La política económica del Gobierno de coalición ha sido muy criticada por los empresarios españoles. «Intervencionista», «contraria a la unidad de mercado», «propia de regímenes autoritarios», «asfixia normativa» o «trilera» son conceptos utilizados por la CEOE para definir diferentes propuestas del Ejecutivo en los últimos años. Estas críticas no se han repetido a la luz del instrumento para la regularización masiva de extranjeros pactado con Poder, aprobado por el último Consejo de Ministros, que prevé formalizar la situación de cerca de medio millón de personas que ya residen en España. La organización que preside Antonio Garamendi no ha emitido ningún comunicado para valorar la medida, que respalda con algunas reservas, frente al apoyo entusiasta de la mayoría de las patronales sectoriales consultadas por este periódico. La construcción, el campo, la dependencia, la hostelería o el transporte se frotan las manos ante los potenciales contratos que facilitará la regularización y que, consideran, ayudarán a su negocio. Seguir leyendo. apoyo de la Unión. UGT valora «positivamente» la propuesta de regularización de extranjeros. «Desde el punto de vista humano y de derechos, ninguna persona es ilegal», afirma el sindicato que lidera Pepe Álvarez en el comunicado que emitió al conocerse la decisión. «La regularización es un paso ante la gran bolsa de empleo irregular que existe en nuestro país, que es estructural, forma parte del sistema de acumulación de beneficios en algunos sectores y genera espacios de explotación laboral», añade UGT, que reclama dotar de recursos extraordinarios a los servicios públicos de extranjería. CC OO también reacciona con entusiasmo a la regularización. «En la derecha son perfectamente conscientes de que las personas sin papeles son vulnerables. Y no quieren ciudadanos, sino esclavos. Es más fácil explotar a un temporero cuando no te puede denunciar», decía recientemente el responsable de CC OO, Unai Sordo. Considera que algunos empresarios están de acuerdo con este tipo de regularizaciones porque «saben que pueden ser una herramienta para bajar los salarios». «Esto hay que evitarlo y se puede evitar. Debemos garantizar la aplicación de los convenios colectivos y esto se hace mejor si son legales y no irregulares». Es un reto de país que requiere políticas públicas intensas», añadió. El sindicato ha anunciado que habilitará sus centrales para ayudar a los inmigrantes que soliciten la regularización y que activará canales telemáticos de información.
Las patronales del campo, de la construcción, de la dependencia o del transporte aplauden con entusiasmo la medida. La CEOE expresa su tímido apoyo y se queja de que no pase por el Congreso
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La política económica del Gobierno de coalición ha sido muy criticada por los empresarios españoles. «Intervencionista», «contraria a la unidad de mercado», «propia de regímenes autoritarios», «asfixia normativa» o «trilera» son conceptos utilizados por la CEOE para definir diferentes propuestas del Ejecutivo en los últimos años. Estas críticas no se han repetido a la luz del instrumento para la regularización masiva de extranjeros pactado con Poder, aprobado por el último Consejo de Ministros, que prevé formalizar la situación de cerca de medio millón de personas que ya residen en España. La organización que preside Antonio Garamendi no ha emitido ningún comunicado para valorar la medida, que respalda con algunas reservas, frente al apoyo entusiasta de la mayoría de las patronales sectoriales consultadas por este periódico. La construcción, el campo, la dependencia, la hostelería o el transporte se frotan las manos ante los potenciales contratos que facilitará la regularización y que, consideran, ayudarán a su negocio. El argumento central de estas asociaciones empresariales para aplaudir la iniciativa es que contribuirá a paliar la falta de mano de obra que dicen sufrir. Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), denuncia que ha habido campañas agrícolas «en las que parte de la fruta se ha quedado sin recoger por falta de personal». Considera que es una medida «necesaria y muy positiva» para su sector. «No tiene sentido que necesites que la gente trabaje, quiera hacerlo y no pueda hacerlo por una cuestión administrativa», afirma Pere Roque, presidente en Cataluña de la patronal agraria Asaja. Esta lógica se aplica a otros sectores, como el transporte de viajeros. Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, asegura que dado «el boom turístico que vive España» ha habido ocasiones en las que ha tenido clientes dispuestos a viajar y vehículos disponibles, «pero no conductores para prestar el servicio». En la principal patronal del transporte de mercancías añaden el matiz de que los empleados nacionales están menos dispuestos que los extranjeros a ponerse al volante de un camión. «Vemos que los inmigrantes vienen con muchas ganas y necesidad de trabajar, de ganar dinero. En larga distancia es donde más problemas tenemos, ya que es el puesto más sacrificado y mejor pagado, y vemos que quieren hacerlo», afirma Miguel Pereira, asesor laboral de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). Frente al argumento sindical de que con mejores sueldos encontrarían más conductores, Pereira contrapone que, a su juicio, no es una cuestión de dinero, sino de actitud ante estos puestos de trabajo. «Es un problema estructural, muy relacionado con un cambio de mentalidad que no sólo afecta a España. Nuestros padres se sacrificaban más, cogían un camión y pasaban varios días fuera de casa si era necesario. Esto con los jóvenes de hoy es más complicado», dice este representante de la patronal. Insiste en que entre los extranjeros es más común hacer este tipo de sacrificios. «O tenemos inmigración o no sé quién nos va a cuidar. Es una gran oportunidad para el sector de los cuidados», afirma Rafael Sánchez-Ostiz, presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs). Afirma que su sector sufre un «claro déficit de personal» y que necesitarán unos 160. 000 nuevos empleados en los próximos años para hacer frente al envejecimiento de la población. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, también mira al futuro para argumentar su apoyo a la regularización. «Lo valoramos positivamente para el sector, pero también para los derechos humanos y para contribuir al Estado del bienestar a través de las cotizaciones a la Seguridad Social». Es una respuesta a una demanda que la construcción viene expresando desde hace años: para cumplir con la ambiciosa política de vivienda que se marca este país necesitamos jóvenes, mujeres y sobre todo inmigrantes», dice, antes de subrayar: «Muchos pueden venir de fuera, pero también los hay que ya están entre nosotros y debemos contar con ellos». La otra pata del sector, el inmobiliario, abunda en esa idea. «Mientras haya un control de que vienen a trabajar, es bueno para nosotros, porque también son personas que necesitarán una vivienda y serán negocio para el sector». Que la gente venga a aportar y generar riqueza es una muy buena noticia», afirma el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios Inmobiliarios, Miguel Ángel Gómez Huecas. Todos estos discursos parten de una premisa que no comparten todos los agentes económicos: que España sufre un problema estructural de falta de mano de obra. Es un discurso que la patronal lleva años repitiendo, pero que los sindicatos rechazan y que divide al Gobierno de coalición. Los representantes de los trabajadores sostienen que la escasez de mano de obra se limita a sectores muy concretos y que el problema es que los empresarios no ofrecen condiciones laborales atractivas. Y ponen datos sobre la mesa: España sigue siendo uno de los países con más paro de Europa (9. 9%) y su tasa de vacantes está al nivel de la UE (0. 9%). Los empresarios alegan que muchos de estos parados no aceptan ofertas de empleo en los sectores más necesitados de personal y que estos datos oficiales no reflejan la realidad de los sectores. ¿Qué opina Garamendi? La principal voz patronal de España, Antonio Garamendi, ha mostrado su apoyo a la regularización, pero con más peros de los que añaden las voces sectoriales. «Siempre hemos dicho que hay que incorporar gente por el problema de vacantes que tenemos en muchos sectores. Pasar a lo que había en B no está mal. Dar cabida a gente que lleva años trabajando en España no está mal», ha dicho el presidente de la CEOE este miércoles en un foro de El Español, antes de enumerar los problemas que ve en el planteamiento del Ejecutivo: «Echo de menos tener el Congreso. Dentro del diálogo social podríamos haber hablado de este tema para ver cómo lo orientamos al empleo». Con el telón de fondo de las elecciones a la CEOE que se celebrarán este año, fuentes empresariales que chocan frecuentemente con Garamendi creen que el bajo perfil de sus apoyos, sin comunicación oficial, se debe a una estrategia de oposición al Ejecutivo. Estas fuentes creen que ahora no quieren proyectar una imagen de entendimiento con el Gobierno que les pueda debilitar en esas elecciones. Es el mismo argumento que viene esgrimiendo Yolanda Díaz para explicar que la patronal lleva casi dos años sin firmar un convenio con su ministerio. En conversación con este diario, la presidenta de Cepyme (la principal patronal de pequeñas y medianas empresas) y también vicepresidenta de CEOE, Ángela de Miguel, lanza un mensaje similar al de Garamendi: «Esta regularización es una oportunidad para que estas personas se integren en la sociedad española y cubran el problema de vacantes que sufren las pymes, que lo tienen más difícil para competir que las grandes empresas». «Decisiones tan importantes deben ser siempre consensuadas. Es importante hablarlo en el Parlamento porque la normativa que sale con acuerdos es más estable». La gran patronal catalana, Foment del Treball, aparca estos matices y subraya que la regularización «es una medida necesaria para garantizar el funcionamiento del mercado laboral y la continuidad de la actividad productiva», afirma la directora de trabajo de Foment, Yésika Aguilar. Entre las pocas voces claramente discordantes está la de otra gran patronal autonómica, la madera CEIM. «Las empresas necesitan mano de obra para cubrir vacantes en determinados sectores, y en muchos casos la inmigración puede ser la respuesta, pero una regularización masiva sin criterios claros, como la que plantea el decreto, puede generar más problemas que soluciones, especialmente para las comunidades autónomas, con las que no se ha contado, que asumen el impacto sobre el empleo, los servicios públicos y los recursos», afirma el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido. Respecto a esta última idea, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) sostiene que la regularización «aumentará el número de ciudadanos con derecho a una asistencia sanitaria integral». Esta asociación empresarial ve la oportunidad de negocio que supone la medida: «Este escenario, con un sistema sanitario ya tenso, supone una mayor corresponsabilidad sanitaria de actores y recursos de forma coordinada y conjunta». Desde ASPE tendemos la mano a las administraciones públicas para aportar nuestros recursos si fuera necesario». Aprobación de títulos. Los extranjeros representan el 14% de los afiliados a la Seguridad Social, según los últimos datos distribuidos por el Gobierno. Hay sectores en los que, aunque su participación crece paulatinamente, apenas están presentes. Son los que tienen mejores salarios y jornadas más cortas, como la administración pública (1. 4%), la educación (4. 8%) o el suministro de energía (5%). Hay muchos más en los que rondan el salario mínimo y registran las jornadas pactadas más largas, como el empleo a domicilio (43%), el campo (39%) o la hostelería (29%). Una de las principales voces patronales en esta última actividad es la de Emilio Gallego. «Como sector afectado por la falta de profesionales vemos bien la regularización, es una oportunidad. Pero es una pena que tengamos que llegar a este punto, como otros gobiernos de otros colores antes», dice el secretario general de los Hoteles de España. Cree que en lugar de una regularización masiva como la que ahora se abre debería haber «vías de migración organizadas y dignas para ambas partes, con selección y formación en origen». «Es lamentable que esta pobre gente haya tenido que vivir en periplos para llegar hasta aquí y estar esperando tanto tiempo a que se regularicen. Lo ideal es cuantificar las necesidades sectoriales y que lleguen de forma ordenada», dice Gallego. Francisco Aranda, de la patronal de logística comercial y transporte UNO, critica que la regularización «no está vinculada a ofertas de empleo ni a itinerarios formativos». Incidió en un aspecto que también destacaron las otras patronales del transporte: los extranjeros regularizados no podrán entrar directamente en su sector, sino que tendrán que invertir en permisos y titulaciones para lo que piden la colaboración del Ejecutivo. «Ya hay políticas de bonificación, pero necesitamos más. Queremos más ayudas en ese sentido», indican desde CETM, la patronal del transporte de mercancías. La falta de empoderamiento también afecta a los empresarios de la unidad. «Se exige un certificado de profesionalidad para trabajar en las residencias. Se ha avanzado poco en ayudar a los extranjeros a conseguirlo», señala Sánchez-Ostiz, que también reclama mayor celeridad en la homologación de títulos superiores en los países de origen. Esta es una de las grandes reivindicaciones del colectivo inmigrante, un cuello de botella que mantiene a miles de extranjeros en sectores por debajo de su cualificación. «Si las personas que se van a regularizar no tienen la titulación requerida, no podrán dar clase», añade Luis Centeno, vicesecretario general de una de las principales patronales educativas, Escuelas Católicas. Más información. El representante de los CEAPs aconseja que la regularización puede provocar el despido de los cuidadores a domicilio. Es decir, las personas que ahora trabajan en B en el cuidado de mayores se van a otros sectores menos sacrificados: «Obviamente es una posibilidad». Este escenario también es previsible en el empleo de hogar, como apunta Ana Garrido, presidenta de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD): «Esta regularización dará la oportunidad a muchas familias de contratar a profesionales que no podían darse de alta». Esperamos que muchas regularizaciones se conviertan en contratos reales, pero al mismo tiempo habrá quien se vaya a otros sectores porque éste no es un sector tan atractivo en condiciones laborales». La patronal del campo cree que la mayoría de los trabajadores que se van a incorporar tras la regulación no ejercían en el sector, ya que «la contratación de personas sin documentación es muy residual porque la presión inspectora en el medio rural es muy alta», afirma Góngora, de COAG. «Las sanciones son muy elevadas. Puede haber alguna situación puntual, pero nadie se juega su patrimonio por ello». «Hay casos en los que la documentación que nos dan está manipulada y no podemos saberlo. En esos casos la responsabilidad no es nuestra, no somos la policía». Según los últimos datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 2024 hubo 1. 266 infracciones por empleo irregular de extranjeros en el campo. Era el cuarto sector más insatisfecho, sólo por detrás de la construcción (1. 340), los servicios (1. 467) y la hostelería (3. 538). Hay que tener en cuenta que la Inspección tiene poca capacidad para captar irregularidades en el empleo doméstico (sólo hubo 222 infracciones en 2024), dada la imposibilidad de acceder a los hogares. Al mismo tiempo, varios empresarios reclaman al Gobierno que vaya más allá en la política migratoria con un refuerzo del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Se trata de una lista de profesiones para las que las empresas pueden contratar en terceros países porque la autoridad laboral acredita la escasez de empleados. Hace más de dos años el Gobierno -dividido entre la visión de la Seguridad Social, que exige ampliarlo, y Trabajo, reticente y alineado con los sindicatos- se abrió a ampliarlo ligeramente, incluyendo algunas profesiones técnicas de la construcción. Los especialistas han subrayado que apenas ha funcionado, pero el ministerio de Elma Saiz sigue buscando fórmulas para reforzarlo e incluir nuevas ocupaciones. Apoyo sindical. UGT valora «positivamente» la propuesta de regularización de extranjeros. «Desde el punto de vista humano y de derechos, ninguna persona es ilegal», afirma el sindicato que lidera Pepe Álvarez en el comunicado que emitió cuando se conoció la decisión. «La regularización es un paso ante la gran bolsa de empleo irregular que existe en nuestro país, que es estructural, forma parte del sistema de acumulación de beneficios en algunos sectores y genera espacios de explotación laboral», añade UGT, que reclama dotar de recursos extraordinarios a los servicios públicos de extranjería. CC OO también reacciona con entusiasmo a la regularización. «En la derecha son perfectamente conscientes de que las personas sin papeles son vulnerables. Y no quieren ciudadanos, sino esclavos. Es más fácil explotar a un temporero cuando no te puede denunciar», decía recientemente el responsable de CC OO, Unai Sordo. Considera que algunos empresarios están de acuerdo con este tipo de regularizaciones porque «saben que pueden ser una herramienta para bajar los salarios». «Esto hay que evitarlo y se puede evitar. Debemos garantizar la aplicación de los convenios colectivos y esto se hace mejor si son legales y no irregulares». Es un reto de país que requiere políticas públicas intensas», añadió. El sindicato ha anunciado que habilitará sus centrales para ayudar a los inmigrantes que soliciten la regularización y que activará canales telemáticos de información.
