tomarse como una previsión y no como una cifra definitiva, hay alrededor de 1, 9 millones de contratos potenciales. Aplicando este volumen, según el cálculo del INE de una media de 2, 5 personas por hogar, se estima un rango cercano a los cinco millones de personas. Seguir leyendo
El informe de impacto presupuestario que acompaña al decreto cifra en unos 2. 000 millones el coste fiscal de las medidas
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Sumar ha querido aumentar la presión sobre los grupos parlamentarios que aún no han revelado su intención de voto respecto a los dos decretos de vivienda que se someterán al escrutinio de las Cortes este viernes. Con este fin, ha dado a conocer el número estimado de hogares que se beneficiarían de la prórroga automática de dos años a la que pueden acogerse los inquilinos con contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, una fórmula recogida en el gran decreto publicado el miércoles en el BOE. Existen alrededor de 1, 9 millones de contratos potenciales, según los cálculos de la encuesta realizada por el Panel de Hogares, cifra que debe considerarse una previsión y no un dato definitivo. Aplicando a esta cifra la media de 2, 5 personas por hogar utilizada por el INE, el miembro de la minoría del Gobierno habla de una cifra cercana a los cinco millones de personas. El paquete supondrá un coste fiscal para las arcas públicas de unos 2. 000 millones de euros, según el Informe Presupuestario que acompaña al texto del Real Decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La medida más onerosa para Hacienda es la ayuda fiscal a los inquilinos, que asciende a unos 835 millones, aunque otras fuentes del Gobierno elevan la cifra por encima de los 950 millones de euros. La memoria refleja el impacto económico del decreto en las arcas del Estado. Se esgrime la cifra de los cinco millones de beneficiarios como argumento ante los grupos parlamentarios, la mayoría de los cuales aún no han revelado cómo votarán el viernes. Sobre todo Junts, que se mostró «decepcionado y preocupado» por los textos, aunque sin revelar el sentido de su voto, y Podemos, que criticó duramente que el Gobierno haya aprobado dos decretos en lugar de condensar todas las medidas en un único paquete. A la negociación parlamentaria se suma la dimensión que, según sus propias previsiones, tendría una medida que permita mantener durante un máximo de dos años las condiciones del contrato actual, en un contexto de subida de precios y mayor movilización social en torno a la vivienda que se está viviendo en España. Las estimaciones del partido sitúan en 751 166 los contratos que vencerían en 2026 y podrían prorrogarse, a los que se sumarían otros 809 899 en 2027 y 334 611 en 2028, hasta alcanzar un total de 1, 9 millones. Se trata, en cualquier caso, de una estimación elaborada a partir de los datos disponibles, por lo que resulta difícil prever de forma concreta cuántos hogares acabarán beneficiándose de la medida si sale adelante. El impacto se concentraría especialmente en las comunidades con un mayor volumen de alquileres. Sumar estima que en Madrid habría unos 402 000 contratos potencialmente prorrogados a lo largo del periodo y en Cataluña, unos 339 000. La Comunidad Valenciana, con unos 224 000, y Andalucía, con unos 263 000 contratos. El análisis económico elaborado por el Ejecutivo prevé también dos partidas que tendrán un impacto negativo conjunto de 750 millones en el IRPF, al modificar la imposición de los rendimientos inmobiliarios y aumentar la deducción hasta el 80 % por la prórroga de los contratos de alquiler. El texto que acompaña al real decreto no detalla, sin embargo, el impacto económico de otras ayudas a los propietarios para reducir los alquileres. En cuanto a la recaudación, Hacienda prevé ingresar 170 millones al año por la aplicación de un IVA del 10 % a los alquileres temporales y 37 millones tras aumentar la tributación a los propietarios que superen los límites de contención previstos en el texto. La norma publicada el miércoles establece que la prórroga puede solicitarse en los contratos de vivienda ordinarios vigentes, los cuales deben vencer antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que se haya informado al inquilino del pago y este lo haya abonado durante los últimos ocho meses. Siempre que se respeten las condiciones del contrato, la prórroga podrá solicitarse por períodos anuales y hasta dos años adicionales. El propietario debe aceptarlo; salvo determinadas excepciones, como un acuerdo diferente entre las partes, la firma de un nuevo contrato o una necesidad real y acreditada del arrendador de ocupar la vivienda. Si tienes preguntas, sugerencias o simplemente quieres contarnos tu caso, puedes enviarnos un correo electrónico a home@elpais. es. . Los datos que facilite serán tratados por EDICIONES EL PAÍS, S. L. U. (C/ Miguel Yuste, 40, 28037-Madrid), con el fin de gestionar sus dudas y/o testimonios y elaborar contenidos informativos. Puedes ejercer tus derechos reconocidos en materia de protección de datos a través de la dirección dpo@prisa. com, acreditando tu identidad e indicando el derecho que deseas ejercer. Para más información, consulta la Política de Privacidad.
